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La Plataforma Paisajes de Teruel ha denunciado reiteradamente la existencia de graves irregularidades en la tramitación ambiental del macroproyecto eólico del Maestrazgo, promovido por Forestalia, tras años de análisis técnico, seguimiento administrativo y acciones legales relacionadas con este clúster eólico, uno de los mayores proyectados en España. Por ello, tras la entrada de la UCO en la sede central del gigante de las renovables, se muestran "satisfechos" por un hecho que "hace sospechar que numerosas centrales renovables se autorizaron para favorecer el enriquecimiento de unos pocos, a costa de la destrucción del territorio y del patrimonio natural".
Según recuerda la Plataforma, el proyecto se dio a conocer entre finales de 2019 y principios de 2020 y contó con el aval del Gobierno de Aragón, representado entonces por el asesor del presidente Javier Lambán, Antonio Arrufat, así como con el respaldo de una asociación denominada Viento Alto, de la que no se tenía constancia previa en el territorio.
Las reuniones informativas sobre el proyecto, indican a través de una reuda de prensa, "fueron dirigidas por Carlos Ontañón, quien años antes, en su etapa como director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), había firmado declaraciones de impacto ambiental desfavorables a varias canteras de losas en la misma zona donde posteriormente, ya como asalariado de Forestalia, se pretendía instalar el parque eólico".
Durante la fase de información pública del estudio de impacto ambiental, tramitada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el Colegio Oficial de Biólogos de Aragón, los colegios deIngenieros y Geólogos, así como profesionales independientes del territorio afectado, presentaron alegaciones técnicas muy extensas y rigurosas que acreditaban la inviabilidad del proyecto en una de las zonas de mayor valor natural del Estado.
Sin embargo, en 2022 se publicó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, que, según Paisajes de Teruel, "dedicó apenas unas líneas a contestar unas alegaciones de alto nivel técnico". Además, la resolución presentaba "importantes carencias", como la ausencia de delimitación de superficies afectadas o la aceptación de datos del promotor "cuya falsedad había sido demostrada documentalmente".
Paisajes de Teruel también denunció irregularidades en su proceso de elaboración. Durante la evaluación ambiental se emitieron informes técnicos desfavorables tanto por la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de Aragón como por el INAGA, que no fueron incorporados al expediente remitido al MITECO. En su lugar, se trasladó un informe favorable elaborado por el entonces director del INAGA, Jesús Lobera, veterinario de profesión, cuya competencia técnica para emitir un informe de esta magnitud ha sido cuestionada por la Plataforma. Estos hechos fueron expuestos posteriormente en la Comisión de Investigación sobre el despliegue de renovables en Aragón, "y no suscitaron el más mínimo recelo entre la mayor parte de los partidos políticos que participaron. ¿Casualidad sabiendo lo que sabemos hoy?", expresan los defensores de los Paisajes.
"Desde el inicio observamos indicios claros de que la evaluación ambiental no se estaba realizando con criterios técnicos ni científicos", han afirmado desde Paisajes de Teruel, quienes han añadido que "la acumulación de irregularidades apuntaba a una decisión previamente tomada".
Para la Plataforma resultó especialmente significativa una conversación mantenida entre el entonces director general de Medio Natural del Gobierno de Aragón y un funcionario del MITECO, "en la que se puso de manifiesto la falta de respeto del clúster del Maestrazgo por los espacios protegidos de la Red Natura 2000, donde se ubican 85 aerogeneradores y más de 100 kilómetros de líneas eléctricas y caminos". Según ha señalado Paisajes de Teruel, fue el propio exdirector general quien trasladó posteriormente a la Plataforma la sospecha de irregularidades en la evaluación ambiental del proyecto.
"Nuestras denuncias se han basado siempre en la lectura detallada de los proyectos, en un conocimiento profundo de la legislación y en el análisis riguroso de los informes que los rodeaban, un trabajo que, según comprobamos, no fue realizado por las administraciones que debían evaluarlos", han lamentado.
La publicación, el pasado verano, de una DIA desfavorable al macroproyecto eólico de Green Capital en el Matarranya, con características y emplazamientos prácticamente idénticos al Clúster de Forestalia que sí obtuvo autorización ambiental, reforzó estas sospechas.
"Forestalia ha ido regando el territorio de dinero, a través de iniciativas como cátedras universitarias, publicidad en medios de comunicación, patrocinios deportivos o promesas como la luz gratuita. Siempre ha sido nuestra palabra contra su dinero", han señalado.
Según Paisajes de Teruel, la reciente aparición en medios de comunicación de informaciones relativas a la trama de corrupción vinculada a Santos Cerdán puso el foco en la SGEA y en su dirección, si bien la Plataforma considera que la figura clave en este proceso fue la del entonces subdirector general, Eugenio Domínguez, cuyo cese coincidió con el fin de las DIAs favorables "inexplicables" a proyectos de Forestalia.
"La decepción es enorme al constatar un caso de corrupción de esta magnitud, pero también la certeza de que el trabajo realizado por Paisajes de Teruel ha sido serio, honesto y verificable", han señalado desde la Plataforma. "Hemos expuesto nuestros avances de forma pública y documentada, pese al silencio de buena parte de los medios y a las descalificaciones personales recibidas".
La Plataforma ha recordado, asimismo, las declaraciones del director en España de Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Javier Prados, quien calificó de desinformación y anticientífica la labor de Paisajes de Teruel. Desde la Plataforma consideran que CIP ha sido uno de los principales perjudicados por las prácticas de Forestalia y sostienen que la única salida coherente sería demandar a esta empresa y abandonar Aragón si, en opinión de Paisajes de Teruel, "pretenden demostrar un compromiso real con la responsabilidad social corporativa".
Paisajes de Teruel ha reiterado finalmente su compromiso con la defensa del territorio, la legalidad ambiental y una transición energética justa, basada en criterios científicos, transparencia administrativa y participación social.
