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En la bahía de Bengala, al este de India, hay un archipiélago formado por varias islas donde viven tribus que apenas han tenido contacto con el exterior. Después del devastador tsunami de 2004 en el Océano Índico, los indígenas de la isla de Sentinel del Norte trataron de derribar con flechas un helicóptero militar que sobrevolaba la zona para comprobar el estado de los grupos nativos. En 2018, un misionero evangélico estadounidense, John Allen Chau, fue asesinado por los sentineleses nada más poner un pie en la playa. En 2021, durante la pandemia, los aborígenes, armados con arcos y flechas, hicieron retroceder a algunas embarcaciones con trabajadores humanitarios que se disponían a entregar medicinas y comprobar si el virus también se había propagado por estas comunidades.
El Gobierno de India prohibió hace más de una década que los forasteros se acercaran a esta isla y se comprometió a no perturbar su aislamiento, ya que cualquier contacto podría ser mortal debido a que estos pueblos cazadores carecen de la inmunidad necesaria para resistir enfermedades comunes.
Pero hay un debate que ha saltado recientemente en el patio político del gigante del sur de Asia. Por primera vez desde 2011, los encuestadores del país más poblado del mundo se disponen a realizar un gran censo nacional: un complejo ejercicio administrativo y logístico que quieren llevar también hasta las aisladas comunidades de la bahía de Bengala, aunque no saben cómo hacerlo.
Algunos antropólogos dicen que es crucial saber si estas tribus están creciendo o disminuyendo, pero que hay que mapear a las poblaciones sin que haya ningún contacto directo ni hacer nada que altere su ecosistema. Se ha especulado con el posible uso de sigilosos drones bien equipados con cámaras de reconocimiento y sensores de movimiento.
India lleva desde 2021 retrasando la elaboración de un censo que es clave para planificar las políticas de bienestar del futuro, así como la asignación de fondos. El Ministerio del Interior informó de que el conteo se realizará en dos fases, con el objetivo de concluir en 2027. Una tarea nada sencilla, teniendo en cuenta el vasto territorio: desde las remotas regiones nevadas del Himalaya y las zonas en disputa de Cachemira hasta los desiertos de Rajastán.
En 2023, India dio el sorpasso a la vecina China y se convirtió oficialmente en el país más poblado del mundo, superando los 1.430 millones de habitantes, tal como lo reconoció Naciones Unidas. En el último censo de 2011, la población era de 1.210 millones. En un país donde nacen alrededor de 86.000 niños a diario, las previsiones para 2060 apuntan a que la población superará los 1.650 millones.
En el próximo censo, las autoridades han dicho que también recopilarán detalles de la casta a la que pertenecen los ciudadanos, un asunto política y socialmente muy delicado, que no se contabilizaba desde un censo nacional que se realizó en 1931, durante el dominio colonial británico.
Pero los dirigentes sostienen que todos estos datos son necesarios en un país lleno de contrastes y golpeado por desigualdades extremas. La pobreza, agudizada por la inflación, se extiende de norte a sur, y las tensiones étnicas, potenciadas por un Gobierno cada vez más arrinconado hacia un nacionalismo hindú muy extremista, crecen entre regiones tan dispares que se equilibran de distinta manera ante el auge demográfico. Mientras que en los estados norteños (Bihar y Uttar Pradesh), más pobres, la población sigue creciendo, en el sur, más rico, la tasa de natalidad se mantiene estable y en algunas regiones más prósperas incluso ha disminuido.
Está por ver cómo llevarán el ambicioso censo hasta las tribus indígenas de la bahía de Bengala, donde se cree que llevan viviendo en esta parte del Océano Índico desde hace más de 55.000 años. Actualmente, los pueblos están agrupados bajo la administración federal de Andamán y Nicobar, compuesta por más de 500 islas, de las cuales poco más de una treintena están habitadas.
Algunas comunidades ya se extinguieron tras la llegada de los primeros colonos británicos a mediados del siglo XIX. Entonces se estimaba que había aproximadamente 8.000 indígenas, agrupados en nueve tribus diferentes, y que el 80% de esta población murió a causa de las enfermedades importadas (neumonías, sarampión, sida, sífilis, tuberculosis...). Los investigadores creen que, en estos momentos, sólo quedan cinco tribus (jarawas, sentinelas, granandamaneses, onges y shompens) y se desconoce el número de sus miembros.
Hace unos meses, varios grupos de derechos humanos criticaron que los funcionarios habían repartido "tarjetas de identificación" a algunos miembros de una de las tribus, los jarawas, con la intención de que las distribuyeran entre su comunidad para que pudieran participar en las elecciones. "Este es un logro histórico en la evolución democrática de la India, que simboliza el compromiso del país de garantizar la inclusión y la equidad para todos los ciudadanos", manifestó Arjun Sharma, funcionario de la administración local.
Pero desde la organización Survival International denunciaron que este proyecto de inclusión, en realidad, se trataba de un engaño para atraer poco a poco a los indígenas hacia núcleos urbanos y alejarles de sus tierras, las cuales les quieren arrebatar para construir un megacentro económico que incluya una nueva ciudad, una terminal de contenedores, un aeropuerto y una central eléctrica.