La ley de Amnistía, cuya controvertida aprobación en el Congreso cumple su primer aniversario, era ya en 2018 la principal exigencia del independentismo para facilitar la moción de censura contra Mariano Rajoy y aupar a PedroSánchez a la Moncloa. Aunque aún faltaban meses para que el Supremo dictara sentencia contra los líderes del procés, el nacionalismo catalán dejó claro al PSOE que la estación final, tras unos indultos que daban por seguros -al depender exclusivamente de la voluntad política del Gobierno- y después de un tiempo prudencial para preparar a la opinión pública -presentándola como un gesto de reconciliación-, debía ser sin discusión la Amnistía, por su valor simbólico y político.
A diferencia de los indultos, la Amnistía eximiría al independentismo de asumir culpa alguna por el 2017, borrando el delito de sedición y permitiendo la rehabilitación política de los líderes condenados, así como el eventual regreso de Carles Puigdemont y los consejeros prófugos.
Desde el primer momento, el indulto fue percibido por el independentismo como una cesión «ante España», al implicar la magnánima aceptación del perdón. En cambio, la Amnistía representaría la consagración simbólica de su victoria y la humillación del Estado de derecho español.
Un año después de su aprobación, los esperados efectos se han cumplido solo a medias: más de doscientos independentistas -entre cargos políticos, empresarios implicados en el 1-O y violentos- se han beneficiado ya de ella. Pero mientras Puigdemont siga «atrapado» en Bélgica junto a Toni Comín y Lluís Puig, a la espera de que el Tribunal Constitucional de Pumpido enmiende la plana al Gobierno y de cuál sea la posterior aplicación del Supremo, la sensación en Junts es que Sánchez no cumple lo pactado.
Uno de los momentos más tensos de la negociación fue el choque entre Santos Cerdán y Jordi Turull, cuando el fontanero jefe del PSOE admitió que «no controlaban» al Supremo y, por tanto, no podían garantizar el futuro judicial de Puigdemont. Explicación que Junts no se cree.
Hace solo unos días, un dirigente nacionalista lamentaba que Sánchez no dudara en lanzar las más virulentas campañas de acoso contra jueces y fiscales -también contra la UCO, como ahora sabemos- para tratar de salvar a su mujer y a su hermano, pero que no haya ejercido una presión similar sobre el poder judicial para hacer cumplir íntegra la ley de Amnistía: «Si lo hace por su mujer, lo puede hacer por Puigdemont».
Ese malestar en Junts intentó calmarlo esta primavera el propio Cerdán, asegurando al entorno del ex president que el TC aprobaría la Amnistía entre junio y julio, sí o sí. Un aval que, aunque no implicaría de inmediato el regreso de Puigdemont -pues resta la imputación por malversación-, sería de enorme valor para un líder acosado por varios frentes: la emergencia ultra de Aliança Catalana de Silvia Orriols, la consolidación de Salvador Illa en la Generalitat y la presión creciente de sectores económicos catalán que desean retirarlo de escena.
Para Junts, el aval del TC desarmaría de excusas a Sánchez para seguir negándose a reunirse con Puigdemont en Bruselas, como si de dos jefes de Estado se tratara, para certificar su «amnistía política» y su restitución como legítimo interlocutor nacionalista ante el Gobierno. La victoria simbólica del procés, ocho años después del abortado golpe.