Cuando quedan ya menos de dos semanas para saber quién será el próximo presidente de EEUU, en el estado de Georgia se habla de encuestas, de un récord histórico de participación y de amenazas a trabajadores, funcionarios y cargos políticos. Pero la palabra que se repite una y otra vez y marca el debate es otra: "challenges". El término, literalmente, quiere decir desafíos, retos, dificultades. Pero en el contexto electoral tiene otra acepción mucho más concreta, la de "impugnar", y se refiere a las polémicas leyes que permiten a cualquier persona 'denunciar' a su vecino, un familiar, a un total desconocido o miles de ellos con la esperanza de dejarlo fuera del censo.
Esa posibilidad es la que más divide, enfrenta y polariza. Y la que puede decidir el resultado de 2024, después de que Joe Biden se impusiera a Donald Trump hace cuatro años por menos de 12.000 votos. Los 'challenges' se están usado de forma masiva, y sobre todo por el partido republicano. Si se pregunta al gobernador Danny Kemp, al secretario de Estado Brad Raffensperger o a los responsables estatales del Partido Republicano, el único problema que ven es que pueda haber gente que no tiene derecho a votar y por eso deben ser purgados de las listas. Y aseguran que con ese mecanismo se está reforzando la confianza de los ciudadanos. Si se pregunta al Partido Demócrata y asociaciones civiles, se trata de una jugada a gran escala para manipular las elecciones y dejar fuera a decenas de miles de afroamericanos y otras minorías para condicionar los resultados.
Allegra Lawrence-Hardy, socia del bufete Lawrence & Bundy, y litigante jefe de Fair Action, asegura que es imposible saber cuántas impugnaciones se han producido porque no hay un registro centralizado, pero ellos tienen contabilizados por lo menos 185.000 casos desde las elecciones de 2020. En todo el Estado la cifra puede superar el medio millón en esta legislatura. El proceso no sólo es sencillo, sino que los republicanos, que controlan la oficina del gobernador, del secretario de Estado y la Junta Electoral Estatal, han modificado la normativa para hacer que sea todavía más fácil intentar privar de voto.
La mayoría de las peticiones se realizan por cambios de residencia no notificados o por discrepancias en el nombre exacto que consta en documentos. Una persona o una organización denuncian a alguien ante las juntas electorales de cada condado, y Georgia tiene 149. La junta examina la petición y puede ignorarla, en cuyo caso el expediente no se abre, o aprobarla. Y ahí la carga de la prueba pasa al denunciado. Lo lógico es que sea notificado para poder 'defenderse', pero a veces no se hace o la carta nunca llega a su destino.
Es un proceso administrativo en la mayoría de las ocasiones, pero exige presentar documentos, acudir a una cita, pedir hora y pelear. "Es fatigoso, lento. Mucha gente no tiene tiempo y lo deja pasar. Mucha gente no se da cuenta hasta que es demasiado tarde y ya no puede votar por no poder registrarse de nuevo. Los ciudadanos recién nacionalizados tienen más reservas y a menudo no van. Y ahora sabemos que los republicanos están usando herramientas de Inteligencia Artificial para identificar zonas predominantemente de minorías y demócratas para impugnar en bloque", explica la abogada Lawrence-Hardy en una sala de su sede, en el centro de Atlanta.
Según las estimaciones de Associated Press, más de 63.000 georgianos fueron impugnados en los 39 condados más poblados del estado desde el 1 de julio, cuando entró en vigor parcialmente la nueva ley que simplifica la maniobra. En la primera mitad de año, hubo por lo menos otros 18.000 casos más. Menos de 800 votantes han sido eliminados de los censos o puestos en una lista provisional. La amplia mayoría de las peticiones se rechazan ya que el cambio de vivienda no implica cambio de residencia en el condado, e incluso los denunciantes no se presentan a las vistas muchas veces. Pero todo suma.
Preguntado por cómo apenas el 1% de las impugnaciones sale adelante, Riche Jones, responsable del Partido Republicano en Georgia y que trabaja en el equipo del gobernador, lo tiene claro: "¿Cuánto es el 1% de 63.000? ¿En torno a 600 o 700? ¿No les parece suficiente y necesario sacar de los censos a 700 personas que no tienen derecho a votar? A mí sí". Apretado sobre cómo eso no hubiera cambiado los resultados de 2020, cuando la diferencia fue de 11.779, su análisis es inmediato: "puede que ahora sí lo hagan".
Incluso cuando se rechazan, las denuncias de votantes presentan grandes problemas. Una impugnación de 2022 a 37.000 votantes en el condado de Gwinnett obligó a entre 5 y 10 miembros del personal electoral a trabajar "todo el día, todos los días, seis días a la semana" durante varias semanas y no encontró ni un solo votante no elegible, explica Andrew Garber, experto del Brennan Center de la Universidad de Nueva York. "De hecho, en al menos un caso, los defensores de las impugnaciones masivas han declarado que su objetivo es abrumar a los funcionarios electorales; los defensores pueden luego venderles a los funcionarios "soluciones" que en realidad son solo las listas de impugnaciones con otro nombre".
El miércoles, en una rueda de prensa explicando los datos provisionales de participación y voto anticipado, el secretario de Estado Raffensperger, encargado del proceso electoral, señaló que una auditoría en profundidad de los más de ocho millones de inscritos en el censo electoral encontró que había 20 personas sin ciudadanía estadounidense incluidas en los registros del Estado, y que habían sido eliminadas. De ellas, 11 nunca han votado, pero nueve lo hicieron alguna vez en el pasado. Sus datos están ahora en manos de la Fiscalía para que decida cómo proceder.
"Los negacionistas electorales simplemente quieren quitarle su derecho a la gente. Usan listas de cambios de direcciones, exprimen Google y usa Inteligencia Artificial. No les ha salido bien porque la mayoría se rechazan, pero en unas elecciones tan ajustadas todo cuenta. Y sobre todo, lo que quieren es generar ruido, caos, desconfianza, para poder decir tras elecciones que ya habían avisado de que habría muchos fraudes y que los resultados no se pueden certificar", indican en Fair Fight, asociación dedicada a luchar contra la "supresión del voto, la intimidación y los mitos sobre fraude". Fue fundada por la ex congresista Stacey Abrams (Lawrence-Hardy llevó sus campañas y es ahora su litigante jefe), que no logró convertirse en gobernadora y que desde 2018 denuncia que perdió por culpa de esas maniobras que laminaron sus bases de votantes.
"Cuando nos denuncia Stacey Abrams perdemos la confianza de votantes de izquierda. Cuando nos denuncia Donald Trump perdemos la confianza de votantes de derecha. Pero el sistema electoral funciona en Georgia, ha sido ratificado por el Tribunal Supremo del Estado y garantiza que votan todos los que tienen que votar y que todo el que tiene derecho puede hacerlo", zanja Gabriel Sterling, responsable en la secretaría de Estado, en una charla a la puerta de su despacho, en el Capitolio de Atlanta.