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El Parlamento de Ucrania votó este martes a favor de un polémico proyecto de ley que, según los críticos, socava de forma decisiva el compromiso de Kiev de combatir la corrupción y amenaza con frustrar su intento de adhesión a la UE. A partir de una propuesta del partido de Volodimir Zelenski, 'El servidor del pueblo', se trata de una norma que pone a la Oficina Nacional Anticorrupción independiente de Ucrania, o NABU, y a la Oficina del Fiscal Especial Anticorrupción, o SAP, bajo la supervisión directa del fiscal general de Ucrania, un cargo político elegido a dedo por el propio Zelenski. La Comisión Europea se mostró «muy preocupada».
Como capítulo previo, ayer lunes, antes de que se aprobara esta ley, el servicio secreto ucraniano efectuó al menos 70 redadas contra empleados de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y detuvo a dos de sus detectives bajo acusaciones de colaborar con Rusia, aunque otras fuentes aseguran que estas medidas se toman después de que las investigaciones comiencen a sitiar a alguno de los miembros del equipo del presidente.
La explicación oficial a la operación no ha convencido a nadie, en una sociedad que está esperando explicaciones más convincentes. Aún no ha habido manifestaciones contra Zelenski desde que comenzó la invasión a gran escala en febrero de 2022, pero este movimiento podría desencadenarlas y ya hay varias llamadas para salir a la calle si finalmente el presidente firma la polémica norma. Este martes por la tarde una muchedumbre con carteles se citó en el centro de la capital para protestar por la aprobación de este texto.
Marta Kos, comisaria para la Ampliación Europea, aseguró tras la aprobación de la norma: «Estoy profundamente preocupada por la votación de hoy en la Rada. El desmantelamiento de las salvaguardias clave que protegen la independencia de la NABU es un grave retroceso. Organismos independientes como NABU y SAP son esenciales para la trayectoria de Ucrania hacia la UE. El Estado de derecho sigue siendo un elemento central de las negociaciones de adhesión».
Desde 2022, son numerosos los casos de corrupción rampante investigados por ambas oficinas. Y su número ha ido creciendo desde entonces, señal de que cada vez se ha hecho más eficiente. Han destapando casos de alto nivel en sectores clave como Defensa, Infraestructura y Justicia. Entre los más sonados figuran el soborno al presidente del Tribunal Supremo (2,7 millones de dólares), fraudes en Ukrzaliznytsia (ferrocarriles ucranianos) y Ukrenergo (empresa pública de energía), y malversaciones en contratos de suministros militares que suman decenas de millones de dólares.
160 acusaciones
En 2023 lograron enviar más de 160 acusaciones a los tribunales y recuperar fondos para el presupuesto de Defensa. En 2024 abrieron varios casos contra altos cargos ministeriales y ex asesores presidenciales, por no hablar de varios gobernadores de oblast y alcaldes de grandes ciudades envueltos en sobornos.
«La operación presenta todos los indicios de un intento de desmantelar la infraestructura anticorrupción», aseguró Daria Kaleniuk, directora ejecutiva del Centro de Acción Anticorrupción, al diario 'Kyiv Independent'. «Estamos presenciando el desmantelamiento de una década de esfuerzos anticorrupción en Ucrania. Esto supone un giro de 180 grados hacia la integración europea».
Artistas, deportistas y celebridades ucranianas han exigido al presidente Zelenski que no firme el documento, lo que impediría que la ley entrara en vigor. Por ejemplo, el chef Yevhen Klopotenko, muy conocido en Ucrania, escribió en su cuenta de X: «Si estamos construyendo una Ucrania fuerte, independiente y europea, entonces no puede haber tales votaciones y leyes en ella. Definitivamente necesitamos escuchar a la ciudadanía. A veces es difícil, pero estoy absolutamente seguro de que es la única vía hacia nuestro futuro. ¡Señor presidente, no firme esta ley!».
Tras la caída de la Unión Soviética, Ucrania heredó un Estado muy débil y una cultura política marcada por redes clientelares y corrupción sistémica. Las privatizaciones caóticas de los años 90 concentraron la riqueza en manos de oligarcas y mafias, exactamente igual que en Rusia, que capturaron instituciones y financiaron partidos para proteger sus intereses.
La falta de reformas judiciales, un Estado de derecho frágil y la influencia rusa en sectores clave consolidaron prácticas corruptas que, pese a las revoluciones de 2004 y 2014, siguen lastrando la gobernanza y el desarrollo del país. En los últimos tiempos, por su deseo de pertenencia a la Unión Europea, Kiev había realizado esfuerzos para ir arrinconando estas prácticas.