¿En una democracia liberal el derecho a la libertad religiosa y de culto debería tener un valor casi sagrado? Esta es la cuestión central que plantea el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal en contra de la decisión de Jumilla de prohibir la celebración de «actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento» en las instalaciones deportivas. Medida que, de facto, impide la fiesta del cordero y otros actos religiosos de la comunidad musulmana.
Aparentemente, la nota de los obispos españoles, que se alinea con el Gobierno, la Comisión Islámica y el canon de la corrección política, está cargada de sentido cívico y de doctrina constitucional: el artículo 16 ampara como un derecho fundamental la libertad religiosa. Sin embargo, los obispos omiten que esa libertad de culto termina cuando vulnera los derechos fundamentales de otros o cuando se convierte en una amenaza para el propio sistema democrático. La libertad, pues, no significa impunidad.
En el caso del islam, es evidente que, en la interpretación actual que hacen los imanes integristas, promueve una ideología religioso-política que es incompatible con una democracia plena, ya sea al limitar el papel de la mujer musulmana, condenándola a ser una ciudadana de segunda, casi invisible, o al aspirar a que la sharía sea la ley fundamental sobre la que se organice toda la vida social y política. Tamaña vulneración de derechos fundamentales justificaría un mayor control del Gobierno y del resto de administraciones públicas sobre las actividades de los líderes musulmanes en España.
Estos necesarios límites a la libertad religiosa, lógicamente, incomodan a la Conferencia Episcopal, en cuya nota sobre la polémica de Jumilla -donde el ayuntamiento, más que poner trabas, debería haber garantizado la normal participación en la fiesta de las mujeres- afirma que la única intervención posible de las autoridades es para evitar «la perturbación del orden público que estas celebraciones puedan causar». Y digo lógicamente porque hay comportamientos y discursos en el seno de la Iglesia española que son una amenaza para nuestro sistema democrático y que han quedado impunes o, incluso, fueron premiados.
Es el caso del actual arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, quien se permite acusar a otros de xenofobia cuando fue uno de los incontables curas catalanes que, durante el procés, convirtieron sus parroquias en iconos del independentismo, colgando esteladas y lazos amarillos. O que en sus homilías alentaron y justificaron el golpe. Un intento de socavar la democracia española con el aval de un Dios (¿catalán?) que guarda un inquietante parecido con el que algunos imanes integristas llevan a cabo en nombre de Alá.