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La gestión del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la frontera aérea más importante de España, se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, debido al ingreso recurrente de menores extranjeros no acompañados (menas). Estos inmigrantes aprovechan lo que la Comunidad de Madrid califica como «escalas fraudulentas» para quedarse en el país durante los cambios de avión. Según datos proporcionados por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, desde el 1 de enero hasta el 15 de diciembre de este año, 1.157 menores accedieron al territorio español por esta vía.
El flujo de llegadas ha mostrado variaciones a lo largo del año. Durante el primer semestre, 343 menores entraron utilizando vuelos con escala en España desde países donde no se exige visado de tránsito. Tras conocerse los datos de este periodo, el Ejecutivo madrileño advirtió de este fenómeno en una carta remitida al ministro del Interior en julio. En la misiva, firmada por la consejera Ana Ponce Dávila, se calificaba Barajas como un «coladero» y se pedía mayor control en los vuelos procedentes de África, especialmente Mauritania, donde entonces no se exigía visado de tránsito para escalas en España. Además, la carta afirmaba que esta situación estaba «desbordando» los recursos disponibles, tanto en Madrid como en otras regiones.
Estas quejas fueron rechazadas por Grande-Marlaska, quien las calificó como una «alarma injustificada». El ministro aseguró que el país no afrontaba una situación excepcional y que la imposición de visados de tránsito aeroportuario a ciertos países, como Gambia, había ayudado a mejorar la gestión de este fenómeno.
Sin embargo, los datos del segundo semestre mostraron un aumento del 137,32 %, alcanzando 814 casos registrados hasta el 15 de diciembre. Los meses más críticos fueron julio, con 278 llegadas, y agosto, con 198.
Desde la Comunidad de Madrid se han mostrado preocupados, asegurando que han atendido a un total de 2.375 menores inmigrantes no acompañados en su red de protección durante 2024. De este total, 89 provienen de campamentos de acogida en Carabanchel y Alcalá de Henares, a los que, según denuncian, el Ministerio del Interior traslada cientos de personas cada mes. También afirman que Interior fleta al menos tres aviones desde Canarias hacia Madrid cada semana. En total, estos centros habrían recibido a más de 6.000 personas este año, según fuentes de la administración regional.
Mientras tanto, desde el Ministerio del Interior defienden su gestión asegurando que «España impulsa una política migratoria basada en la cooperación bilateral con los países de origen y tránsito de la migración, en la lucha contra las mafias que trafican con personas, una acción que está funcionando y evita en origen el 40 % de las salidas irregulares». Asimismo, recuerdan que «en 2023 la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la cooperación con los países de origen y tránsito, como Mauritania o Senegal, evitó más de 27.000 llegadas irregulares a Canarias».
Además de los menores que aprovechan la ausencia de visados de tránsito y los distintos grupos de solicitantes de asilo que logran evadir la custodia policial en la sala habilitada para tramitar las peticiones de protección internacional, otra tendencia preocupante en el aeropuerto de Barajas es el aumento de personas sin hogar que han convertido las terminales en un refugio improvisado.
Fuentes policiales explican a GRAN MADRID que actualmente habría cerca de 300 personas sin techo que pernoctan a diario en el aeropuerto, frente a las cerca de 200 registradas durante el verano.
Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid califican esta situación como «muy compleja» debido a que en esta infraestructura confluyen «tanto personas en situación de calle vinculadas a la ciudad, cuya atención sí es competencia del Ayuntamiento, como solicitantes de protección internacional recién llegados a la capital y a la espera de acceder al sistema estatal de protección internacional, de competencia estatal». En noviembre, los equipos de calle del Ayuntamiento intervinieron con 55 personas que habitualmente se encuentran en el aeropuerto, logrando que 14 dejaran de pernoctar allí.