"Vivir así es una tortura diaria. De buenas a primeras me he visto en la indigencia". Elena lleva cuatro meses durmiendo "de prestado" en una habitación que le ha dejado una vecina. Porque tenía un piso en propiedad, lo alquiló mientras convivía con su ex pareja y sus inquilinos, en cuestión de tres meses, mutaron en inquiokupas.
Cada noche, en su habitáculo de escasos seis metros cuadrados, reflexiona, se cabrea y llora, no siempre en ese orden, al no entender cómo se ha visto despojada "de una vida digna" sin encontrar amparo jurídico. Privándola de vivir con su hijo, de 13 años, diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Pero empecemos por el principio.
Elena puso a alquilar su vivienda, de 79 metros cuadrados en el centro de Collado Villalba, en Idealista a razón de 850 euros mensuales (suministros aparte). Y entre los cientos y cientos de mensajes que solicitaban ver el inmueble, un matrimonio de Perú llamó su atención: él, cocinero; ella, teleoperadora de Securitas Direct. "Vi que cumplían todos los requisitos. Tenían una hija mayor que se suponía que vivía en su país... A ella se le veía cariñosa, risueña... Y decía que confiaba mucho en Dios", evoca la legítima propietaria.
Y entre promesas de que cuidarían como nadie su inmueble, Elena confió. Pactaron entrar a vivir el 1 de febrero de 2023, aunque ya en el momento de la firma del contrato afloraron los primeros problemas. "Sólo me dieron la mitad de la fianza acordada... Me preguntaron si me la podían pagar en dos plazos". Y ella aceptó.
Sólo tres meses después, en abril, dejaron de abonar las mensualidades, excusas mediante. "Decían que estaban de baja, que habían pagado la ITV del coche... todo mentiras. También descubrí que eran tarjeta roja, personas que vienen a España y piden asilo político. Pero Perú no es un país de conflictos... Alegaban que había peligros en la calle", evoca la casera.
Así que no le quedó más remedio que demandarlos para iniciar judicialmente el proceso para que abandonaran su propiedad. La primera denuncia la presentó en marzo de 2024, pero a su abogada se le olvidó presentar la nota simple donde ella aparecía como legítima propietaria. No fue admitida. El segundo intento llegó en junio, pero otro fallo de su letrada volvió a inhabilitar la delación. La definitiva se rubricó el 24 de septiembre y desde entonces, silencio.
A toro pasado, dice Elena, todas las piezas encajan. Porque no era la primera vez, según sospecha, que sus moradores inquiokupaban. Y teme que no será la última. "Tras denunciarles, les tendí una trampa. Puse un anuncio señuelo en Idealista ofertando un piso de las mismas características que el mío y en la misma zona, a ver si picaban. Eso sí, con el teléfono y el nombre de una amiga. No tardaron en llamarla... Entiendo que buscan un nuevo espacio donde volver a hacer lo mismo".
También, desde que les llegó el burofax, el matrimonio peruano ha ido abonando "algo de dinero mal y a destiempo". Cantidades que no son suficientes para esta propietaria, a la que le deben "cerca de 11.000 euros". En octubre del año pasado se separó de su pareja y tuvo que buscarse una nueva alternativa habitacional. Pero no le salían las cuentas. "Vivo con un salario de 1.446 euros que cobro como administrativa en una clínica veterinaria. De ahí se me va casi el 90% en pagar la hipoteca de la casa y el crédito de la reforma que ellos disfrutan; en los cargos de la tarjeta de crédito, que no baja de 450 euros cada mes; y en el colegio y la psicoterapia de mi hijo, con TDAH, que son otros 365...".
Esto ha derivado, tal y como ella misma describe, en que se haya convertido en una "propietaria indigente". "Una vecina, que se apiadó de mi situación, me ha dejado la habitación de su hija, que está estudiando fuera de Madrid. Agradezco su bondad".
Ser víctima de una inquiokupación le ha costado, dice, una relación sentimental y la protección que tenía hasta entonces. "Cuando rompí con mi pareja me vi tocando fondo. Ahora no tengo nada... Y aun así he tenido suerte de que mi ex marido se haga cargo del niño. Me ha garantizado que no va a pedir su custodia", afirma la casera, quien duda que, después de esta experiencia, vuelva a alquilar una vivienda. Y remata: "La administración nos usa de escudo social. ¿Qué clase de justicia prioriza a tres sin papeles por delante de una propietaria legítima con un hijo con TDAH?".