La Guardia Civil ha detenido a cinco personas en el marco de la denominada Operación Pox, por su presunta implicación en una red dedicada a la comercialización ilegal de productos cárnicos sin control sanitario. El grupo contaba con un matadero clandestino en San Fernando de Henares y otros dos en las provincias de Ávila y Toledo, donde sacrificaban animales en condiciones deplorables, sin cumplir las normativas de bienestar animal ni de sanidad. Los arrestados son senegaleses, magrebíes, españoles y chinos.
La carne era distribuida a diversos restaurantes chinos del distrito madrileño de Usera y del polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid). Tras inspeccionar nueve establecimientos hosteleros, se decretó el cierre preventivo de cuatro de ellos.
Durante la operación, se realizaron siete entradas y registros: cuatro en domicilios particulares y tres en explotaciones ganaderas. La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) constató que los animales se encontraban en muy malas condiciones de salubridad y alimentación.
En el operativo se intervinieron 10.000 euros en efectivo, documentación, crotales, dispositivos electrónicos, instrumental y cuchillos para el sacrificio de animales y medicamentos veterinarios. Además, más de 350 animales tuvieron que ser sacrificados por encontrarse en estado de inanición o con enfermedades y malformaciones irreversibles.
Uno de los detenidos se encargaba personalmente del sacrificio ilegal de animales y posteriormente distribuía la carne a varios restaurantes, que la servían en sus menús e incluso la ofrecían mediante plataformas de reparto a domicilio.
Los agentes descubrieron en los mataderos ovejas conviviendo con cadáveres de otros animales, cabras heridas y hambrientas, algunas con malformaciones. Todo en medio de unas condiciones higiénico sanitarias deplorables.
También se ha comprobado que varios investigados recogían habitualmente carne en los mataderos clandestinos para su venta directa a particulares, sin ningún tipo de control ni trazabilidad sanitaria. Algunos clientes llegaban al matadero de San Fernando, elegían un animal y lo mataban ellos mismos. En total, 12 personas más están siendo investigadas por su implicación en los hechos.
Los arrestados se enfrentan a los delitos de maltrato animal, delito contra la salud pública, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.
Los implicados podrían ser condenados a penas conjuntas de entre seis y 15 años de prisión, más multas cuantiosas, inhabilitación profesional, responsabilidad civil por daños al sector ganadero y clausura de establecimientos.