La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha formalizado una demanda contra la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para que tome cartas en el asunto y ejerza sus competencias en el cierre de los pozos ilegales que esquilman el agua de los acuíferos de Doñana.
Según ha informado el Ministerio Público en una nota de prensa, la Fiscalía quiere que el Ministerio adopte las medidas efectivas contra los causantes de la extracción ilegal y masiva de aguas subterráneas, para el cierre de los pozos y la reparación de los daños. Un informe de la Unidad Central del Seprona de la Guardia Civil identificó esos pozos, tras realizar un trabajo de inspección en los años 2022 y 2023, y los cuantificó en 250, lo que sirvió a la Fiscalía para abrir unas diligencias previas (7/2023) e iniciar el procedimiento para reclamar al Ministerio una intervención efectiva que acabe con el expolio de unos recursos naturales que son vitales para la conservación del espacio natural. Los pozos detectados se encontraban principalmente en la provincia de Huelva (198), aunque también en Sevilla (51) y Cádiz (1).
Sin embargo, tras una primera demanda en el mismo sentido que la emitida ahora, el Ministerio para la Transición Ecológica respondió negando ser la competente última para la vigilancia y sanción de los infractores derivando esas responsabilidades a la Junta de Andalucía. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente consideró que no era el órgano competente para intervenir en los pozos ilegales, "por no tratarse de daños exclusivos del Dominio Público Hidráulico sino que involucran a ecosistemas interconectados y al medio ambiente en general y, en especial, a todo el espacio de Doñana cuya protección y gestión corresponde a la Junta de Andalucía".
Pero el fiscal de la Audiencia Nacional Manuel Campoy Miñarro insistió en su empeño e impugnó esa resolución de la Secretaría de Estado ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional.
La falta de medidas efectivas para evitar y reparar el daño medioambiental sobre las aguas del espacio natural de Doñana motivó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sancionara a España por incumplir el derecho de la UE, en una sentencia dictada el 24 de junio de 2021.
La actuación de la Fiscalía se inició antes de que el Ministerio para la Transición Ecológica y la Junta de Andalucía firmaran, en noviembre de 2023, un protocolo para revertir el daño que tanto los pozos ilegales como las extracciones legales de agua derivadas de los cultivos de frutos rojos están provocando en las masas de agua subterráneas, que están sobreexplotadas.
En respuesta a esta nueva demanda de la Fiscalía, el Ministerio para la Transición Ecológica ha defendido este viernes que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) actúa dentro de sus competencias cerrando pozos ilegales, pero advierte que "no tiene la facultad de cerrar o precintar fincas", y precisa que es algo que corresponde a otras administraciones.
"La CHG actúa dentro de su marco competencial cerrando pozos ilegales cuando corresponde, pero no tiene la facultad de cerrar o precintar fincas, ya que estas cuestiones recaen en otras administraciones", han declarado a EFE fuentes del Miteco en respuesta a la demanda de la Fiscalía.
El Ministerio recuerda también que existe ya un plan de actuación específico para el entorno de Doñana, con el objetivo de reducir la presión sobre los acuíferos y revertir la sobreexplotación de las masas de agua subterránea. La CHG sostiene que las medidas que se han aplicado han supuesto la reducción a menos de la mitad de la superficie de regadío irregular detectada inicialmente en la zona.