El dolor de Afganistán lleva décadas desbordando sus fronteras. Una guerra ha dado paso a otra. Mientras el pasado verano el péndulo de la historia devolvía a los talibán el poder, otra tragedia, también con los afganos de protagonistas, tenía lugar a 6.000 kilómetros de la patria. En la ciudad de Medan, isla de Sumatra, Ahmad Shah se untaba el cuerpo con gasolina, tomaba dos mecheros y se prendía fuego frente a la sede de la Organización para la Migración de Indonesia (IOM). Todo quedó grabado.
Sus acciones son un síntoma más de la desesperación que embarga a cerca de 14.000 afganos en ese país del sudeste asiático. Personas que, tras huir de la guerra en su país durante la última década con la expectativa de asentarse en otro lugar, donde poder intentar proseguir con sus vidas, quedaron atrapadas en una suerte de limbo. En Indonesia, donde sus derechos apenas están reconocidos, casi nada pueden hacer, pero tampoco pueden tirar adelante por la indisposición de terceros países a acogerlos.
"Mi familia y yo llevamos aquí siete años, sin derechos humanos básicos. Huimos por la violencia y la guerra. Sólo queríamos un sitio seguro, sin importar dónde. Un lugar al que llamar 'hogar', donde mis hijos puedan ir al colegio y yo pueda proseguir con mi sueño de atleta". Quien habla a EL MUNDO es Meena Asadi, de 28 años, ex luchadora del equipo nacional de kárate de Afganistán y fundadora de un club en Jakarta exclusivo para refugiados. "Para que sean fuertes, para que perseveren", sentencia.
"Nos sentimos como prisioneros"
Esta medallista ha denunciado reiteradamente su compleja situación. Puesto que Indonesia no es firmante de la Convención de los Refugiados de 1951 y su subsiguiente Protocolo de 1967, que habilita al país a acoger solicitantes de asilo, Jakarta no garantiza las condiciones suficientes para iniciar una nueva vida. A través de la IOM, los afganos pueden acceder a una vivienda provisional, a menudo de baja calidad, y a una renta equivalente a cerca de 76 euros mensuales. Los niños, 30 euros.
Por contra, los afganos en suelo indonesio no tienen derecho a un permiso de trabajo, no pueden tener propiedades y no se les permite desplazarse entre ciudades. Unas condiciones, en medio de una espera agónica a que algún país los acepte, que algunos afganos tildan de "carcelarias". "Estar en un limbo por tanto tiempo, con incertidumbre y falta de derechos, causa graves problemas psicológicos y ansiedad. Nos sentimos como prisioneros que no saben cuándo serán liberados", lamenta Asadi.
Prácticamente todos los afganos solicitantes de asilo en Indonesia son hazaras, una minoría que profesa el chiísmo y que ha sido duramente perseguida por los fundamentalistas durante años. Hoy, son objetivo del Estado Islámico. Eso significa que, para la mayoría, regresar a Afganistán no es una opción. "Quienes viven independientemente en Jakarta y aledaños recibían ayuda de sus parientes y amigos. Pero, con la llegada de los talibán al poder, este apoyo se ha terminado o se ha reducido considerablemente", alerta la karateka.
Gran parte de las críticas de los afganos en Indonesia se centran en la IOM, una entidad a la que, junto con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Meena Asadi acusa de "no aportar soluciones". "No han hecho campaña a nivel internacional para que los países acepten incrementar la cantidad de refugiados que aceptan de Indonesia. Ambas organizaciones han intentado mantener a los refugiados aquí durante años, para así no quedarse sin empleo por la salida de refugiados", sostiene.
"La IOM continuará proporcionando programas de salud, psicosociales y de protección a todos los refugiados en Medan y en todo el país", argumenta esta institución, en un comunicado a la cadena Al Jazeera. Entretanto, prosiguen las protestas. Decenas de afganos, presas del hastío, han plantado sus tiendas de campaña frente a las oficinas de la ACNUR y la IOM. Para visibilizar esta sensación, algunos han cogido hilo, aguja y han sellado sus bocas: el hambre y la mordaza es lo que define su vida.
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