Los italianos votarán el domingo 22 y el lunes 23 de marzo un referéndum que servirá para reformar la Justicia y, consecuentemente, la Constitución del país. Los fiscales y los jueces pertenecen hasta ahora a la misma carrera profesional y, por tanto, pueden cambiar de puesto a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, apuesta por una reforma en la que los fiscales ejerzan, como en otros países, la acusación.
La Constitución italiana, de 1948, en su artículo 104, menciona que "la magistratura constituye un orden autónomo e independiente de cualquier otro poder". La reforma propuesta por Meloni incluiría en la Carta Magna una frase que señalaría la separación, dentro de la magistratura, entre jueces y fiscales. Eso aunque los cambios de puesto no son demasiado frecuentes. Según las informaciones publicadas por los principales medios de comunicación italianos, solo ha habido una veintena de cambios entre los 9.500 magistrados que hay hoy en activo en el país.
La reformulación de la carrera judicial no sólo divide al Gobierno y a la oposición, sino también a la misma judicatura. Para el Ejecutivo, la reforma servirá para evitar que los fiscales italianos interfieran en asuntos defendidos por el equipo de Meloni como, por ejemplo, el migratorio o la ejecución de grandes obras públicas.
Desde las filas del Gobierno, se considera que habría menos conflictos de intereses entre los fiscales y los jueces. Para la oposición y parte de la judicatura, la reforma favorecería que el Ejecutivo pueda controlar a los fiscales.
Se trata de un cambio de paradigma dentro del ordenamiento constitucional y judicial italiano con el que Meloni, a la que se achaca no haber llevado a cabo grandes reformas de peso, pretende reafirmar su dominio. Fue un histórico proyecto de Silvio Berlusconi, que nunca logró llevar a cabo.
Aunque Meloni ya ha confirmado que seguirá en el Palacio Chigi aunque pierda este referéndum, el resultado será un punto de inflexión en la hegemonía electoral de Meloni y los suyos en los sondeos. También en los equilibrios entre el Gobierno y oposición con la mirada puesta en las elecciones generales de otoño de 2027.
La elección de las fechas ha sido motivo de debate político en los últimos días, dado que para el Ejecutivo la fecha más adecuada era el primer domingo de marzo, mientras que para la oposición el mes de abril era más idóneo. Una fecha más cercana, a priori, habría favorecido a los partidarios de la reforma, mientras que una más tardía habría hecho lo mismo a favor de los contrarios a la modificación constitucional. Según el análisis de varios expertos políticos, el 22 y el 23 de marzo es la opción intermedia y equilibrada tanto para los comités del sí y del no.
En una reciente entrevista al Corriere della Sera, el ministro de Justicia italiano, Carlo Nordio, aseguró que desde el Ejecutivo no había prisa por acelerar la celebración del referéndum porque "estamos convencidos de que cuanto más informemos a los electores sobre el contenido y la importancia de esta reforma, más posibilidades hay de que vayan a las urnas y con resultados positivos".
Para los contrarios a esta reforma judicial, el Gobierno italiano "está ignorando la Constitución, que concede tres meses para proponer un referéndum". Aunque no precisa de cuórum, en Italia hay un problema sistemático de abstención, que en los últimos años supera con holgura el 50%. Por ello, se espera que los ciudadanos esta vez sí acudan de forma multitudinaria a las urnas para que cualquier resultado electoral tenga no sólo legitimidad legal, sino también popular.