- Tribunal Supremo Llarena concluye que Puigdemont pudo ser detenido y pide investigar a "responsables no aparentes" de que lograra huir
- Junts Josep Rull, presidente del Parlament: "Celebramos otra Diada con Puigdemont en un exilio infame y con un Tribunal Supremo en rebeldía que incumple la Ley de Amnistía"
La Fiscalía Superior de Cataluña pide archivar las querellas de Vox y la asociación Hazte Oír presentadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el Govern de Esquerra Republicana y el presidente del Parlament por la huida, el 8 de agosto, de Carles Puigdemont tras su anunciado regreso a Barcelona.
El Ministerio Público no ve indicios de que actuaran o impartieran órdenes para impedir la detención del líder de Junts per Catalunya.
La primera de las tres querellas, presentada por Hazte Oír, está dirigida contra el ex presidente de la Generalitat Pere Aragonès, el ex consejero de Interior Joan Ignasi Elena, el ex director general de los Mossos d'Esquadra Pere Ferrer y el ex comisario jefe del cuerpo policial Eduard Sallent.
La segunda, de Vox, se dirige contra Elena, Gonzalo Boye (abogado de Puigdemont), y "los responsables del operativo de los Mossos" para arrestar al ex president en las inmediaciones del Parlament el día de la sesión de investidura de Salvador Illa.
La tercera querella, también presentada por la asociación ultraconservadora, va dirigida contra el presidente de la Cámara catalana, Josep Rull (JxCat). La Fiscalía cree que resulta procedente acordar la inadmisión a trámite porque no se le puede imputar la omisión del deber de perseguir delitos.
En su escrito, el teniente fiscal Pedro Ariche considera que, "más allá de suposiciones y elucubraciones basadas en obviedades de sesgo ideológico", no hay "el más mínimo indicio" de que Aragonès, Elena, Ferrer y Sallent diesen instrucciones para "impedir u obstaculizar" la detención de Puigdemont.
Gonzalo Boye
Respecto a Boye, señala que el hecho de que acompañara al ex presidente catalán durante su fugaz retorno a Barcelona resulta "irrelevante" a los efectos de imputarle un delito de encubrimiento.
La Fiscalía argumenta que lo que determinó el fracaso final del dispositivo fue "la imprevisión de otros posibles escenarios y la planificación -un tanto rígida- por parte de los responsables policiales de la concreta ubicación en la que debería practicarse la detención en condiciones de seguridad para los intervinientes y mínima afectación al orden público".