El juez ha dado carpetazo a la investigación contra tres gerentes (la actual y sus dos antecesores) del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que estaban siendo investigados por los contratos de emergencia de obras y servicios que adjudicó el Gobierno de Juanma Moreno durante la pandemia y en los meses posteriores a ésta.
El titular del Juzgado deInstrucción número 13 de Sevilla, José Antonio Gómez, ha resuelto que no aprecia delito en la utilización sistemática de la figura jurídica de la contratación de emergencia pese a que ésta se siguió utilizando por parte del SAS cuando ya había decaído el marco legal (decreto ley 8/2020) establecido durante la pandemia y que permitía saltarse los procedimientos ordinarios para hacer frente a la crisis sobrevenida.
La causa se abrió tras una denuncia interpuesta por el Partido Socialista, que cifraba en 242 millones de euros el valor de las contrataciones adjudicadas irregularmente, y a ella se sumó posteriormente Podemos. Durante la instrucción el juez tomó declaración en calidad de investigados a la actual gerente del SAS, Valle García, y a sus antecesores en el cargo, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán. Los tres declararon que actuaron siempre con la conformidad de los servicios técnicos del SAS y de la Consejería de Salud.
Concretamente el juzgado ha decretado el "sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones por no existir indicios de perpetración de delito", según el auto al que ha tenido acceso EL MUNDO y que está fechado el 23 de enero de 2026.
La denuncia del PSOE se basaba en dos informes elaborados por sendas interventoras del SAS alertando de que utilizar la contratación de emergencia como método recurrente para la adjudicación de obras y servicios carecía de base legal. Posteriormente, con fecha de 6 de octubre de 2020, el Consejo de Gobierno aprobó sustituir el modelo de fiscalización de los contratos, de forma que en lugar de la "fiscalización previa" se empezó a aplicar a los procedimientos el "control financiero permanente". A juicio del Gobierno andaluz se trataba de una fórmula igual de garantista, pero el PSOE consideró que se pretendía, de esta forma, eludir las objeciones que estaban planteando las interventoras.
Los tres gerentes defendieron ante el juez, sin embargo, que el mantenimiento de las contrataciones de emergencia sólo respondía a la necesidad de seguir atendiendo todas las urgencias asistenciales derivadas de la pandemia, ya que el sistema seguía sufriendo una enorme tensión. Además, recordaron que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no decretó el fin de la pandemia hasta el año 2023.
Entre otros argumentos, el juez considera que se dieron circunstancias que revelan que no se produjo "una actuación arbitraria o caprichosa, ni un injustificado ejercicio de abuso de poder", ya que se emitieron informes jurídicos que fundamentaron la necesidad de dichas contrataciones y la inviabilidad de alternativas de contratación". De hecho, apunta también que "la contratación se desarrolló con todas las empresas sanitarias hasta entonces contratantes con el Servicio Andaluz de Salud". No consta, además, empresa o asociación que haya cuestionado estos concursos, ni "tampoco perjuicio a la Administración, ni por exceso de gasto, ni por pérdida de fondos europeos".
El juez rebate, además, la tesis del querellante (el PSOE) de que la sustitución del mecanismo del "control previo" por otro de "control financiero permanente o posterior", supusiera una minoración de las garantías. Por contra, el magistrado considera que "posibilitó una mayor agilidad y eficacia en la gestión de los recursos públicos en semejante situación de emergencia".
En el caso de la obra de reforma del antiguo Hospital Militar de Sevilla (convertido en Hospital del Covid durante la pandemia) una de las que los querellantes pusieron bajo sospecha, el juez subraya cómo, aunque se hubiera podido contratar a la empresa directamente con el procedimiento de emergencia, "se citó a las nueve grandes empresas y se efectuó una especie de mini concurso, pese a no ser exigido por la normativa, es decir, pese a no ser necesario, porque ser quería tener seguridad dando oportunidad a las grandes empresas".
Además de la denuncia archivada existen otras dos causas abiertas (una en Cádiz y otra en Córdoba) por la Justicia sobre la actuación del Servicio Andaluz Salud, que ponen en cuestión el troceamiento de contratos.