(Ayer y hoy) Escribía José Ignacio Torreblanca al inicio de su columna del sábado: «El 1 de octubre de 2017, los Mossos d'Esquadra se negaron a ejecutar las órdenes de los órganos judiciales que les obligaban a impedir la celebración de un referéndum ilegal que atacaba frontalmente la convivencia, la democracia, el Estatut de Cataluña y la Constitución». Sí, yo pienso lo mismo. Y debe de haber muchos otros que piensen lo mismo en este periódico, y en playas, ciudades y montañas. Pero no es el caso de los jueces, y debe reconocerse que su opinión tiene un peso específico. Ningún policía autonómico fue condenado por negarse a cumplir las órdenes judiciales. Ni uno solo. En realidad, ni fueron procesados. Y lo más concluyente: sus mandos, que sí llegaron a ser imputados, procesados y juzgados, salieron absueltos. Empezando por el mayor Josep Lluís Trapero, acusado, sin éxito, de graves delitos.
Durante las sesiones del juicio en el Supremo de los hechos de octubre la actuación de los policías autonómicos fue repetidamente examinada. Los que veían con sus propios ojos nunca tuvieron dudas: el intento de referéndum fue posible porque la Policía autonómica lo permitió. Antes del 1 de octubre y durante el 1 de octubre. La línea de defensa que manejaron siempre los dirigentes de una Policía que en ningún momento se comprometió con la defensa de la Constitución, del Estatuto y del derecho de ciudadanía estuvo siempre basada en la reivindicación de la proporcionalidad. Un concepto lo suficientemente impreciso, inútil para mantener el orden civil en Cataluña, pero capaz de dotar a los policías de una coartada que acabó revelándose eficaz. El concepto contaminó incluso el famoso auto de la juez Armas, al que Trapero y los suyos se aferraron como a clavo ardiendo. Decía la juez en el auto que ordenaba a la Policía —a todas las Policías— impedir la celebración del referéndum: «Y como no puede ser de otro modo, ello pasa, necesariamente, por adoptar todas aquellas medidas que impidan la consecución del referéndum, sin afectar la normal convivencia ciudadana». Y, según declaró el propio Trapero, aun la juez le añadió de viva voz al hacerle entrega del auto: «Y hágalo todo, Mayor, con 'paciencia, contención y paz social'».
Los sediciosos nacionalistas llevaban meses, cuando no años, socavando la convivencia y el funcionamiento de las instituciones. Desobedeciendo los requerimientos del Tribunal Constitucional y llevando a los ciudadanos a extremos de enfrentamiento que ni siquiera se detenían en el ámbito privado. Eran días, cabe recordarlo, en que el siniestro beato Junqueras se ufanaba de que podía paralizar la economía catalana. Ante esta sostenida y agobiante vulneración del orden democrático, la Policía autonómica exhibía la necesidad de proporcionalidad y una torpe juez daba cobertura a su pasividad cómplice. Nunca ningún mando de la Policía autonómica osó enfrentarse a los dirigentes políticos ni comunicó a los ciudadanos que el referéndum planeado era ilegal y que, por lo tanto, debían abstenerse de participar en él. Sorprendentemente sus indignas coartadas tuvieron efecto en el propio Tribunal Supremo: ninguno de sus fiscales entabló acusación en su contra. Ni los fiscales ni modalidad alguna de acusación popular. La ausencia de los Mossos d'Esquadra en el banquillo de los acusados del Proceso fue una noticia realmente singular; e influyó indirecta y gravemente en las posteriores absoluciones dictadas por la Audiencia Nacional, que sí acabó juzgando a Trapero y sus íntimos colaboradores. Cabe recordarlas: la absolución de Trapero, la de la intendente Teresa Laplana, la del exdirector del Cuerpo, Pere Soler, y la del ex secretario general de Interior, César Puig.
Anótese: la Policía autonómica catalana resultó absuelta con todos los pronunciamientos favorables por su actuación en los sucesos de 2017.
Si en vez de mostrarse como un fatuo e incompetente mostrenco, el consejero Elena hubiera recordado estos hechos al dar cuenta de la fracasada operación de captura de Puigdemont, no habría salvado su dignidad, ciertamente, ni tampoco la de ese cuerpo infectado de traición y fracaso. Pero al menos habría dado una satisfactoria respuesta técnica. Porque, ciertamente, ¿qué es lo que hicieron los miembros de la Policía autonómica, el pasado jueves, en el Arco del Triunfo (¡por ahí se los pasó Puigdemont, y bien que hizo!)? Nada más que aplicar el fundamento de esa Policía moderna y democrática, al servicio del ciudadano, de la que tanto se ufanaba el mayor Trapero. Sí, detengan a Puigdemont, pero sin afectar a la normal convivencia. Y háganlo, les instruiría este jueves el correspondiente mayor Sallent, «con paciencia, contención y paz social». Como permitieron un referéndum que vulneraba los derechos elementales de los ciudadanos, este jueves permitieron que un delincuente (presunto y prófugo) entrara sin problemas en España (gozando en este punto de la colaboración del inamnistiable Gobierno de España), pasara un día tranquilo en la ciudad de Barcelona —no en vano archivo de la cortesía, patria de los valientes y venganza de los ofendidos—, convocara a sus fieles frente al antiguo Palacio de Justicia, les hablara durante unos minutos en un mitin voceado a los cuatro vientos, y una vez acabado el trabajo saliera de la ciudad hasta cruzar de nuevo la frontera en sentido contrario.
Irreflexivamente, en el calor de la ira, les llamamos torpes, paquetes, puros mossos d'esquadra. Quia. Tan solo una Policía moderna y democrática. Hasta la juez Armas les habría aplaudido. ¿Qué deberían haber hecho? ¿Detenerlo como si fuera un criminal? ¿Abrirse paso, nuestra Policía, entre la multitud, a golpes y amenazas de más golpes, y llevárselo en volandas, esposado, como si fuera un criminal? ¿Qué podría hacer una Policía moderna, democrática y trapera con la discapacitada que se lo llevaba camino de Francia, y que incluso respetaba dócilmente los semáforos: discapacitarla aún más a hostias, como si fuera la cómplice necesaria de un criminal? No, todo eso, justamente, es lo que hizo y habría hecho la Policía española el 1 de octubre: es decir, defender la convivencia por la fuerza cuando la convivencia fue atacada con violencia.
La Policía autonómica catalana fue el correlato técnico del Proceso desencadenado por los dirigentes políticos. Y su cómplice imprescindible. Y sigue siéndolo. Basta ver cómo el mostrenco Elena, aún su jefe político, no descubrió hasta el jueves que Puigdemont era un criminal y cómo confesó haber diseñado el operativo de su supuesta detención como si el de un honorable presidente se tratara. Pero el tal Elena ya es pasado. Lo importante es que el Gran Sepulturero, que tomó ayer posesión del féretro del Gobierno de la Generalitat, ya tiene decidida la reforma a fondo de la policía autonómica, que es el primer deber que le ha puesto, muy puesta, la prensa socialdemócrata. La reforma empezará con el nombramiento del nuevo máximo responsable del cuerpo del delito: con el escalofriante nombramiento de Josep Lluís Trapero. Aquel que, como tuvo el mayúsculo cinismo de anunciar en pleno juicio —respondiendo a una pregunta del abogado, Melero, y después de beber con gran mimo teatral un sorbo de agua—, tiene preparado desde octubre de 2017 un detallado plan para detener a Puigdemont, con paciencia, contención e infinita paz socialista.
(Ganado el sábado 10 de agosto, a las 18:27, sabiendo que nada os importa, sesteantes)