¿Quién teme al bibloquismo?

De todas las discusiones estériles que nos ha traído el sanchismo, quizá la más fatigosa de todas ha sido la de qué hacer con el bibloquismo surgido de la moción de censura con la que Pedro Sánchez accedió al Gobierno en 2018. Cada vez que alguien ha intentado argumentar una alternativa al mismo, a fin de evitar la polarización imparable que se desencadenó desde entonces y, con ella, la más que previsible reacción de la derecha populista, tanto los artífices del bibloquismo como sus intelectuales orgánicos han respondido como si el bibloquismo fuese la colisión fatídica entre la borrasca Oriana y el anticiclón de las Azores: «es lo que hay». Esta manera campanuda de naturalizar las políticas de confrontación, como si fueran parte del paisaje, no ha podido ocultar los efectos perversos de este tipo de políticas excluyentes, pese a los esfuerzos de la Ley de Memoria Democrática encargada precisamente de darlas por buenas y de justificar el patrimonialismo sin complejos de los republicanos de los años 30. De todos modos, tampoco era tan difícil darse cuenta de que el bibloquismo no es más que una manera de echar al PP en brazos de Vox con la finalidad de justificar la exclusión de las derechas del juego democrático.

Todo lo cual no debe impedirnos reconocer momentos de lucidez que ahora conviene recordar al hilo de las recientes propuestas de un sector del socialismo extremeño y de la más reciente todavía del candidato socialista a la Junta de Castilla y León, en defensa de un acuerdo PP-PSOE a favor de la lista más votada y, en su caso, de una abstención socialista que permitiese al PP gobernar sin servidumbres que lo radicalicen. De todas esas propuestas merece especial mención la que hiciera el entonces alcalde de Valladolid Óscar Puente tras las elecciones autonómicas de Castilla y León de 2022, por cuanto aquella propuesta tenía una doble utilidad. Por un lado, servía para señalar la desafortunada decisión de Albert Rivera en 2019, cuando impidió un acuerdo de Cs con la lista más votada (la del PSOE liderado por Luis Tudanca) y, a cambio, facilitó un pacto con el PP que llevó finalmente a Cs a perder 11 de los 12 procuradores en las siguientes elecciones de 2023 (la práctica totalidad de los cuales fueron a parar a Vox). Por otro, preparaba el terreno para un eventual pacto PP-PSOE de cara a las municipales de 2023 que le hubiera permitido a él y a los alcaldes socialistas que ganaron las elecciones en Castilla y León mantener la alcaldía con independencia del resultado obtenido por Vox y de la consiguiente posibilidad de mayorías PP-Vox que les desplazasen del gobierno municipal. Es verdad que, después de los comicios municipales de mayo llegaron por sorpresa las generales de julio y entonces cambiaron las tornas y, con ellas, la opinión del antiguo alcalde sobre los «pactos de perdedores», tal como nos comunicó en su sorpresiva réplica al intento fallido de investidura de Alberto Núñez Feijóo, momento en que supimos también que el antiguo alcalde estaba llamado a más altos destinos.

Sirvan estos antecedentes para recordar que la propuesta del candidato socialista a la Junta de Castilla (y alcalde de Soria, de momento) viene avalada por otras como la mencionada que, no por casualidad, han sido formuladas en su mayor parte por alcaldes socialistas que son los más interesados en acuerdos de este tipo, por cuanto la crecida de Vox representa una amenaza a su continuidad, como ya lo fue en 2023 para muchos de ellos. Pero los temores al bibloquismo no terminan ahí. Este representa una amenaza potencial, un fracaso estratégico del que han sido víctimas los socialistas en otras elecciones, como bien saben los socialistas gallegos. Pues, así como la estrategia bibloquista de Pedro Sánchez había dado buenos resultados en las generales de 2023 allí donde el PSOE era hegemónico dentro de su bloque, esto mismo la hacía contraindicada en el caso de Galicia, toda vez que el BNG había conseguido sobrepasar al PSOE en las elecciones autonómicas de 2020 y podía beneficiarse, por tanto, del voto útil. Es verdad, por tanto, que el bibloquismo había facilitado el voto útil a favor del PSOE en elecciones generales, pero no lo es menos que esa misma estrategia sirvió para catapultar al BNG en las autonómicas de hace dos años a costa del PSdG, que perdió más de la mitad de los votos conseguidos en las generales de unos meses antes y un tercio de su representación.

Ahora la pregunta es qué van a hacer los votantes gallegos en unas elecciones municipales en las que ya no está claro cuál es el partido hegemónico de la izquierda. En las últimas autonómicas, el PSdG podía haber marcado un perfil propio y defender su posición diferenciada en el espectro ideológico, pero prefirió sacrificarse por mor del bibloquismo e ir de la mano del BNG, que llevó la iniciativa en todo momento. El resultado fue una triple hemorragia por la que cedió un 40% de sus votos al BNG, un 11% a la abstención y un 6% al PP, más que suficientes para que el PP repitiera mayoría absoluta (González y Barreiro-Castro 2026: El fracaso del bibloquismo). De repetirse algo parecido en unas elecciones municipales, el PSdG ya no perdería solo ayuntamientos, sino también diputaciones.

Así las cosas, parece claro que el bibloquismo se está volviendo contra el PSOE, de ahí los llamamientos de sus críticos internos para recuperar la centralidad tras la radicalización a la que ha conducido la dependencia continuada del sanchismo respecto de sus socios. Pero también cabe la posibilidad de aplicar el pensamiento Alicia y despachar el tema diciendo que esto es «comprar el marco del PP». Es como si la dirección socialista no entendiera que dirigentes como García-Page quieran ganar las elecciones que les incumben en lugar de sacrificarse para que las gane el «cuartel general», y asumiera que la cascada de derrotas que el PSOE tiene por delante se pueda convertir por arte de magia en el bálsamo de Fierabrás capaz de salvar a Sánchez una vez más.

Todo lo cual nos lleva a la conclusión de que no solo «el bloque no funciona», sino que los intentos de reflotarlo tampoco. Pero hay que reconocer que la cantinflada de Gabriel Rufián postulándose como timonel de la «izquierda plurinacional» ha servido, al menos, para señalar un error de cálculo en la famosa proclama del «somos más» con que empezó la legislatura. Pues al recordar que los intereses de los obreros son universales (tanto da «en Cornellà que en Vallecas») no hace más que poner el dedo en la llaga más dolorosa que aqueja a la «coalición de progreso»: ¿qué sentido tiene tal coalición hoy en día cuando ha ido perdiendo el apoyo de los trabajadores por el camino? Como es bien sabido, la izquierda reemplazó la política de los intereses de clase por la política de las identidades, renunciando así a hacer una política de mayoría social a cambio de micropolíticas a favor de las minorías que han ido entrando en su órbita. Por más que la apuesta fuera arriesgada, respondía a un cálculo mercadotécnico bien estudiado, consistente en alinear y hacer confluir antagonismos dispares, hasta conseguir que las mujeres voten exclusivamente en clave de género, los habitantes de la periferia hagan lo propio en clave territorial, y así sucesivamente, de tal suerte que lo que para los viejos marxistas era una quimera, para los gurús de la política posmoderna era tan solo una manera de canalizar las demandas y los agravios victimistas que los medios agitan cada día.

En su afán por ampliar la base social de la coalición de progreso, la izquierda convirtió a los pensionistas en el grupo de edad de mayor nivel de renta, hizo del autogobierno de los pueblos su bandera y, por último, encontró en los inmigrantes el perfecto reemplazo de la plaga de fachas que asola el país. Y ahora se lamenta de que tiró al niño con la bañera.