Sin seguridad jurídica, no hay industria que aguante. Ese es el mensaje que la Xunta quiso lanzar este miércoles desde A Coruña, donde defendió que el diálogo entre el ámbito legal, el empresarial y el institucional es una condición básica para que Galicia consolide su desarrollo industrial en un escenario cada vez más competitivo. "Las empresas necesitan marcos normativos claros, estables y previsibles para invertir, innovar y crecer", advirtió la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.
El aviso llegó durante la inauguración del VII Congreso Nacional Empresa 360º, en el que Galicia se presentó como un territorio que aspira a jugar un papel activo en la nueva Europa industrial. "Queremos ser parte de esa Europa que avanza, que innova y que no renuncia a su base productiva", sostuvo Lorenzana, que reclamó una regulación comunitaria capaz de acompañar al tejido empresarial —especialmente a las pymes— con plazos razonables y certidumbre normativa. De lo contrario, alertó, el riesgo es perder competitividad frente a otras regiones del mundo.
Los datos, defendió, respaldan esa ambición. La industria gallega aporta en torno al 17% del PIB, por encima de la media nacional, y sostiene más de 200.000 empleos directos e indirectos. A ello se suma un factor que hoy pesa más que nunca: el peso de las renovables, con más del 60% de la electricidad generada a partir de fuentes limpias, una ventaja clave para atraer proyectos industriales intensivos en consumo energético.
Ese potencial, sin embargo, no se sostiene solo con infraestructuras o energía barata. También exige talento. En plena transformación tecnológica, con la inteligencia artificial y la digitalización redefiniendo los procesos productivos, Lorenzana defendió una universidad capaz de anticiparse a las nuevas demandas del mercado laboral. Europa —añadió— debe liderar ese cambio "desde sus valores", combinando competitividad, cohesión social y protección de derechos.
La misma idea fue reforzada por el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, que situó a Galicia en una posición ventajosa ante la cuarta revolución industrial. Tras décadas en las que la dispersión territorial obligó a centrar esfuerzos en la conectividad y el acceso a los servicios públicos, sostuvo, la comunidad ha logrado anticiparse a la nueva etapa digital.
Ese adelanto se apoya, explicó, en un sector tecnológico en expansión y en la Estrategia Galicia Dixital 2030, la hoja de ruta con la que la Xunta busca poner las nuevas tecnologías al servicio del bienestar y de la creación de riqueza, tras haber abordado primero los retos de conectividad, capacitación digital y modernización de la Administración.
Como símbolo de esa apuesta, Corgos destacó que Galicia se ha convertido en la primera región europea en aprobar una ley que regula el uso de la inteligencia artificial en la Administración y promueve su implantación en todos los ámbitos, un paso con el que el Gobierno gallego quiere avanzar en eficiencia sin renunciar a garantías jurídicas ni a los derechos de la ciudadanía.