El decálogo que el PP ha puesto sobre la mesa para sus acuerdos con Vox representa un salto adelante en la política española. Durante meses, los populares han oscilado entre la necesidad aritmética y el temor al coste reputacional de asumirla. Pero salvo que se sostenga que la derecha social no tiene derecho a gobernar cuando así lo deciden las urnas, la realidad es tozuda: en comunidades como Aragón o Extremadura la mayoría pasa por un entendimiento entre ambas fuerzas. Reconocerlo sin ambages es un acierto, porque rompe el marco en el que Vox pretendía encerrar al PP y devuelve la iniciativa a quien aspira a liderar.
No se trata sólo de desbloquear presupuestos autonómicos. Por los términos empleados y por el hecho mismo de que Feijóo y Abascal mantuvieran el domingo una larga conversación sobre ello, el mensaje trasciende el ámbito regional. Es la antesala de la campaña nacional y del espacio en el que el centroderecha deberá competir por el poder. Estamos ante un cambio estratégico profundo: el PP asume que el centro de gravedad social se ha desplazado hacia la derecha en cuestiones como inmigración, fiscalidad, vivienda o políticas climáticas. Ignorarlo sería suicida -incluso la izquierda está avanzando en esa dirección-. Gestionarlo con responsabilidad resulta imprescindible.
Las propuestas del PP conectan con inquietudes reales de amplias capas sociales y con un clima europeo en transformación. Que Feijóo dialogue con actores internacionales relevantes, como el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, refuerza la idea de que el PP quiere situarse en ese tablero con ambición de gobierno.
Ahora bien, asumir ese desplazamiento no significa diluir los principios. Los límites deben ser inequívocos: un europeísmo irrenunciable, el Estado de derecho, la institucionalidad, el respeto al pluralismo. Son los principios que este periódico ha defendido siempre. Gobernar exige combinar realismo y valores.
Sin duda, gobernar junto a un partido populista que tiende a las posiciones maximalistas e incluso antisistema comporta riesgos. Sin embargo, la política no se hace en laboratorios ideales, sino en el marco que fijan los ciudadanos. Y los ciudadanos han otorgado a Vox una representación que implica responsabilidad. Por eso la pelota está ahora en su tejado. El marco del PP obliga a Vox a definirse: o facilita gobiernos estables con presupuestos y gestión, o confirma que su prioridad es el desgaste táctico. Abascal ha rechazado el documento por considerarlo una «ofensa». No lo es recordar que cualquier acuerdo debe respetar la legalidad y las competencias.
Ninguna diferencia puede situarse por encima del interés general. España necesita estabilidad, reformas y una alternativa sólida frente a un Gobierno erosionado por la descomposición institucional. El centroderecha tiene la oportunidad -y la obligación- de ofrecerla. Y en manos de Vox está decidir si quiere impedirla o ser parte de ella.