En septiembre de 2024 miles de opositores aguardaban a las puertas de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid para realizar el examen de la oposición que llevaban meses preparando, la de informador de RTVE. Sin embargo, aquellas puertas nunca se llegaron a abrir para que entrasen los opositores. Aquella mañana la oposición a informador de la Televisión Pública quedó suspendida tras descubrirse una numerosa filtración del examen. El escándalo estaba servido: alguien de dentro de RTVE había filtrado las preguntas del examen a decenas de 'amigos'; alguien de dentro de RTVE lo había parado antes de que comenzase el examen. Más de un año y medio después la investigación ya ha sido cerrada a la espera del auto de procesamiento que llegará en los próximos días.
Según ha podido saber EL MUNDO, la investigación judicial, a cargo del juzgado número 48 de Madrid, se ha cerrado con dos únicos de la filtración, dos liberados sindicales de UGT: el secretario de organización de UGT-RTVE en Madrid, César Moreno, y el liberado sindical del mismo sindicato, Julián Pérez Olmos. Ambos, miembros del sindicato más mayoritario de RTVE y el único, junto a SI, que no certificó por escrito que ninguno de sus miembros del tribunal filtró las preguntas de las oposiciones.
Según la investigación judicial, Moreno, que en su momento se negó a declarar, cometió un presunto delito de revelación de secretos, tras enviar la noche anterior a la prueba el documento con las preguntas a una candidata. Por otro, la investigación determina que Pérez Olmos, miembro del tribunal encargado de preparar la prueba, fue el autor del documento filtrado, llamado Lobo, según los metadatos del archivo.
Aunque las acusaciones particulares de CCOO, USO y CGT apuntaban a que las responsabilidades podrían alcanzar a otros miembros de UGT, la investigación judicial se ha cerrado con Pérez Olmos y Moreno como únicos responsables. De momento, a la espera del auto de procesamiento, se desconoce la sanción a la que tendrán que enfrentarse ambos, teniendo en cuenta que en el caso están personados CCOO, USO, CGT, la propia RTVE y la Fiscalía.
El escándalo de la filtración, que hizo tambalearse las oposiciones de RTVE, comenzó cuatro días antes de que se tuviera que celebrar el examen. Tal y como contó EL MUNDO, el jueves previo al domingo, día en el que se tenía que realizar la prueba, se reunió el tribunal encargado de preparar las preguntas de la prueba para Información y Contenidos de las oposiciones de RTVE. Diez vocales y una secretaria: cinco de ellos elegidos por la dirección de la Corporación, dos por UGT, uno por CCOO, uno por USO y uno por SI, los sindicatos que conforman el Comité Intercentros de la Televisión Pública.
El tribunal, que dimitió en bloque a las pocas horas de desvelarse el escándalo, estaba formado por los siguientes trabajadores y directivos de la Corporación: José Ángel Carpio García (vocal), Esteve Crespo Haro (vocal y director de RTVE de Cataluña), Margarita Enríquez Campesino (vocal), María Consuelo Fernández Leal (vocal), Manuel Midón Miguez (vocal), Cristina Ónega Salcedo (Directora del Canal 24 horas y vocal), Miguel Ángel Orts Torres (vocal), Julián Pérez Olmos (Vocal), Marta Ribas Barquet (vocal), Guiomar Zaballos Torralvo (vocal) y Raquel de la Ossa de la Plaza, como secretaria.
Cada uno presentó ese jueves entre 25 y 35 preguntas que horas después se cargaron en una máquina que eligió de forma aleatoria las cien mejores para dicha prueba. La norma establecía que una vez la máquina hubiera seleccionado las preguntas, sólo el secretario o secretaria del tribunal tenía acceso a ellas, ya que es quien se las hacía llegar a la empresa adjudicataria encargada de su impresión -en esta ocasión la misma que se encarga de las oposiciones del MIR- para que imprimiera los más de 5.000 cuadernillos a los que deberían haberse enfrentado los opositores.
Sin embargo, algunos miembros del tribunal tuvieron acceso a las preguntas de sus compañeros y, por supuesto, a las suyas propias. Según la investigación, Pérez Olmos tuvo acceso a esas preguntas de las que tomó capturas y notas que pasó presentamente a Moreno, el cual se lo hizo llegar a una tercera persona. Fue esta tercera persona la que lo puso en conocimiento de la miembro del tribunal que dio la voz de alarma. Dos días antes de la prueba, los cuadernillos ya estaban impresos, listos para ser enviados a las facultades de la Universidad Complutense de Madrid donde se iba a hacer la prueba, pero antes se les tomaron imágenes, las que después se enviarían.
La noche anterior a la prueba, a las 22.37 horas, según consta en la denuncia interpuesta por el entonces director de la Asesoría Jurídica de RTVE alguien "de dentro del tribunal", ahora, tras la investigación judicial, Pérez Olmos, envía el primer correo con las preguntas del examen. A partir de ahí, otra persona del tribunal, una mujer, según la denuncia, se entera de la filtración que ya es incontrolable: WhatsApp, correos... Una buena parte de los que se iban a presentar a la prueba contaba ya con muchas de las preguntas.
Entre las 23.06 y las 23.17 de aquella noche la miembro del tribunal informó a los cuatro miembros que, junto con ella, son los nombrados por la dirección del ente. Decidieron ponerlo en conocimiento de la dirección de RTVE, que buscó durante la noche una solución, pues la prueba «no estaba limpia». Quedaban muy pocas horas para que diera comienzo el examen y no había suficientes preguntas alternativas para sustituir las filtradas. A la dirección de RTVE no le quedaba otra opción que suspender la convocatoria. Ahora, un año después, el escándalo se cierra con los dos investigados que fueron señalados desde el principio.