Las cacerías de txakurras -perros, en euskera- se desataron en diciembre de 1959. ETA estrenaba ese lenguaje de pólvora y martirologio, queriendo convencer de que matar al enemigo llevaría a la redención de la patria vasca. Pero esa misma fe irracional cambiaría de manos. Porque, al calor de la muerte de Franco, esa lógica retorcida se disfrazó -incluso, con sello gubernamental- para limpiar a uno y otro lado de las fronteras trazadas por la violencia del tardofranquismo. A esa mar incierta de la recién inaugurada Transición, en la que se mezclaba y se confundía el deseo de libertad, la nostalgia y el miedo a perder -y que ya cargaba con el peso de 44 víctimas de ETA-, se sumaron los regueros de sangre de una maraña de grupos terroristas. «La extrema izquierda empieza a actuar antes porque tiene algo contra lo que luchar. La aparición de la violencia de extrema derecha, una vez muerto Franco, se explica porque pierden la fuerza gubernamental», explica el doctor en Humanidades por la Universidad Rey Juan Carlos, Miguel Madueño.
Sólo cuatro días después del fallecimiento del dictador llegó la primera víctima política. El 24 de noviembre de 1975 un desconocido disparó en el pecho a Antonio Echevarría, alcalde de Oyarzun (Guipúzcoa), en su propia casa. Aquel asesinato, cometido por ETA, fue una declaración de intenciones para dar paso a una secuencia sostenida que acabaría con 41 políticos. La violencia durante los siete años de la Transición dejaría 591 muertos, víctimas de la extrema derecha, la extrema izquierda, la guerra sucia y la represión.
La coyuntura de ese tiempo, lleno de aspiraciones en el despertar de una España inédita y del sueño de otros por el inmovilismo anterior, desembocó en el desorden político. Como explica el propio Madueño, la Transición «no llegó por igual, ni al mismo tiempo» a todos los ámbitos de la vida española. A la sombra del inmovilismo reinante con Franco, sobrevivieron núcleos enquistados de poder que, incapaces de aceptar el giro, se dedicaron a intentar sabotearlo. Aparecieron «grupúsculos instrumentalizados», como los Guerrilleros de Cristo Rey, con el fin de «desestabilizar» cualquier intento de cambio. Con una estrategia poco clara, sin un liderazgo definido y desorganizados, su repertorio de «violencia callejera» -palizas, amenazas y quemas de locales- parecía más espontáneo que programado, y aun así dejó tres muertos.
Pero la extrema derecha, demostrando que la alquimia de odio y fe política no era exclusiva del independentismo vasco, incubó otra criatura violenta: el terrorismo vigilante. A modo de reflejo y respuesta, y ante la poca efectividad policial para investigar, individuos de extrema derecha y otros que juraban defender a España se fueron configurando alrededor de siglas -Batallón Vasco Español (BVE), Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A), Antiterrorismo ETA (ATE), Acción Nacional Española (ANE), Grupos Antiterroristas ETA (GAE), etc.- para ejecutar actividades delictivas dirigidas, fundamentalmente, contra simpatizantes o miembros de ETA. Su misión real, pronto, fue más amplia porque, igual que para ETA los txakurras terminaron siendo cualquier español, para ellos las ratas acabaron siendo cualquier ciudadano. «Aunque pueden haber llegado a tener vínculos policiales, eran grupos al margen de cualquier ayuda policial», explica Madueño, «tenían un objetivo claro: 'vigilar' al terrorista con las mismas armas que los terroristas». Secuestraron, violaron, torturaron y ejecutaron a personas sin ningún tipo de afiliación política, como a María José Bravo del Barrio, de 16 años, o a Ane Tere Barrueta, de 17. En siete años, la extrema derecha dejó 62 víctimas.
Al mismo tiempo que la extrema derecha agitaba su propio vendaval, en las antípodas del mapa político se acumulaba más pólvora. En el verano de 1975 el Grapo irrumpía en la escena para, como diría su ex miembro Pío Moa años después, «asestar un martillazo en la bisagra entre la dictadura y la democracia». Su búsqueda de la revolución total los acabaría convirtiendo, después de ETA, en la banda terrorista española más mortífera con 93 víctimas y, al menos, tres secuestros. Uno de ellos, conocido como Operación Cromo, marcó un punto de inflexión. En diciembre de 1976 tomaron como rehenes a Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado, y a Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, reclamando la liberación de presos antifranquistas. Aunque en 2006 la Guardia Civil detuvo a los últimos miembros de la organización, el GRAPO nunca ha anunciado de manera oficial su disolución.
No pararon de aparecer puntos marcados en el mapa del terror español. Nombres para la fatídica historia: el California 47, con sus 9 muertos y más de 60 heridos; la matanza de Atocha; la cafetería Rolando... Cada atentado dejaba tras de sí un silencio que dolía y que aún hoy parece reverberar. Y, sin embargo, a todo este paradigma subversivo y violento todavía le faltaba un actor más, uno que no surgía de las sombras de la ideología ni de la rebelión callejera, sino del propio aparato del Estado. Era la guerra sucia contra ETA, la violencia revestida de legalidad, ejecutada por los GAL. Una «forma equivocada para combatir el terrorismo por parte de una democracia», como reflexiona Madueño, que entre 1983 y 1987 dejó 27 víctimas mortales, muchas en territorio francés. La violencia del Estado enturbió aún más el derecho a la verdad de los familiares de víctimas del terrorismo. No solo porque, por medio de sus acciones -secuestros, asesinatos y torturas-, murieran etarras -además de inocentes que nada tenían que ver con ETA- antes de ser juzgados o de revelar información sobre otros crímenes, sino porque la opacidad y la clandestinidad convertían cada caso en un misterio. Y es que la participación del Estado y las fuerzas parapoliciales en este amalgama de terror y violencia sólo dificultó la justicia para los muertos e impidió que las familias apaciguaran su dolor.
Tras el ruido de los carpetazos a casos, del rugido del motor de la furgoneta que acercaba a los presos de ETA al País Vasco, de los chivatazos y las coacciones, quedó el silencio en muchas casas. Como ocurrió con 379 familias, marcadas por asesinatos sin resolver. O de otras 188, heridas por la ausencia cobrada por la violencia parapolicial a la que nunca se le pudo poner rostro.
Y dentro de la falta de consuelo, aún hay una desazón mayor: la de aquellos que nunca se encontraron sus cuerpos. Como ocurrió con la familia de Coral Rodríguez Fouz. Era marzo de 1973. La censura aún no había remitido y los más caprichosos y cinéfilos cruzaban la frontera para ver los estrenos. José Humberto Fouz, de 29 años, Jorge Juan García, de 23 y Fernando Quiroga, de 25, habían llegado a Irún para trabajar. Aquel sábado 24 de marzo se montaron en el Morris Austin 1300 Victoria blanco de Humberto para llegar a San Juan de Luz y ver El último tango en París. De regreso, quizá por la euforia de la película de Bertolucci o por los impulsos de juventud en una noche de sábado, decidieron detenerse en una discoteca llamada La Lycorne.
Allí estaba El Hueso (Tomás Pérez Revilla) escoltado por El Casero (Manuel Murúa Alberdi), El Ruso (Ceferino Arévalo Imaz) y Basacarte (Jesús de la Fuente Iruretagoyena). Nadie tiene la certeza de qué y cómo pasaron las cosas. Lo único que los gallegos desaparecieron y que ese Austin con matrícula de La Coruña (C-2143 B) estuvo circulando por el sur de Francia y que, una vez cambiado el número, cruzó la frontera. Nunca se llegó a encontrar el vehículo y, acaso casualidad, era el mismo modelo y color de aquel que apareciera ocho meses después, el 20 de diciembre de ese año, aparcado en doble fila en la calle Claudio Coello de Madrid, el día en que una explosión hizo volar por los aires el coche de Carrero Blanco.
Al sumario accedió, años después, la sobrina de Humberto: Coral. Unas escasísimas 142 páginas, llenas de recortes de prensa, y que concluían casi todas, como recuerda, con vagos «no ha lugar». Tres palabras, sin alma, para desechar toda investigación. El caso no se reabrió hasta 2005, como Coral recuerda a EL MUNDO. El juez García Castellón la llamó el 8 de noviembre para informarle. Nueve días más tarde, se confirmaba la reapertura y su traslado a la Audiencia Nacional, donde, un año después, el juez Andreu lo archivaría.
En todas estas décadas, Coral y su familia han buscado una pista que les lleve hasta un cuerpo al que llorar. Ella nunca ha desistido. Mandó cartas a etarras; incluso escribió al mismísimo Murúa, aunque jamás obtuvo respuesta. Estaba dispuesta a carearse con ellos para extraer un detalle que señalara el paradero de su tío y de sus amigos. Pero los etarras nunca cedieron ante sus peticiones, que sólo buscaban, como ella misma dice, «un poco de humanidad». Lo que ocurrió realmente con Humberto, Jorge y Fernando sólo lo saben los cuatro etarras, dos de los cuales ya han muerto: Pérez Revilla -a manos del GAL- y Murúa.
El caso también revela un pliegue incómodo. ETA no sólo era un grupo armado que actuaba a golpe de improvisación, sino una organización con jerarquías, disciplina y, sobre todo, con un instinto casi diplomático para no ofender a quienes podía considerar sus satélites naturales: Exército Guerrilheiro do Pobo Galego, Terra Lliure y otros movimientos. Admitir la autoría del crimen de unos compatriotas gallegos y trabajadores hubiese denotado una torpeza que resquebrajaría las solidaridades periféricas. El propio etarra Soares Gamboa, quien fue jefe del comando Madrid, lo dejó caer años después en Agur ETA: «El caso de los gallegos es una de las grandes cuentas pendientes» de la banda.
La Transición no fue plácida. Fue un proceso político sometido a una gran violencia, que consiguió sobrevivir a ella, pero a costa de unas heridas muy profundas para muchas personas. En demasiados casos no se hizo justicia y la democracia no supo llenar el vacío que las pistolas y las bombas dejaron en cientos de víctimas, con las que la sociedad española sigue estando en deuda. B