Se ha escrito y teorizado mucho sobre cómo mueren las democracias liberales. El asesinato de Kirk, las tertulias de La 1, la nueva normativa-mordaza a la prensa en el Congreso o la petición de tres años de cárcel para el cura Ballester, por sostener que el islam actual es incompatible con la sociedad occidental, son advertencias que no deberíamos obviar.
Lamentablemente, demasiadas democracias han entrado, como si fuera un destino inevitable, en un autoritarismo posmoderno en el que los gobiernos son los que se encargan del achique de derechos y libertades. Aprovechando que a la mayoría de la población, empobrecida y alienada por una fragmentación digital que fomenta el ocio inane, el nihilismo algorítmico y el choque sectario, apenas le importe. O, peor aún, le parezca incluso fenomenal.
George Packer ha publicado en The Atlantic una brutal radiografía de la América de Trump, una «nación zombi», en la que enumera todas las decisiones con las que se están traspasando las fronteras de una sociedad libre y de un Estado autoritario: la utilización partidista de instituciones como el Supremo, la Fiscalía, las fuerzas de seguridad; la naturalización de la demagogia, la arbitrariedad del Estado y la censura, así como el intento de aplastar la disidencia con todos los mecanismos a su alcance.
Una instantánea en la que de inmediato se reconoce a la España de Sánchez, aunque el discurso de La Moncloa presente al socialista como la némesis de Trump. Una manera de blanquear su autoritarismo confrontándolo con otro autoritarismo. Si bien hay una diferencia sustancial: la superioridad moral de la izquierda, que acolcha y legitima la acción de Sánchez, lo hace más peligroso para el sistema democrático español de lo que Trump -más evidente y paródico- lo es para el sistema norteamericano.
Con su mujer y su hermano al borde del banquillo, Sánchez ha redoblado su ofensiva para deslegitimar las instituciones y actores que le molestan: la mayoría de jueces y fiscales no son de fiar porque están inmersos en una conspiración judeo-franquista junto a empresarios y periodistas para derrocarlo. Como tampoco son ya aceptables los jurados populares -tan válidos y progres cuando podían pasar por la piedra a Paco Camps-, debido al peligro de que se infiltren votantes del PP y Vox, fans de Calamaro y madrileños en general.
El mensaje del Gobierno, pues, resulta muy claro: a Sánchez solamente lo puede juzgar Sánchez. Nadie más. Es la impunidad que exige el narciso convertida en doctrina de Estado.