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Desde su irrupción en política, hace ya más de una década, Donald Trump ha cambiado el mundo. Es indiscutible. Ha impuesto un nuevo lenguaje, un nuevo estilo, ha roto todos los tabúes, líneas rojas y convenciones. Todo lo que una vez fue impensable, e imposible, es hoy completamente rutinario. Dominando como nadie el discurso público, la viralidad y la lucha por la atención en la era del scroll infinito, ha levantado de la nada un movimiento social, cuasireligioso. Ha colonizado paso a paso el Partido Republicano, llevado al límite todos los pesos y contrapesos y creado escuela, con imitadores por todo el planeta. Pero si hubiera que escoger una cosa, y sólo una cosa, para resumir el impacto del presidente de Estados Unidos lo más grave sería el daño, quizás irreparable, a la confianza de los estadounidenses en el sistema electoral y la alternancia de poder.
Ahora mismo, en todo Estados Unidos, no hay ningún miembro del Gobierno y casi ningún congresista, senador, gobernador o aspirante a cualquier cargo Republicano que diga en voz alta cosas como "Joe Biden ganó las elecciones de 2020". Ninguno, salvo los que están enfrentados a Trump. Hace falta una pausa para digerir bien la idea y sus consecuencias. Cuando se les pregunta directamente, y es algo que hacen los medios todas las semanas, los Republicanos, que temen más la furia vengativa de su líder que el futuro de la democracia, responden con evasivas o fórmulas ambiguas, como "Joe Biden juró el cargo" o "saben que Biden gobernó cuatro años". Pero, siguiendo el ejemplo de Trump, no admiten en público que las elecciones fueron limpias y que simplemente los norteamericanos mandaron a casa al multimillonario. No sólo políticos. Todos los candidatos judiciales nominados por el presidente Trump en su segundo mandato, "38 sin excepción", denuncian los Demócratas, se negaron a decir quién ganó las elecciones de 2020 o qué sucedió el 6 de enero en sus recientes confirmaciones. Jueces federales con cargo vitalicio.
Desde noviembre de ese año, Trump ha alimentado todo tipo de conspiraciones sobre el proceso electoral hasta convencer a una parte significativa de sus partidarios no sólo de que les robaron el resultado, sino de que la única posibilidad de que Trump sea derrotado, ayer, hoy o mañana, es si hay un apaño, un complot liderado por los Demócratas y millonarios de izquierdas, como George Soros. Que hay un plan masivo para que voten millones de inmigrantes ilegales, personas sin ciudadanía o sin ningún tipo de identificación. Con misteriosos camiones que hacen desaparecer papeletas, máquinas de votación alteradas en connivencia con potencias extranjeras y funcionarios corruptos (una tesis que ya le costó a la cadena Fox una indemnización de 787 millones de dólares por difamación a la empresa Dominion y su fortuna a abogados del presidente como Rudolph Giuliani por lo mismo a trabajadores electorales).
Según datos del Public Affairs Council, solo el 37% de los estadounidenses creía que las elecciones de 2024 serían honestas y limpias, mientras que el 43% tiene serias dudas sobre su honestidad, transparencia o ambas, siendo los conservadores los más escépticos. Normal, ya que el presidente dice constantemente que 2020 fue un robo. Todas las semanas, en todas partes. Este miércoles, en una entrevista con la cadena NBC, el periodista le preguntó si confiará en los resultados de las elecciones de mitad de mandato del próximo noviembre si los republicanos pierden el control del Congreso. Y Trump, con cierto recelo, respondió: "Lo haré... si las elecciones son honestas. Mire, las últimas elecciones me fueron muy bien, algunos dicen que una de las más grandes de siempre, ganando el 84% de los condados. Pero creo que hubo trampas". El jueves, en un desayuno con líderes religiosos en una fecha muy señalada del calendario conservador, insistió: "Amañaron mis segundas elecciones. Tenía que ganarlas, lo necesitaba para mi propio ego. Ahora sí que tengo un ego enorme. Vencer a estos lunáticos fue increíble".
Unos días antes, apareciendo en el podcast de Dan Bongino, un maestro de los bulos y las conspiraciones que durante unos meses ha sido el número 2 del FBI, antes de aburrirse del trabajo diario y volver al streaming, el presidente instó a "nacionalizar las elecciones". En EEUU el proceso electoral es una cuestión de los Estados, y el Gobierno federal no tiene competencias, una decisión de la época de los Padres Fundadores precisamente para evitar posibles enjuagues a gran escala. "Los republicanos deberían decir: 'Queremos tomar el control'. Deberíamos tomar el control de la votación en al menos 15 lugares. Los republicanos deberían nacionalizar el voto", insistió apuntando a ciudades concretas. "Vayamos al 2020 y observemos los hechos que están saliendo a la luz: elecciones amañadas y corruptas. Si tenemos zonas... Mira a Detroit, Pensilvania, Filadelfia. Mira Atlanta, observen algunos lugares, hay una terrible corrupción electoral. Y el gobierno federal no debería permitir eso. El gobierno federal debería intervenir", insistió, a pesar de que la Constitución es muy clara al respecto.
Su obsesión ha llegado a cotas inéditas esta semana, después de una nueva derrota republicana en elecciones estatales, esta vez en Texas. Todas las grandes citas de los últimos meses han sido fracasos para los suyos y todas las encuestas y análisis internos prevén una masacre republicana en la Cámara de Representantes, a final de año y quizás incluso la pérdida del Senado. Lo que explica su mal humor y sus prisas. "Las elecciones estadounidenses están amañadas, robadas y son el hazmerreír de todo el mundo. O las arreglamos, o dejaremos de existir. Les pido a todos los republicanos que luchen por lo siguiente para Salvar América. 1) Todos los votantes deben mostrar su identificación. 2) Todos los votantes deberán mostrar prueba de ciudadanía. 3) No se permitirá el voto por correo salvo enfermedad, discapacidad, servicio militar o viaje", escribió en Truth Social el viernes.
No es palabrería. Hay un dicho recurrente en Washington que asegura que los críticos de Trump se toman lo que dice demasiado literalmente pero no lo suficiente en serio, mientras que sus partidarios se toman todo muy en serio, pero nunca literalmente. No es el caso. En cuestión electoral hay que tomarse al presidente muy en serio y muy literalmente, porque además de hablar, actúa. Y sus seguidores más poderosos lo replican. "¡Tenéis toda la razón!", le dijo a la oposición en un vídeo Steve Bannon, el gran gurú de la derecha alternativa mundial. "¡Vamos a tener al ICE cercando las urnas en noviembre! Podéis quejaros y llorar todo lo que queráis, pero nunca más permitiremos que nos roben unas elecciones", insistió. "Si perdemos las elecciones algunos irán a prisión, yo incluido", azuzó el día siguiente.
Según Gallup, en los días previos a las elecciones de noviembre de 2024, sólo el 57% de los estadounidenses afirmaba tener "mucha o algo de confianza" en que los votos se emitirían y contabilizarían correctamente. Aunque cifras similares se mantienen desde 2008, ahora hay una brecha partidista salvaje de 56 puntos porcentuales, pues si un 84% de demócratas creía que todo sería normal, pero sólo un 28% de los republicanos confían en la limpieza del proceso y la seguridad de su voto.
En marzo, Trump firmó una orden ejecutiva presionando para lograr cambios profundos en el proceso electoral, incluyendo la exigencia de presentar pruebas fehacientes de ciudadanía el día de voto o la exigencia de que todas las papeletas de voto por correo se reciban antes del cierre de las urnas el día de las elecciones, contra las prácticas de algunos estados que permiten el recuento si llegan después, especialmente en caso de militares. Los tribunales se han pronunciado ya sobre ello diciendo que no es admisible. "En pocas palabras, nuestra Constitución no permite al presidente imponer cambios unilaterales a los procedimientos electorales federales", escribió la semana pasada la jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly, en Washington, impidiendo que ciertas agencias federales solicitaran la ciudadanía al distribuir formularios de registro de votantes.
Los escenarios más negros no son ejercicios hipotéticos. A principios de enero, el Departamento de Justicia admitió que un empleado de DOGE (el organismo que durante unos meses dirigió Elon Musk y que tuvo acceso a casi todos los niveles de la administración, incluyendo datos privados de cientos de millones de personas) empotrado en la Seguridad Social "firmó un 'Acuerdo de Datos Electorales', en su calidad de empleado de la SSA", con un lobby cuyo "objetivo declarado era encontrar pruebas de fraude electoral y anular los resultados electorales en ciertos estados".
En entrevistas, mítines y en sus redes sociales Trump ha ido mucho más allá. En agosto avisó de que quería eliminar el uso del voto por correo, una de sus obsesiones desde hace mucho tiempo, e incluso abrió la puerta a prohibir el uso de máquinas de votación. Igualmente, ha amenazado con retirar fondos federales a lo estados que, como California, el que más votos al Colegio Electoral da en las presidenciales y feudo Demócrata, no cambien sus normas para exigir al menos presentar un DNI o carnet de conducir el día de los comicios[Esos estados usan sistemas de verificación previos y posteriores más complejos, aduciendo que históricamente los requisitos de identificación concreta han sido trampas de los Republicanos para limitar el voto de las minorías].
Trump va muy en serio. Lleva una década luchando para debilitar las leyes sobre voto, y más de un lustro colocando a afines en las juntas electorales estatales, partidarios que buscan la forma de complicar el voto de los potenciales simpatizantes Demócratas en distritos específicos. Incluso removió cielo y tierra para lograr el indulto de Tina Peters, ex secretaria del condado de Colorado que cumple nueve años de prisión por la manipulación de máquinas de votación en medio de una cruzada para probar que fueron utilizadas en un complot contra Trump. "Tuvimos tres candidatos republicanos que iban ganando el día de las elecciones en el ciclo anterior, y cada vez que llegaba un nuevo lote de papeletas, se reducían mágicamente hasta perder su ventaja. A primera vista, parece un fraude. ¿Puedo demostrarlo? No", se sumó el miércoles el speaker del Congreso, Mike Johnson, echando leña al fuego de forma muy burda cuando se le preguntó por la insistencia de la Casa Blanca en fraudes.
"El Departamento de Justicia ha pedido a muchos estados que acepten un 'memorando de entendimiento confidencial' para la entrega de sus expedientes electorales completos. Este acuerdo revela tanto los planes del Departamento de Pam Bondi de interferir con la autoridad de los estados para organizar elecciones como la peligrosa inseguridad de los datos confidenciales en manos del departamento. Esto proporciona aún más evidencia de la campaña de la administración para interferir en las próximas elecciones. El Gobierno quiere hacer su propio análisis de los expedientes electorales de los estados y luego ordenarles que eliminen a votantes específicos, algo que el gobierno federal nunca ha hecho antes. Sólo eso ya revolucionaría el sistema estadounidense", apunta Eileen O'Connor, del Brennan Center for Justice, uno de los centros que más está denunciando "la campaña para socavar las elecciones de mitad de mandato" del próximo noviembre.
Además, hay ahora mismo una guerra abierta entre los dos partidos mediante lo que se conoce como gerrymandering, una ingeniería demográfica que permite modificar los límites físicos de los distritos para poder conseguir más representación en Congreso. Trump empezó cambiando las normas en Texas, estado republicano, calculando que podrían conseguir hasta cinco congresistas más. California respondió haciendo lo propio. Y hay una decena de Estados que están en batallas políticas y judiciales para seguir esos pasos.
Si no esto no les parece suficiente, hay más. Hace dos semanas, agentes del FBI, siguiendo las instrucciones de la Casa Blanca y en una colaboración no aclarada y sin ningún tipo de base legal con Tulsi Gabbard, la escogida por Trump para liderar el equipo de Inteligencia Nacional, confiscaron 700 cajas de papeletas y otros registros de votación de las elecciones de 2020 en un centro electoral del condado de Fulton, en Georgia, donde Trump y sus aliados llevan años presentando denuncias falsas de fraude electoral. De forma completamente anómala, Gabbard llamó al presidente durante la operación y puso su teléfono en altavoz para que el propio Trump hablara con los agentes, elogiándolos y agradeciéndoles su labor. Todo ello tras haber cesado poco antes al principal responsable del FBI en la ciudad por negarse a participar en algo así.
Después de las elecciones de 2020, Trump presentó más de 60 pleitos por todo el país alegando todo tipo de fraudes. Los perdió todos. Ahora, ha exigido mediante cartas del Departamento de Justicia a más de 20 estados que entreguen todo tipo de documentación sobre las elecciones. No hay, claro, registros de qué voto cada ciudadano, pero sí listas con millones de nombres, direcciones, números de DNI o de la Seguridad Social sobre los que el Gobierno federal no debería tener ningún derecho. "Cuando piensen en elecciones corruptas, miren a Detroit, Pensilvania, Filadelfia, Atlanta. Horrible corrupción electoral. Son agentes del gobierno federal encargados de contar los votos. Si no pueden contar los votos legal y honestamente, entonces alguien más lo hará", advirtió Trump el martes.
En diciembre de 2020, en medio de llamadas a altos cargos republicanos para presionarles para que le "encontraran 10.000 votos" en lugares como Georgia, o para pedirles que no certificaran los resultados, algo a lo que se negó su propio vicepresidente, Trump discutió abiertamente con algunos asesores la posibilidad de usar a militares o agentes federales para confiscar las máquinas Dominion en varios estados donde creía que había habido fraude, con la idea de realizar un recuento de votos totalmente irregular.
Los asesores más radicales llegaron incluso a presentarle a Trump borradores de órdenes ejecutivas, pero al final la oposición de algunos abogados lo impidió. Este mes, en una entrevista con The New York Times, el presidente aseguró que "lamentaba no haber enviado a la Guardia Nacional" entonces a hacer esas labores. "Debería haberlo hecho, aunque no sé si son lo suficientemente sofisticados. Saben, son buenos guerreros, pero no estoy seguro de que sean lo suficientemente sofisticados, como los demócratas corruptos y sus trampas, como para darse cuenta de eso". No por casualidad, la Guardia Nacional se ha desplegado en 2025 por numerosos estados sin ninguna razón de peso, salvo acostumbrar a la población y estar ya movilizados por si es necesario usarlos.
Esta semana, analistas de Wall Street han empezado a explicar en sus informes para clientes (por ejemplo, George Pollack de Signum Global) cómo funcionan las leyes electorales básicas de EEUU y que el presidente no tiene poder para hacer algunas de las cosas que dice. Literalmente, el tipo de notas a las que los inversores están acostumbrados... en repúblicas bananeras y mercados emergentes.
"Hay cuatro grandes amenazas interconectadas a la integridad electoral en noviembre: el desmantelamiento de la infraestructura de seguridad electoral federal estadounidense, la campaña del Departamento de Justicia para obtener los archivos de votantes estatales, la erosión de las normas de redistribución de distritos electorales mediante la manipulación partidista y el nombramiento de negacionistas electorales en puestos federales clave de EEUU. Son, en conjunto, el mayor desafío a la integridad electoral en la historia moderna de Estados Unidos. El 'cortafuegos federalista' permanece intacto, pero se encuentra bajo constante ataque. Su preservación dependerá de la resistencia constante de los funcionarios estatales y locales, la vigilancia de la sociedad civil y la disposición de los tribunales para hacer cumplir los límites constitucionales y legales a la autoridad federal", dice un informe muy reciente del Toda Peace Institute. "Lo que está en juego va más allá de un solo ciclo electoral. Si la estrategia actual logra reconfigurar las condiciones electorales para predeterminar los resultados, el daño a la legitimidad democrática será profundo y duradero. El resultado sigue siendo incierto. Los preparativos deben comenzar ya", concluyen.