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A escasas horas de la puesta a disposición judicial de Juan, el joven de 20 años al que la Guardia Civil acusa de ser el asesino de Mateo en Mocejón, las investigaciones del Instituto Armado abundan en el estado mental del joven y su capacidad para comprender sus actos. Una circunstancia clave para determinar si se encuentra sujeto a responsabilidad penal o si resulta inimputable.
En este sentido, su padre, Juan Fernando Pérez, aseguró que el sospechoso tiene una discapacidad reconocida cuyo porcentaje ha variado con los años y que por ello acudía al Colegio Público de Educación Especial Severo Ochoa de Alcorcón. Un centro educativo que además de actividades lectivas y aulas convencionales, cuenta con espacios de estimulación sensorial destinados a alumnos con necesidades especiales, otros que simulan espacios cotidianos en las viviendas como habitaciones o cocinas, huertos, invernaderos y talleres de corte y confección para que los alumnos, de hasta «20 años de edad, o 23 en circunstancias especiales», puedan desarrollarse.
Según ha podido confirmar EL MUNDO, el sospechoso cuenta con una discapacidad reconocida del 70% -considerada como severa- que supone un importante hándicap para su día a día, por lo que continuaba escolarizado y recibiendo asistencia educativa en su comunidad de residencia habitual, donde vive con su madre y su hermano.
«Nunca había tenido ningún tipo de brote psicótico», explican a este diario fuentes próximas al centro. «Tampoco había protagonizado ningún episodio violento», añaden, en referencia a la posible disociación (desconexiones o separaciones de conciencia, memoria o identidad) o brote psicótico (pérdida del contacto con la realidad) durante el que Juan se encontraría durante el crimen.
Asimismo, las mismas fuentes matizan que la falta de antecedentes psicóticos en el joven «no puede tenerse en cuenta a la hora de descartar futuros episodios, ya que es alrededor de los 20 años cuando las personas son más propensas a desarrollarlos».
Así se desprende de su propia confesión, «en tercera persona, delirando y sin un discurso coherente», según la Benemérita. Una declaración autoinculpatoria que Juan realizó tras su detención pero sin la presencia de un abogado, según denuncian desde el Colegio de Abogados de Toledo.