(Irán) El Gobierno español vuelve a invocar el Derecho Internacional cuando se cumplen dos meses del inicio de las protestas contra el régimen iraní que acabaron con unas 30.000 personas asesinadas. Aunque tarde, hay que agradecer su gesto al poncio presidente del Gobierno.
(Pepeles) El Gobierno de la desdichada nación española hizo públicos este miércoles unos papeles relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero. En pocas horas los especialistas y los no especialistas dieron su veredicto: los papeles son irrelevantes. No revelan nada nuevo sobre los hechos, ni tienen autoridad ninguna para confirmar, desmentir o poner en duda nada. Un ejemplo más del carácter performativo de la vida pública: actos justificados por el puro hecho de darse, que ni instruyen ni resuelven. Con autoridad ninguna me refiero, por contraste, a los jueces sometidos al imperioso principio de contradicción; o los investigadores que en estos 45 años han ido escribiendo el relato de aquel instante tragicómico de la vida española. Remarco lo de cómico para poner en valor el único documento que me ha llamado ligeramente la atención: los comentarios de la mujer del teniente coronel Tejero a una amiga, en los que habla con esa piedad tan propia de las esposas sobre su pobre marido, llamándole «desgraciao» que han dejado «tirao como una colilla». Como las casualidades existen hasta el punto que son toda la causalidad, el anciano teniente coronel murió pocos minutos después de que España conociera estas declaraciones en exclusiva. Vuelvo a lo cómico para darle su lugar. El tiempo ha limado el carácter chusco que distinguió en la primera hora el golpe de Estado: ha ido ganando gravedad. Pero lo cierto es que, sin restarle su apoplejía y su peligro, el propio teniente coronel pasó entonces por ser un pavo de copla: «Entró un civil con bigote. / ¡Ozu, qué miedo, chavó!». Los memes que hoy se difunden a base de gifs, deepfakes, remixes y demás artefactos cómicos circulaban entonces sin dejar más huella que la del boca a boca; pero cualquiera que lo viviera sabe hasta qué punto llegó la juerga y cómo el ¡Quieto todo el mundo! operó como audio viral avant la lettre.
La inanidad de los papeles ha hecho que la pregunta ya no sea por qué el presidente Sánchez decidió hacerlos públicos, sino por qué los anteriores gobiernos decidieron ocultarlos. Pero los periódicos no han tenido interés en responderla. Que la realidad no te joda un buen titular. Despuntó el Abc: «El Rey paró el golpe». Era el titular adecuado del 24 de febrero de 1981. Que lo repitieran 45 años después indica hasta qué punto ese periódico, y el resto de periódicos, había asumido la tesis de la conspiración. El germen de esa tesis anidó, lógicamente, en la defensa de los militares implicados y fue difundida con ahínco por los grupúsculos de extrema derecha. Durante bastante tiempo solo concitó el desprecio general de la opinión pública y el de los investigadores rigurosos. Pero todo cambió cuando la izquierda, de manera franca o insidiosa, según carácter, la hizo suya. La deslegitimación de la transición política que empieza con la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y se hace sintagma dañino con la podemia —«el régimen del 78»— incluyó una supuesta complicidad previa del Rey con los golpistas. La hipótesis fue cuajando a medida que se recrudecían los intentos de erosión de la Monarquía e iban conociéndose los comportamientos inmorales del rey Juan Carlos. Es en este caldo sucio cuando empiezan a prosperar ridículos relatos, de los que será ejemplo la ficción subnormal de Jordi Évole, aquella Operación Palace en la que se contaba, con el asentimiento y participación de varios de sus protagonistas, que el golpe del 23 de febrero había sido pactado de arriba abajo. Al final, Évole le sacaba la lengua al espectador y le llamaba ¡Inocente, inocente!, con ínfulas profilácticas, además. Ignorando lo que se sabe desde Frankenstein: y es que ninguna criatura fantástica obedece a su creador una vez suelta, y reforzando así la cultura conspiranoica en torno al suceso.
Más allá de los hechos, la sospecha sobre el Rey tenía sentido político. El Rey paró el golpe porque era capitán general de los ejércitos. Es decir, porque pudo y quiso. Y en ese poder confluían, para los que tenían que obedecerle, dos legitimidades. La más antigua, la de Franco. Tanto en 1969, cuando lo nombró su sucesor, «a título de Rey», como en su mensaje póstumo del 20 de noviembre de 1975, Franco pide obediencia al Rey. Pero, además, había el mandato constitucional. El artículo 62(h): «Corresponde al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas», al que no en vano la podemia se refiere como ejemplo de lo que debe cambiarse en la Constitución. La mayoría de los altos mandos militares obedecieron al Rey, no a la democracia. Uno de los más leales, el general Quintana Lacaci, llegó a decir que si el Rey le hubiese mandado ocupar el Congreso lo habría hecho. La neutralización del golpe fue posible gracias al mismo impulso superestructural que organizó la Transición y demostró la eficacia de una salida de la dictadura basada en la Monarquía, por encima de los partidos y con el Rey como capitán. De modo que la erosión practicada por la izquierda tenía y sigue teniendo sus particulares motivos.
Otra cosa bien distinta y sorpresiva es que los periódicos hicieran suyo esta semana el discurso de la sospecha —aunque solo fuera para despejarlo— con su interpretación del inane centón desclasificado. Ni uno solo de esos papeles dice nada a favor o en contra de la actitud del Rey, porque como adelanté nada dicen sobre nada. Hasta el punto de que cualquier ignorante de la verdad sobre la actuación real, examinada hasta la saciedad durante cuatro décadas, podría haberle aplicado a los periódicos la excusatio non petita.
Y detrás de los periódicos vino Feijóo. En un nuevo ejemplo de su fina cintura estratégica se apresuró a reclamar el retorno del Rey a España. Tuve que leerlo más de una vez. No es que Feijóo se limitara, como los periódicos, a proclamar la honradez constitucional del rey Juan Carlos. Es que, al parecer, estábamos esperando a esos papeles para saber si el Rey viejo podía regresar a su patria. Impresionante. El líder de la oposición demostraba: uno, que creía que Juan Carlos aún estaba sujeto al juicio de la Historia por el 23 de febrero; dos, y lo peor, que esos papeluchos podían sostener algún juicio; y tres, que podían actuar como salvoconducto del regreso. De más está decir en qué lugar colocaba al rey Felipe VI la brillante iniciativa del líder gallego. Y qué plusvalía de razón y de sentido común aportaba —adónde vas, manzanas traigo— a la aciaga dialéctica creada entre padre e hijo. Para comprenderla basta ver las reacciones a la sugerencia: la Casa Real y el Gobierno —los dos a una, como nunca— se apresuraron a responder que el salvoconducto no son los papeles del 23 de febrero, sino su declaración a Hacienda.
Espero que lo comprendan correctamente: España es el país que tiene a un Rey viviendo en el Abu Dabi bombardeada por Irán y al que ponen como condición de su regreso que pague sus impuestos, por más que el jefe de la oposición haya dicho que unos papeles carbón demuestran, al fin, que no organizó un golpe de Estado hace 45 años y que por lo tanto puede volver como y cuando quiera. ¿Manzanas traigo…? Demasiado finocoluto. No. Como sé que te gusta el arroz con leche en la puerta de tu casa te dejo un ladrillo.
(Ganado el 28 de febrero a las 12:39, excavando en la noticia de que mis parientes neander fecundaron en masa a las mujeres sapiens, ¡como tontos!, y temiéndome, dado su aspecto y carácter, que fue más por su fuerza que por su seducción; pero sin dejar de maravillarme otra vez por las virtudes del llamado sexo débil, que, después de la monumental orgía, no dejaron vivo a uno solo de los míos)