El PP vasco ha reactivado la sombra de la trama de Santos Cerdán con Acciona en Navarra para colocarlos sobre el PSE-EE. Un ejercicio de confrontación política que endurece el perfil del partido presidido por Javier de Andrés aunque el encargado de arremeter contra los socialistas vascos haya sido el parlamentario Santiago López, ahora 'número dos' del PP de Bizkaia. López ha desempolvado los cinco contratos de la empresa pública Eusko Trenbide Sarea (ETS) con una UTE conformada por Acciona y por Uría y Altuna por 190 millones de euros para insinuar un 'modus operandi' que se asemejaría al utilizado en Navarra entre Acciona y Servinabar, la mercantil creada por Cerdán y Antxon Alonso para cobrar comisiones en adjudicaciones irregulares. "Son la familia Corleone", ha soltado López a los dirigentes socialistas representados en el debate por la consejera de Movilidad Susana García Chueca.
El PP vasco endurece su discurso cuando en Extremadura arranca un largo y difuso ciclo electoral que se extenderá a lo largo de 2026 con Andalucía y Castilla y León como escenarios. Una estrategia de oposición al 'bloque' configurado por PSOE-PNV-Bildu a los que vincula tanto por los pactos cruzados de apoyo parlamentario y de gobernabilidad en Madrid, Euskadi y Navarra como por su corresponsabilidad orgánica -de los socialistas- y política -de los dos partidos nacionalistas- en las tramas de corrupción lideradas por Santos Cerdán y José Luis Ábalos.
La utilización de las cinco adjudicaciones de ETS a Acciona y la puesta en escena del parlamentario López frente a la consejera socialista de Movilidad Susana García Chueca se enmarcan en esta estrategia. La documentación utilizada por el representante del PP fue facilitada por el Gobierno vasco el pasado mes de julio después de que el lehendakari Imanol Pradales encargara un rastreo de las adjudicaciones realizadas durante los últimos diez años a las empresas vinculadas a la trama de Cerdán y Alonso Egurrola, especialmente Servinabar. Cuatro meses después, el PP vasco constata que Acciona logró al menos dos de los cinco contratos adjudicados por ETS a partir de las "valoraciones subjetivas" cuando sus ofertas habían quedado relegadas en los criterios "objetivos" en obras de la pasante del metro de Donostialdea o de la Línea 5 de Metro Bilbao. En este último, además, se llegó a autorizar un 'modificado' de más de 7 millones de euros para complementar la primera adjudicación de 88 millones ganada por Acciona y Altuna y Uría.
Pese a que ninguno de estos contratos ha sido objeto de investigación policial o judicial, López ha vinculado el 'modus operandi' que ha detectado en estas adjudicaciones al cobro de las comisiones que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye a Santos Cerdán. "Esto huele al 2%", ha afirmado. "¿Qué le debe su departamento a Acciona?", le ha preguntado a la consejera de Movilidad García Chueca. Pero el cénit de la acometida del parlamentario 'popular' contra los socialistas vascos ha incluido una referencia a los 4 contratos aprobados por el consejero Iñaki Arriola con Acciona. "Todo queda en familia, son la familia Corleone", ha afirmado mientras la representante socialista en la mesa del Parlamento Susana Corcuera realizaba gestos y reproches de desaprobación.
El PP vasco, además, establece un paralelismo entre la trama Cerdán y las adjudicaciones a Acciona en Navarra por la presencia de Altuna y Uría como socio en las adjudicaciones que cuestiona. La presencia de Martín Ascasibar redondea la sospecha. Ascasibar fue director de Desarrollo Tecnológico e Innovación y 'cerebro' para instalar una planta de purines en la comarca de Karrantza. El ex cargo del Gobierno de Ibarretxe fue declarado responsable -junto a otros cinco inculpados- de haber provocado la pérdida de 11 millones de euros de subvenciones públicas. Pese a su implicación en este proceso judicial, Ascasibar fue fichado por la constructora Altuna y Uría y ejerció como representante en la comisión gestora del desarrollo urbanístico de Zorrozaurre (Bilbao).
"Es una irresponsabilidad hacer acusaciones sin pruebas", ha contestado la consejera García Chueca que ha defendido que "todas las adjudicaciones" de ETS han cumplido con los criterios de legalidad. "Su deriva parlamentaria es preocupante", le ha echado en cara al parlamentario del PP vasco tras insistir que ninguna de las adjudicaciones a Acciona en Euskadi ha sido objeto de investigación policial.