El robo de 28 bombonas de butano en gasolineras de Coslada, San Fernando y Alcalá de Henares, el pasado 4 de enero, ha desencadenado un cruce de acusaciones entre el Sindicato Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM) -que llegó a insinuar que se sustrajeron para perpetrar un supuesto atentado terrorista- y el Ayuntamiento de Coslada, encabezado por Ángel Viveros (PSOE). Interior tilda estas graves afirmaciones de «infundadas», en el marco de un tenso pulso entre el consistorio socialista y el conjunto de los sindicatos policiales, que denuncian el impago de deudas acumuladas por la corporación -fruto del pago de horas extraordinarias, complementos, convenios, etc.- desde 2022.
El incidente, según denuncia la agrupación de agentes, sucedió «en pleno Estado de Alerta 4 Plus y generó un dispositivo especial de la Brigada de Información de la Policía Nacional ante el temor de un posible atentado durante la Cabalgata».
Estas afirmaciones son negadas tajantemente tanto por el Ayuntamiento de Coslada como por Interior. «Es cierto que se produjeron los robos de bombonas de butano y que la Policía Nacional lo investigó como una serie de sucesos de delincuencia común, no relacionados con el terrorismo», aseguran fuentes del Ministerio, que califican el relato del sindicato de «suposiciones muy graves» al proceder de un colectivo compuesto por agentes de la autoridad.
Sin embargo, el CPPM acusa al alcalde socialista de actuar con negligencia al no suspender la Cabalgata pese a los supuestos riesgos asociados a la sustracción de las bombonas. «Este señor decidió poner en peligro a los ciudadanos antes que perder rédito político anulando la Cabalgata, aún sabiendo que no había suficiente Policía Local trabajando», señaló el sindicato.
Desde el Ayuntamiento, no obstante, niegan las acusaciones del sindicato policial. «El alcalde solicitó refuerzos a la Delegación del Gobierno, y más de 30 funcionarios de Policía Nacional se sumaron a los efectivos de Policía Local que trabajaron», sostienen. Además, insisten en que el sindicato trató de llevar a cabo un «boicot» contra la Cabalgata, pidiendo a agentes que no acudieran a reforzar el dispositivo de seguridad.
El CPPM también criticó la «improvisación» y las «carencias logísticas» durante la Cabalgata, mencionando vallas mal colocadas, cruces cubiertos por personal de Protección Civil y vehículos estacionados en el recorrido. «Si el alcalde no sabía del peligro, debe dimitir por incompetente; y si lo sabía, por irresponsable», sentenciaron.
El trasfondo de esta polémica parece marcado por las tensiones laborales entre los sindicatos policiales y el Gobierno local. Según fuentes próximas al cuerpo, «a algunos agentes se les adeuda más de 6.000 euros desde hace tres años». Relatan, además, que para evitar la cancelación de la Cabalgata -como sucedió la pasada primavera con la Media Maratón de Coslada por la falta de efectivos- el alcalde envió un decreto a los agentes recordándoles su obligación de trabajar. Una maniobra que caldeó aún más los ánimos entre los uniformados, llegando a producirse más de 20 bajas médicas de última hora como medida de presión colectiva.
En total, durante los días previos a la Cabalgata se registraron 60 bajas laborales entre policías locales de Coslada, lo que hizo peligrar la celebración del tradicional evento en este municipio. No obstante, el alcalde, con el apoyo de la Policía Nacional y efectivos de Protección Civil, logró que el desfile de Reyes se celebrara, aunque finalmente tuvo que recortar su recorrido de seis a 4,5 kilómetros.