El PNV acusa ahora al Gobierno de Pedro Sánchez de "obstaculizar" la compra de Talgo por el consorcio vasco liderado por el empresario José Antonio Jainaga después de cinco meses afirmando públicamente que existía una estrecha colaboración institucional para cerrar esta compra. El partido de Aitor Esteban llega a advertir de la posibilidad de que la adquisición se frustre. "Si la operación fracasa, será el Gobierno español quien tenga que explicar a la ciudadanía vasca las razones de este fracaso. Aún se puede desencallar la situación, pero no hay tiempo que perder", ha advertido hoy la portavoz en el Congreso Maribel Vaquero.
La operación para que el denominado consorcio vasco constituido por Sidenor, el Gobierno vasco y las fundaciones bancarias BBK y Vital compre Talgo está en peligro. De hecho, el PNV no descarte que "fracase" a pesar de lo afirmado por representantes institucionales nacionalistas encabezados por el lehendakari Imanol Pradales. El consorcio cerró a principios de febrero un preacuerdo para adquirir el 29,7% del capital social de la empresa ferroviaria por un total de 180 millones de euros pero desde su anuncio a bombo y platillo se ha ido posponiendo la firma definitiva del pacto. El objetivo del Gobierno vasco -conformado por PNV y por el PSOE- es que Jainaga asuma el liderazgo industrial para abordar un desarrollo con el que afrontar la importante cartera de pedidos de Talgo cuantificada en 4.000 millones de euros. Con Jainaga al mando, las instituciones vascas reclaman que la sede social y fiscal de la empresa ferroviaria se traslade a Euskadi y que el nuevo centro de innovación y desarrollo también se ubique en Álava.
El PNV ha señalado directamente a la SEPI como la presunta responsable de que la compra no se haya ejecutado. Según su versión, la SEPI asumió participar en la operación al facilitar un préstamo convertible de cerca de 150 millones para que pudiera hacer frente a sus necesidades financieras. Después, según el PNV, propuso que la operación se dividiera en dos, de forma que el Gobierno central se haría cargo de 75 millones y el consorcio vasco, en el que participa el Gobierno vasco junto a otras entidades privadas, de los 75 restantes.
Cambios de criterio que han ralentizado la solución definitiva a esta compra en la que, según el Gobierno vasco, llegaron a estar comprometidos hasta tres ministerios del gabinete de Pedro Sánchez. "La SEPI ha decidido finalmente dar marcha atrás a su propuesta inicial y exige al consorcio vasco que modifique la fórmula de acceso a Talgo una vez más", señala el PNV que ahora exige con vehemencia que "los acuerdos son para cumplirlos".