Desde usuarios a agentes de la propia Guardia Civil de Tráfico, las críticas a la baliza V-16 conectada y obligatoria desde el pasado 1 de enero para señalizar una emergencia en carretera, no han parado.
De hecho, el propio ministerio de Interior aseguró que los conductores no serían multados durante un tiempo prudencial y que se permitiría su uso combinado con el de los triángulos... aunque desterrar éstos, por peligrosos, es precisamente el argumento que ha repetido hasta la saciedad la DGT para su implantación. Única en Europa, por cierto, ya que ningún otro país del Viejo Continente obliga a su uso.
Lo que interpreta el PPE...
Y hasta Bruselas ha llegado ahora esa polémica, alimentada por el Partido Popular Europeo (PPE). Y es que, según su vicepresidenta, la española Dolors Monserrat, nuestro Gobierno no ha comunicado a la Comisión Europea la normativa técnica sobre este dispositivo, lo que podría dar lugar a un procedimiento formal de infracción contra España. Esto tendría consecuencias jurídicas «relevantes» e incluso se podría llegar a cuestionar la aplicación de la obligación en vigor, aseguran desde el PPE.
Se basan en la respuesta que el vicepresidente Ejecutivo de la Comisión, Stéphane Sejourné, ha dado a una de las varias preguntas que Montserrat planteó al Ejecutivo comunitario en relación con la polémica baliza. En concreto, si les habían comunicado los requisitos técnicos, cómo que deben estar conectadas, o de homologación. Y también se pregunta por las consecuencias que tendría ese incumplimiento.
... y lo que le dice la CE
Sejourné admite que esa comunicación -obligatoria para cualquier proyecto que pueda añadir obstáculos al mercado interior o ser incompatible con el derecho europeo-no se ha producido. Aunque reconoce que son los Estados miembros los que deben evaluar cuándo tienen que hacer la consulta o no. No obstante, en su respuesta también señala que, si se hubiera producido un incumplimiento, incluso se podría llegar a paralizar la obligatoriedad de la baliza V-16.
«Bruselas no ha cuestionado la adopción de este dispositivo. No le ha dado al PPE la respuesta que estaba buscando», asegura Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. «De hecho, admite que, como puede pasar con otros accesorios de los coches, el uso de estos dispositivos de señalización de peligro no está armonizado a nivel europeo por lo que se tienen que regular por la legislación de cada país» añade Arnaldo.
Es decir, lo mismo que la Comisión respondió al PPE en el mes de julio, cuando planteaba a Bruselas «si consideraba una armonización normativa a nivel europeo para sustituir los triángulos de emergencia por alternativas tecnológicas más seguras»... como la baliza V-16 .
gasto obligado solo en España
Pero la misiva de Sejourne sí lanza una posible carga de profundidad respecto a otra cuestión planteada por Montserrat. Así, afirma que «la imposición de requisitos técnicos específicos para el dispositivo a nivel nacional puede constituir una restricción al comercio interior» que las autoridades españolas tendrían que justificar.
En este sentido, a finales del pasado mes de enero, el PPE anunciaba que el Parlamento Europeo estudiará una denuncia contra la decisión de imponer de forma obligatoria la baliza V-16 conectada. En la demanda, se cuestiona que esta imposición vulnera el Derecho de la UE al imponer una carga legal y económica exclusivamente a los conductores con vehículos matriculados en España, mientras que los conductores de otros Estados miembros pueden circular por el mismo territorio sin estar sujetos a dicha exigencia.
Considerando un coste medio por dispositivo de 40 euros, el negocio total generado superaría los 1.200 millones de euros. De ellos, 210 millones terminarían en las arcas del Estado en forma de IVA.