Este martes, el Congreso rechazó la proposición de ley que habría traspasado las competencias de inmigración a las instituciones catalanas. Más allá de lo que indica sobre la debilidad parlamentaria del Gobierno, o sobre la importancia que va cobrando el tema migratorio, el episodio expone una contradicción en el discurso de nuestras izquierdas. La oposición votó en contra de la transferencia con el argumento -bastante sensato- de que el Gobierno central no debe ceder esta competencia a una comunidad autónoma. Pero Podemos y algunos diputados de Sumar lo hicieron por lo que veían como el fondo "racista" de la medida. El problema no sería la delegación en sí, sino cómo se justifica y qué se desea hacer con ella. Se entiende que, si Junts hubiera dicho que Cataluña necesitaba gestionar la inmigración para poder abrir del todo sus fronteras, Podemos y los demás díscolos habrían votado a favor.
El caso es que las izquierdas españolas llevan décadas presentando la expansión del "autogobierno" como un bien en sí mismo. En los últimos tiempos incluso se ha dado a entender que esa descentralización puede ser prácticamente ilimitada. Las reivindicaciones de la autonomía del Congreso y de las lecturas creativas y abiertas de la Constitución sugieren que los límites entre qué competencias deben permanecer en manos del Gobierno central y cuáles se pueden ceder a los autonómicos son completamente elásticos: todo depende de la voluntad del legislador y del Tribunal Constitucional. Sin embargo, si la descentralización es un bien en sí mismo, y si no hay problema con que el sistema tenga ese grado de flexibilidad, entonces debería dar igual qué hacen las autonomías con sus competencias. Pero esta consecuencia lógica no se asume, y no solo en el tema de la inmigración: el sanchismo lleva años clamando contra las políticas fiscales de los gobiernos regionales del PP -sobre todo el madrileño-, y proponiendo que se limite su capacidad de bajar impuestos. El problema de todo esto no es solo detectar hipocresía en el discurso oficialista. El problema mayor es comprobar que, a la altura de 2025, la evolución del sistema autonómico sigue dependiendo del oportunismo político, las negociaciones cortoplacistas y la disposición a cabalgar contradicciones... siempre que convenga.