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La Audiencia de Sevilla sigue con su hoja de ruta sobre la macrocausa de corrupción de los ERE y deja definitivamente atrás las maniobras del presidente de Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, para tratar de evitar que el caso se elevara a la justicia europea. En una providencia a la que ha tenido acceso este martes EL MUNDO, los cinco magistrados de la Sección Primera de la Audiencia que deben redactar las nuevas sentencias sobre los ex presidentes andaluces Chaves y Griñán convocan tres días para deliberar sobre la causa.
Los días fijados para la deliberación son los próximos días 24 y 29 de abril y 13 de mayo. La Audiencia debe decidir si, finalmente, plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) antes de redactar las nuevas sentencias sobre los ex presidentes andaluces Chaves y Griñán y el resto de ex altos cargos del Gobierno andaluz de la etapa del PSOE que fueron condenados, inicialmente, por la Audiencia y el Supremo. Sin embargo, el pasado verano, la mayoría progresista del TC decidió ampararlos parcialmente.
El pasado 19 de marzo, los magistrados de la Audiencia plantearon llevar las sentencias del TC sobre los ERE ante el TJUE porque podrían haberse "extralimitado" y haber "invadido" los "ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales". Además, la Audiencia ha considerado que el borrado del caso impulsado por el TC podría atentar contra el derecho de la UE y las "exigencias internacionales de lucha contra la corrupción".
El borrado consiste en que, inicialmente, tanto la Audiencia como el Supremo consideraron que el Gobierno andaluz había malversado los casi 680 millones de euros que repartió sin ningún tipo de control a empresas en supuestas crisis para que sus trabajadores se prejubilaran. Más tarde, el TC legalizó buena parte de esa suma millonaria porque estaba incluida en las leyes de presupuestos andaluces que cada año aprobaba el Parlamento andaluz.
Al plantear la Audiencia la posibilidad de elevar el 'caso ERE' a la justicia europea, Conde-Pumpido maniobró para tratar de impedirlo, pero finalmente desistió porque la Audiencia y cualquier juez de España están legitimados para elevar una cuestión prejudicial ante el TJUE, ya que el derecho de la UE tiene "primacía" sobre el de los países miembros. Los informes internos del TC también desaconsejaban la intervención del TC en las decisiones de la Audiencia.