El fascismo de los antifascistas

Cuando la editorial italiana Garzanti publicó un compendio con los mejores artículos que el intelectual Pier Paolo Pasolini había escrito en la prensa, respetó los textos en su versión original, tal como fueron concebidos, pero optó por modificar sus títulos. Así, uno de ellos pasó a llamarse El fascismo de los antifascistas.

Sin embargo, el lector que se adentraba en su lectura podía sentirse profundamente decepcionado: el artículo no contenía referencia alguna al fascismo ni calificaba de fascista la actitud de los antifascistas. En realidad, abordaba un asunto mucho más prosaico: las reiteradas huelgas de hambre que un conocido político italiano de la época -corría el año 1974- utilizaba como instrumento de protesta ante los más diversos asuntos con los que disentía.

«El fascismo de los antifascistas», sobra decirlo, fue una operación de puro marketing. Y funcionó. Tanto que aún hoy, cuando a quien se declara antifascista se le quiere reprochar una actitud iliberal o sectaria, a menudo se invoca a Pasolini y se cita aquel artículo, evidentemente sin haberlo leído.

Ese oxímoron permite dirigir la atención hacia otra operación de marketing: la transformación del antifascismo en una etiqueta política que, bajo la denominación de Antifa, opera como mecanismo de legitimación política.

El antifascismo surgido en el siglo XX como respuesta a regímenes totalitarios de ultraderecha forma parte de la tradición democrática europea. Muy diferente es la apropiación contemporánea del término como coartada moral. Declararse antifa deja de ser una referencia histórica concreta para asumir una posición que aspira a situarse fuera del alcance de la crítica, arrogándose una superioridad ética desde donde juzgar cuanto nos rodea, reclamando para sí el «lado correcto de la Historia».

El lenguaje, en este contexto, actúa como un trampantojo tras el que se parapetan proyectos de signo muy distinto al que proclaman. Esto no es nuevo: baste recordar que el Muro de Berlín fue denominado por la dictadura comunista «Barrera de contención antifascista». Sin embargo, más que impedir la entrada de supuestos «fascistas» occidentales, su verdadera función fue evitar la huida de los propios ciudadanos de la República Democrática Alemana hacia esos países tildados de «fascistas».

En su libro Antifa, el manual antifascista, Mark Bray sostiene que los «grupos antifascistas tienen como objetivo negar a los fascistas la oportunidad de promover su política opresiva y proteger a las comunidades de los actos de violencia perpetrados por el fascismo». La formulación plantea no pocos problemas interpretativos.

Para empezar, lo que se presenta como una acción meramente defensiva frente a una agresión adquiere un alcance mucho más amplio, en el que el término «fascista» corre el riesgo de convertirse en una categoría maleable, susceptible de uso instrumental. Además, el propio concepto de violencia dista de ser unívoco.

Si a la violencia física, la más visible y sobre la que por lo general existe consenso, se le equiparan progresivamente aquellos discursos que no compartimos o aquellas decisiones políticas que no se ajustan a nuestra cosmovisión, incurrimos en un sesgo que interpreta como agresión todo aquello que se aparta de nuestros postulados ideológicos. Un mecanismo que, conviene recordarlo, no es patrimonio exclusivo de un solo extremo del espectro político.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la llegada de Giorgia Meloni al Gobierno de Italia, la consolidación del partido de Marine Le Pen en Francia y el crecimiento electoral de Alternativa para Alemania en su país son algunos de los elementos que han actuado de catalizadores de la radicalización de determinados sectores de la extrema izquierda, marco en el que suele situarse el movimiento Antifa.

En septiembre, como se recordará, Charlie Kirk fue asesinado en un campus universitario mientras mantenía un debate con estudiantes. El suceso, que provocó rechazo e indignación en amplios sectores moderados de la ciudadanía, sirvió también de coartada para ampliar el campo de batalla político. Trump redobló su ofensiva al plantear la inclusión del movimiento Antifa en la lista de organizaciones terroristas, una propuesta difícilmente encajable en la naturaleza y estructura real de ese entramado.

Bajo la etiqueta Antifa conviven realidades diversas: desde colectivos de activismo social hasta núcleos minoritarios que legitiman la confrontación directa. Los Antifa no cuentan con un manifiesto ideológico único, ni con un liderazgo definido, ni con una jerarquía reconocible. Son más bien una constelación de grupos heterogéneos, articulados de manera informal y conectados internacionalmente, cuya militancia combina causas diversas bajo el paraguas de la interseccionalidad. Su denominador común es el antiimperialismo, el anticapitalismo y, de forma más amplia, el rechazo a los valores asociados a la burguesía occidental y al liberalismo, incluyendo la democracia representativa.

Se definen como antisistema y entablan una lucha que reproduce una conocida dinámica generacional: la impugnación del orden heredado y la atribución a las generaciones precedentes de los males presentes. Todo ello atravesado por la convicción de estar combatiendo una amenaza ubicua que sintetizan en un único concepto: el fascismo. Ese «ur-fascismo», el fascismo difuso y omnipresente del que habló Umberto Eco hace décadas. Nada sustancialmente nuevo, en definitiva.

En Italia, hace apenas unas semanas, se produjo el desalojo del centro social Askatasuna en Turín. Tras la evacuación forzosa del edificio, miles de personas se manifestaron por las calles contra una medida que consideraban injusta. La mayoría lo hizo de manera pacífica. Pero una minoría encapuchada destrozó el mobiliario urbano y se enfrentó con especial virulencia a las fuerzas del orden. El desalojo actuó, en ese contexto, como detonante -o pretexto- para canalizar una oposición frontal al Gobierno legítimo que hoy dirige Italia, pero al que se oponen definiéndolo como fascista.

Lo sucedido a finales de octubre en Pamplona presenta matices distintos, aunque comparte un trasfondo similar. Allí, un grupo de radicales agredió a un periodista en el campus de la Universidad de Navarra e impidió intervenir a quien, por sus ideas, consideraban indigno de ejercer su derecho a la palabra. En este caso, el antifascismo militante se entrelazó con elementos de ultranacionalismo, configurando un escenario particularmente complejo.

Esa actitud de autoproclamados guardianes morales conduce a priorizar la confrontación por encima del debate civilizado. La negación de tribunas, en lugar de la exposición argumentada de ideas discrepantes, se erige en práctica recurrente, legitimada en nombre de una supuesta superioridad ética. La violencia pasa así a presentarse como «justa» y necesaria: el instrumento para erradicar el «error» en nombre de la «verdad». Y ese discurso cala hondo, también en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Así, cuando hace unos días en Lyon un joven fue agredido hasta la muerte por miembros del entorno Antifa, parte del tratamiento informativo deslizó la insinuación de que «algo habría hecho». De esa forma, se termina normalizando lo inaceptable. De manera que Kirk, de no haber expresado con vehemencia sus ideas conservadoras; el periodista, de no haber acudido a Pamplona a cubrir para su medio liberal aquello que algunos preferían mantener en la penumbra; o el joven francés, de no haber militado en un grupo de extrema derecha, no habrían sido atacados.

Ese razonamiento, extendido e inquietante, desplaza la responsabilidad del agresor hacia la víctima y transforma la violencia en una consecuencia casi natural, cuando no tácitamente justificable en función de quién la sufre. Es, en última instancia, la coartada perfecta para no afrontar el verdadero problema.