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Días de nervios, represión y balancera en las calles de Caracas. El régimen, humillado por los Delta Force de Trump, se cierra aún más en sí mismo y corta cualquier atisbo de apertura. EEUU puede tutelar al gobierno desde la Casa Blanca, pero el chavismo no quiere testigos. Si alguien pensaba que el gobierno bolivariano iba a aflojar, a liberar los más de 800 presos políticos y a abrir la mano a la prensa, se equivoca.
En las últimas horas, los uniformados han apretado aún más el lazo de la censura contra los pocos informadores que permanecen dentro del país haciendo su trabajo en condiciones precarias, mientras mantienen cerradas las puertas a los reporteros de los medios internacionales, casi todos ellos haciendo directos en el puente Simón Bolivar de Cúcuta (frontera de Colombia), a la espera de que el régimen abra al fin la puerta de Venezuela. El portavoz de los republicanos en el Congreso, Mike Johnson, trató ayer de explicar que la operación contra Maduro «no es un cambio de régimen. Es una exigencia de un cambio de comportamiento por parte de un régimen». Pero el comportamiento es el mismo.
Los colectivos armados motorizados han salido a las calles tras la decapitación de Nicolás Maduro a «mantener el control» y eso incluye, dentro de la rutina habitual revolucionaria, la detención y el acoso de los reporteros.
En la jornada del lunes, mientras Delcy Rodríguez juraba su nuevo cargo como presidenta del país, 20 informadores eran detenidos por los agentes del temible SEBIN, el servicio de inteligencia bolivariano. Les confiscaron los equipos y les prohibieron grabar o transmitir en la Asamblea Nacional. Algunos han sido liberados y otros deportados o retenidos. Una reportera venezolana que permanece informando en el interior del país, contratada por una web de noticias, asegura a este periódico: «Estos días han multiplicado su agresividad. Tenemos claro que no van a dejar entrar a los compañeros de otros países y que a nosotros van a vigilarnos aún más. A todos nos piden que desbloqueemos nuestros celulares para copiar nuestras conversaciones y los contactos. Después te liberan, pero ellos ya tienen la información en sus manos», comenta mientras nos pide no desvelar su identidad.
Detenciones arbitrarias
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denuncia que al menos 23 periodistas y trabajadores siguen detenidos arbitrariamente por su labor informativa, y que la persecución estatal -detenciones, intimidación, bloqueo de medios- fomenta la autocensura y el apagón informativo. Más de 60 medios continúan bloqueados y las autoridades han usado herramientas administrativas y tecnológicas para restringir el acceso a fuentes alternativas de información.
«No es posible avanzar hacia una transición democrática en el país mientras persistan la persecución política, la censura, las detenciones arbitrarias y la vulneración sistemática de derechos fundamentales, que han debilitado el ejercicio del periodismo, el debate público y el derecho de la ciudadanía a estar informada», asegura este sindicato de informadores.
Venezuela sufre un apagón informativo estructural: los medios tradicionales han sido debilitados o cerrados, y gran parte de la población depende de fuentes externas, redes sociales o plataformas alternativas para informarse, mientras la narrativa oficial domina los espacios tradicionales y la retórica pública. Venezuela ocupa el puesto 160 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa.
Los agentes del régimen (fuerzas de seguridad, inteligencia, autoridades administrativas y estructuras parapoliciales) aplican un patrón sistemático de prácticas represivas contra periodistas y medios que va mucho más allá de episodios aislados. Las principales son: arrestos sin orden judicial mientras cubren protestas, elecciones o crisis políticas; retenciones durante horas o días para intimidar, incluso si luego son liberados; uso de cargos vagos como «instigación al odio», «terrorismo» o «conspiración»; incautación de cámaras, móviles, ordenadores y tarjetas de memoria; borrado forzoso de fotos y vídeos; pérdida de material sensible y fuentes oficiales y extraoficiales.
Además, los profesionales venezolanos sufren bloqueo de medios digitales y portales de noticias; cierre de radios y televisiones mediante sanciones administrativas o retirada de licencias; prohibición de cubrir actos oficiales o zonas «sensibles»; apertura de procesos penales largos y costosos para asfixiar económicamente al periodista o al medio; medidas cautelares: prohibición de salida del país, presentaciones periódicas ante tribunales; uso del sistema judicial como herramienta de castigo, no de justicia; seguimientos físicos y digitales; llamadas, mensajes y advertencias veladas de cuerpos de seguridad; amenazas directas contra familiares o fuentes de información; golpes durante detenciones o coberturas acreditados en numerosas ocasiones; insultos, humillaciones y exposición pública como «enemigos» o «mercenarios»; en algunos casos, tortura psicológica durante los interrogatorios.
Toda esta represión genera el que es el verdadero objetivo del régimen: la autocensura. Periodistas que dejan de firmar, medios que evitan ciertos temas y exilio de profesionales.