La comisión de Vivienda de la Eurocámara vota hoy un informe que aborda la ocupación ilegal no como fenómeno marginal o construcción interesada de la extrema derecha, sino como problema real que afecta a toda Europa. Lo hace, además, con un significativo consenso entre populares, socialistas y liberales que da la medida de su magnitud y facilitará su aprobación. Sus conclusiones inciden en la necesidad de proteger el derecho fundamental a la propiedad y garantizar seguridad jurídica a los caseros mediante mecanismos rápidos y eficaces de recuperación de la vivienda. Especialmente en el caso de los pequeños arrendadores -pensionistas, familias trabajadoras...- que dependen del alquiler como complemento vital de sus ingresos.
Justo el perfil que en muchos países, y de forma muy acusada en España, ha quedado desprotegido. Pedro Sánchez acordó la semana pasada proteger a los pequeños arrendadores solo por presiones del PNV, mientras que su socio, Sumar, niega directamente la existencia del problema, deslegitimándolo como una exageración interesada para criminalizar la pobreza.
La realidad, sin embargo, se ha terminado imponiendo: miles de propietarios atrapados en procesos judiciales estériles y un Estado que, en la práctica, traslada su impotencia a los particulares obligándolos a ejercer de escudo social forzoso. Un limbo legal que suspende desahucios sin resolver la vulnerabilidad y paraliza órdenes judiciales sin alternativa. El resultado es conocido: procesos que se eternizan, propietarios arruinados o empobrecidos, viviendas fuera del mercado y un incentivo perverso para okupar.
El informe europeo acierta al vincular la ocupación ilegal con la escasez de vivienda. Falta oferta y sobran trabas, desde normativas complejas a permisos lentos, fiscalidad disuasoria y un parque insuficiente. Nada de esto se soluciona cargando al propietario privado la responsabilidad de los poderes públicos, ni con un intervencionismo que ahuyenta inversión y reduce aún más la oferta.
Reconocer que la okupación existe no equivale a estigmatizar a la población vulnerable, sino a admitir que un Estado de derecho no funciona si la ley no protege a quien la cumple.