ANDALUCÍA
Tribunales

La juez achaca al ex colaborador del delegado del Gobierno en Andalucía y sus socios presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y corrupción entre particulares

La instructora deja en libertad provisional a los cinco detenidos pero embarga sus cuentas corrientes y el conjunto de sus bienes

Rafael Pineda (con mascarilla), a su salida de los juzgados junto a su abogado, Alberto Castejón.
Rafael Pineda (con mascarilla), a su salida de los juzgados junto a su abogado, Alberto Castejón.FRANCISCO J. OLMOEUROPA PRESS
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La juez que investiga un pelotazo urbanístico en el que estaría implicado un ex colaborador del delegado del Gobierno en Andalucía ha puesto en libertad provisional a los cinco detenidos relacionados con este asunto, aunque les ha embargado sus cuentas corrientes, bienes y sociedades de manera preventiva.

Según ha informado este miércoles la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la instructora, Pilar Ordóñez, aprecia en la actuación de los investigados posibles delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, uso de información privilegiada y corrupción entre particulares. Durante su comparecencia en sede judicial, los cinco detenidos se han acogido a su derecho constitucional a no declarar.

Como viene informando EL MUNDO, el que fuera jefe de gabinete en la Delegación del Gobierno en Andalucía, Rafael Pineda, fue detenido este martes junto a su mujer y otras cuatro personas por parte de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en una operación relacionada con la causa abierta por la compraventa de un solar que era propiedad de Emvisesa (Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla) y que fue adquirido por Higuerón Real Estate, una sociedad propiedad de la mujer de Pineda y de otros dos socios. Los investigados vendieron el suelo -una parcela de 10.000 metros cuadrados situada en la barriada de Pino Montano- en menos de cinco meses por el doble de lo que les costó, por lo que consiguieron un beneficio de unos 2,1 milllones de euros, de los cuales el matrimonio Pineda Pérez se habría quedado con 639.120,63 euros. Además, abonaron 78.650 euros a una empresa propiedad de Daniel Muñoz Lorencio, jefe de sección de Terciarios en Emvisesa, que es propiedad del Ayuntamiento.

Como medidas cautelares, de cara a asegurar las posibles responsabilidades civiles a las que tuvieran que hacer frente en un futuro, la jueza ha acordado la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de la prohibición de disponer de los bienes inmuebles y bienes muebles tanto de los cinco investigados como de las sociedades de las que son administradores, así como el bloqueo y embargo de los saldos de las cuentas bancarias tanto de las personas físicas investigadas como de las personas jurídicas.

A la salida de los juzgados, el abogado de Rafael Pineda, Alberto Castejón, se ha mostrado muy "sorprendido" de que la UCO practicara este martes las detenciones, teniendo en cuenta que ya estaban personados desde hacía más de seis meses en las diligencias, según unas declaraciones recogidas por la agencia Efe. "La UCO no ha aportado en el día de hoy absolutamente nada nuevo que no conociésemos hace ya más de cinco meses. Esa es la única sorpresa nuestra", ha afirmado el letrado.

Además de estos detenidos, la UCO investiga, entre otros, al actual alcalde de la localidad sevillana de Gines, Romualdo Garrido, quien aseguró a Efe que no tiene "absolutamente nada que ver" con este asunto y que toda su actuación se ha hecho desde "la más estricta legalidad".

Rafael Pineda fue concejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla y ostentó varios cargos municipales durante los gobiernos socialistas. Posteriormente, fue nombrado jefe de gabinete en el Delegación del Gobierno de Andalucía, puesto del que tuvo que dimitir en septiembre pasado tras conocerse la investigación sobre la operación urbanística bajo sospecha. La titular del juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla decidió abrir una pieza separada tras hallar referencias a la compraventa del solar en el transcurso de una investigación vinculada al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.