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A la sombra de un devastador incendio en un complejo de apartamentos que dejó más de 150 muertos, Hong Kong votaba este domingo para elegir a su nuevo Parlamento local, conocido como Consejo Legislativo. Se trataba de una convocatoria marcada no solo por la tragedia, sino también por la profunda transformación política que ha vaciado de pluralismo a unas instituciones que, hasta hace poco más de un lustro, aún albergaban una diversidad impensable en China continental.
Durante décadas, el Consejo Legislativo fue exhibido como una anomalía dentro del sistema político chino: un foro donde coexistían legisladores afines a Pekín con voces prodemocráticas capaces de fiscalizar al poder, bloquear proyectos y articular un discurso crítico. Hoy, aquellas voces han desaparecido por completo, silenciadas por la cárcel, el exilio o la inhabilitación política.
La atmósfera electoral ha sido engullida estos últimos días por una ira pública en aumento: muchos vecinos cuestionan la trasparencia y respuesta inicial del Gobierno tras el devastador incendio. Ante la imposibilidad de que esa furia ciudadana se traslade a las calles -una represiva ley de seguridad nacional persigue con dureza cualquier protesta pública no autorizada-, la baja participación prevista en estas elecciones legislativas será el mejor escrutinio para medir el descontento. A las 16:00 horas, la participación no llegaba al 20%.
Las investigaciones oficiales han determinado que el incendio del pasado 26 de noviembre, que se prolongó durante 43 horas, se propagó con una rapidez inusual debido a una combinación letal de factores: redes de pésima calidad, andamios de bambú y bloques de poliestireno instalados en las ventanas de edificios que se encontraban en proceso de renovación. Estos materiales, especialmente los andamios, habían sido señalados por ingenieros y expertos en seguridad como obsoletos y peligrosos, con recomendaciones explícitas para sustituirlos por estructuras metálicas, más seguras y resistentes al fuego.
La policía de Hong Kong ha detenido a 15 personas por presunto homicidio imprudente, en su mayoría altos cargos de la empresa contratista encargadas de las obras. No obstante, conforme aumentaba la presión social contra las autoridades, también fueron arrestadas tres personas acusadas de "intento de incitar a la discordia", un delito que, bajo la ley de seguridad nacional, puede ser tipificado como sedición y castigado con penas que llegan hasta la cadena perpetua.
Entre los detenidos figura un exconcejal de distrito, acusado de haber "incitado al odio contra el Gobierno". El jefe del Ejecutivo, John Lee -el ex ministro de Seguridad que fue figura clave en la aplicación de la nueva legislación represiva-, advirtió que las autoridades actuarían con firmeza contra quienes "utilicen el incendio para sabotear la ciudad". En la misma línea, un portavoz del Gobierno local aseguró que "fuerzas extranjeras y elementos anti-China" estaban difundiendo "rumores maliciosos" y "panfletos sediciosos" en redes sociales con el objetivo de desacreditar las labores de rescate y fomentar la división social.
Estos comentarios, que fueron posteriormente repetidos por otros funcionarios, eran idénticos a los que se utilizaron para criminalizar las masivas protestas pro democracia de 2019. A finales de aquel año se celebraron las últimas elecciones legislativas con participación de los partidos de la oposición, que arrasaron con 242 de los 300 escaños disponibles. Hubo una participación histórica por encima del 70%. En las pasadas elecciones legislativas de 2021, ya sin los críticos en las papeletas, la participación apenas superó el 30%.
Desde Pekín interpretaron los resultados de 2019 como un desafío histórico a su soberanía en la ex colonia británica. Por ello, después de barrer las manifestaciones de la calle, el siguiente paso fue cambiar las reglas del sistema electoral para que sólo los "patriotas" pudieran ocupar un asiento en las instituciones.
Hong Kong nunca ha llegado a ser una región que gozara de plena democracia. Antes de las protestas, al jefe del Ejecutivo local lo elegía directamente Pekín y solo se votaba por sufragio directo a la mitad de la cámara. Pero hasta la reforma electoral, se toleraba que los críticos ocuparan asientos en un Parlamento diverso en el que, aunque nunca fueron mayoría, sí que podían opinar y participar en las votaciones de los proyectos.
Según la ley electoral que entró en vigor en 2021, todos los candidatos, para poder presentarse, debían pasar el filtro de un comité elegido por Pekín. Este comité tiene que "garantizar que la ciudad está gobernada por los patriotas". Por ello, los pocos líderes de la oposición que permanecen en la ciudad -unos cuantos están en prisión y otros en el exilio- se han quedado fuera de cualquier candidatura.
De los aproximadamente 4,5 millones de residentes con derecho a voto en Hong Kong, solo pueden elegir de forma directa a 20 de los 90 miembros del Consejo Legislativo. Los 70 escaños restantes son asignados por comités dominados por sectores afines al poder, que incluyen representantes académicos y empresarios, sobre todo procedentes del influyente sector financiero. Este sistema consolida un Parlamento homogéneo, dócil y cada vez más alejado de la sociedad enfurecida a la que se supone que representa.