- Corrupción Cristina Kirchner tropieza nuevamente con la Justicia, que mantiene la prisión domiciliaria estricta
La Justicia argentina avanza de forma implacable sobre Cristina Fernández de Kirchner: condenada a seis años de prisión por defraudar al Estado, la dos veces presidenta deberá entregar más de 20 propiedades como parte de un decomiso de amplio espectro que busca recuperar 537 millones de dólares
En el caso de los Kirchner, se trata de 20 propiedades: un inmueble inscripto a nombre de la ex presidenta y 19 propiedades que fueron heredadas a título gratuito y en partes iguales, por sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.
Pero los decomisos no acaban ahí: Lázaro Báez, el testaferro de los Kirchner, perderá más de 80 propiedades e incluso inmuebles que son propiedad de las empresas utilizadas para la maniobra defraudatoria con las contrataciones de obra pública.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso señalaron, en la decisión conocida en la noche de este martes, que "el decomiso se inscribe en la tradición histórica del sistema penal argentino, orientada primordialmente a impedir que el delito comprobado rinda beneficios y a neutralizar los efectos patrimoniales de la conducta ilícita".
A su vez, los jueces añadieron que estos decomisos cumplirán una "función reparadora del daño social causado", y que son coherentes con la "política pública de recuperación de activos de la corrupción, obligación internacionalmente asumida por el Estado Argentino en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, entre otros instrumentos".
Mientras la Justicia decomisa las propiedades de los Kirchner, otro caso con malas perspectivas para la ex jefa de Estado, de 72 años, se está desarrollando en los tribunales.
Se trata de la conocida como causa Cuadernos, una gigantesca trama de corrupción, también con la obra pública como eje, que involucra a poderosos empresarios y al entonces gobierno peronista.
Los decomisos corresponden a la causa Vialidad, impulsada en 2016, en los inicios del Gobierno de Mauricio Macri, cuando el entonces director de la Dirección de Vialidad Nacional, a cargo de las carreteras de todo el país, interpuso una denuncia penal tras evaluar la situación que había heredado del Ejecutivo kirchnerista finalizado escasas semanas antes.
La Justicia comprobó la cartelización de la obra pública en la patagónica provincia de Santa Cruz -por años feudo de los Kirchner-, contratos licitados con sobreprecios y que invariablemente caían en manos de Austral Construcciones, la constructora de Báez.
¿Quién era Lázaro Báez? Modesto empleado en el Banco de Santa Cruz, trabó amistad con el entonces gobernador Néstor Kirchner, presidente entre 2003 y 2007. Austral Construcciones fue creada días antes de la asunción de Kirchner como presidente y se convirtió en la principal empresa constructora del país en términos de contratos del Estado.