¿Adónde fue el maná de los ERE?: Comisionistas, aprovechados, intrusos... y todos con vínculos con el PSOE-A

Algo menos de 200 kilómetros, 191 para ser exactos, separan el bar El Cruce del Hotel El Soto. En el primero, ubicado en la localidad sevillana de El Pedroso, en la Sierra Norte de la provincia, siguen poniendo desayunos a primera hora y cervezas al mediodía, pero en el segundo, situado en la pequeña pedanía de Llanos del Sotillo, en Andújar (Jaén) hace años que echaron el cierre y colgaron el cartel de 'se vende'. Nadie lo diría, pero los dos establecimientos están unidos por el mayor caso de corrupción de la historia de España, el de los ERE.

El Cruce y El Soto fueron dos de los escenarios en los que se escribió la historia -y algunos de sus capítulos más chuscos- del gigantesco fraude de las ayudas laborales repartidas de forma arbitraria y sin control durante una década por los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía. En sus barras y en sus mesas se negoció el destino de cientos de millones de euros. Eran como ventanillas oficiosas de la trama con epicentro en la Consejería de Empleo en la que solo hacía falta una cosa para conseguir una la ansiada paguita o esa subvención con la que tapar el agujero de un negocio ruinoso: contactos. Con el PSOE andaluz o con el ejecutivo autonómico, que en aquel entonces eran exactamente lo mismo. Si, encima, el solicitante tenía carné socialista...

El Tribunal Constitucional ha reescrito en las últimas semanas algunos de los capítulos más importantes del relato de los ERE, en especial el que se refiere al marco legal que diseñaron para dar las ayudas y que consistía, básicamente, en desactivar los controles. Los siete magistrados de la mayoría progresista han borrado, de un plumazo, la responsabilidad que en la cúpula de la Junta -con los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán a la cabeza- constataron, y sentenciaron, la Audiencia Provincial de Sevilla, primero, y el Tribunal Supremo, después. Pero ni una coma se ha cambiado de la historia de los 680 millones de euros que, en total, fueron expoliados.

El grueso de aquel fantástico botín fue a parar a empresas en crisis, a financiar expedientes de regulación de empleo mediante subvenciones que se otorgaron, en muchos casos, sin tramitar ni un solo papel, sin convocatoria de ningún tipo a la que pudieran optar, en igualdad, compañías en apuros de toda la comunidad. En ocasiones, un garabato en una hoja de papel o una servilleta bastaron para que la manguera del dinero público regara a una determinada empresa. El único requisito era tener acceso a los despachos del poder socialista.

En el bar El Cruce, en El Pedroso, tenía su segundo despacho Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo durante una década -de 1999 a 2009, siempre con Chaves de presidente- y allí recibía a amigos y conocidos para concederles la gracia de un trozo del pastel de los fondos públicos que manejaba a su antojo. Antes de ser alto cargo de la Junta, Guerrero había sido alcalde de El Pedroso, su pueblo, y este pequeño pueblo de la sierra sevillana era como su coto privado. Allí detectó la juez Mercedes Alaya "una concentración inusitada de ayudas" y uno de los mayores beneficiarios fue, no por casualidad, un compañero del partido, el ex alcalde del pueblo vecino de Cazalla de la Sierra.

Se llama Ángel Rodríguez de la Borbolla y su linaje político es incuestionable. Hermano del que fuera presidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla, su conglomerado de empresas recibió 8,4 millones de euros del llamado "fondo de reptiles" (Guerrero dixit), la partida presupuestaria de la que salían las ayudas ilegales. Una de ellas, por poner un ejemplo, Corchos y Tapones de Andalucía SA, logró un aval de la Junta para su refinanciación en 2009 y apenas un mes más tarde presentó un expediente de regulación de empleo que afectó a dos tercios de su plantilla.

Mayor fue el botín que se llevaron otro ex alcalde de El Pedroso, Rafael Rosendo, y su hijo, José Enrique -ambos fallecidos-, así como el ex concejal socialista José María Sayago: 32 millones de euros.

A Guerrero también le conocían en el Hotel El Soto, aunque el más que lo frecuentaba era su chófer, Juan Francisco Trujillo, que sigue teniendo su residencia en Llanos del Sotillo, en una vivienda que compró, precisamente, con las subvenciones que su jefe le desvió y que, según confesión del propio Trujillo, ambos se repartieron. La investigación determinó que recibió 1,5 millones de euros y él contó que una parte se la gastaron, él y su jefe, en copas en locales de ocio y en cocaína. Además, Trujillo se compró propiedades y regaló a Guerrero relojes, teléfonos móviles, antigüedades...

Pero el maná de los ERE fue a parar, asimismo, a aprovechados que se colaron en los expedientes de regulación de empleo de las empresas a las que supuestamente se iba a ayudar y en las que nunca habían trabajado. Por cierto que el churrero de El Pedroso, Andrés Carrasco, fue uno de ellos, incluido en el listado de prejubilados de la empresa Acyco sin haber formado parte jamás de su plantilla.

Cerca de 200 intrusos fueron detectados en los expedientes que analizó la propia Junta de Andalucía forzada por el estallido del escándalo en 2011, según declaró en el juicio principal celebrado en 2018 uno de los funcionarios que formó parte de aquella comisión de investigación reservada, Rafael Ángel Silva.

Sobresale, entre los intrusos, el nombre de Juan Lanzas porque su papel en los ERE fue mucho más allá del de beneficiarse de una póliza de prejubilación a la que no tenía derecho. Su nombre apareció entre los diez intrusos del ERE de la malagueña Hitemasa, pero Lanzas, sobre todo, fue el gran conseguidor de los ERE, el comercial que olfateaba empresas en crisis y que se presentaba en sus despachos ofreciendo sus contactos para conseguir una ayuda salvadora.

A cambio él se llevaba una comisión y el negocio le fue tan bien que su madre alardeaba en el pueblo, Albanchez de Mágina, en Jaén, de que su hijo tenía "suficiente dinero para asar una vaca". Intermedió en medio centenar de expedientes de otras tantas ayudas y la Fiscalía le definió como "el que movía fichas y personas".

No fue, con todo, el único que se llevó comisiones en el turbio negocio que rodeaba a los ERE. Hubo más comisionistas e intermediarios y dos empresas aseguradoras, Uniter y Vitalia, coparon el negocio, redondo, que se movía en el entorno de los ERE, sin haber pasado por ningún proceso de adjudicación o concurso. Y, encima, con tarifas muy por encima de las de mercado. Fueron las sobrecomisiones, que se llevaron un buen pico del botín total, 66 millones de euros.

El juez José Ignacio Vilaplana, que participó en la instrucción de la macrocausa, señaló en sus resoluciones que se trataba de una "arbitraria, excesiva y fraudulenta" forma de establecer las cuantías de aquellas comisiones.