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Entidades y colectivos independentistas presionan para una aplicación exprés de la amnistía, mientras ERC y Junts aplauden el olvido penal del procés y exigen a Pedro Sánchez abordar ya el referéndum como siguiente paso de su hoja de ruta. Ayer, en vísperas de su aprobación en el Congreso, Alerta Solidària anunció que pedirá que se aplique la Ley a 419 manifestantes y activistas, sin contar con los responsables políticos del 1-O, entre ellos Carles Puigdemont y los condenados por el Supremo e indultados por el Gobierno.
El recuento de la entidad, que ejerce la defensa de decenas de independentistas encausados, excluye a políticos y trabajadores públicos, y sí engloba a los 12 CDR procesados por terrorismo dentro de la Operación Judas pendientes de juicio y a 10 de los investigados también por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic. Es decir, no incluye a Puigdemont ni a Marta Rovira (ERC), que irán por la vía de los políticos y no de los «activistas», matizó la entidad. Tampoco a miembros de la administración o trabajadores bajo órdenes de gobiernos autonómicos o municipales.
Según sus cálculos, 1.168 personas han sido investigadas judicialmente por protestas y manifestaciones relacionadas con el proceso independentista y la sentencia del 1-O. A 597 se les archivó la causa y 152 que fueron absueltas (el 27%). El resto son los 419 para los que Alerta Solidària pedirá la amnistía: la causa está todavía en fase de instrucción en 143 casos, 127 esperan juicio, 12 aguardan sentencia y 137 están ya condenados.
Otro de los interrogantes que quedan por resolver -y estrechamente ligado con la amnistía- es el futuro político de Puigdemont y del resto de la cúpula política del procés. Mientras Junts negocia con ERC y la CUP la investidura en Cataluña, un chantaje político que necesita de la abstención del PSC, el partido recula y ya habla de que el ex presidente planea seguir al frente de la formación aunque no alcance el poder. Es decir, juega de nuevo con su futuro más inmediato -tras decir que se retiraría si no era investido- y mantiene la incógnita coincidiendo con la amnistía.
Sin embargo, el independentismo no se conformará con el olvido penal del 1-O y ya señala el referéndum como la «próxima parada» de su plan para reactivar el procés. Ni el descalabro en las elecciones del pasado 12 de mayo -Junts, ERCy la CUP perdieron por primera vez la mayoría absoluta en Cataluña- ni las cesiones arrancadas a Sánchez van a provocar que los partidos se amedrenten en su intención de exigir otro 1-O al Gobierno a cambio de seguir en La Moncloa. De hecho Junts y ERC ya han reclamado abrir «esta nueva etapa» y ayer, con el olvido penal del procés como primer botín, ya pidieron abordar cuanto antes la «autodeterminación».
Una exigencia que republicanos y neoconvergentes pretenden explotar para mantener vivo el relato. Toni Comín, candidato de Junts a las europeas y escudero político del ex presidente en Bélgica, avisó ayer mismo en un acto de campaña que «la fase de represión se acaba provisionalmente» con la aprobación de la amnistía y ahora Junts «se concentrará en el segundo objetivo, un referéndum de autodeterminación». Y para hacerlo, recuperó la fórmula que Puigdemont exigió plasmar en el acuerdo de investidura con el PSOE negociado en Bruselas: el artículo 92 de la Constitución como supuesta vía de amparo que Junts quiere usar para abordar la la celebración de «un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña». «No hay ninguna dificultad legal ni constitucional para que ejerzamos el derecho a la autodeterminación», lanzó Comín.
También ERC piensa ya em la «siguiente parada», el referéndum, según avisó el líder del partido en el Congreso, Gabriel Rufián. Todo a la espera de resolver el futuro político del partido y de Junqueras, aún inhabilitado y a la espera de cómo se resuelve la aplicación de la amnistía.