La Audiencia Nacional ha comenzado este lunes el juicio por el caso Dina, centrado en el recorrido de la tarjeta de memoria robada en 2015 a Dina Bousselham cuando era asesora de Pablo Iglesias. En el banquillo se sientan por revelación de secretos el comisario José Manuel Villarejo y dos periodistas de Interviú por una rama de la investigación. En la otra, el propio Iglesias estuvo cerca de la imputación.
El entonces vicepresidente del Gobierno se libró porque estaba aforado ante el Tribunal Supremo. El juez del caso, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón consideró a Iglesias responsable de destruir la tarjeta de memoria del móvil de Bousselham que desde la revista se le había hecho llegar. El Alto Tribunal consideró incompleta la investigación y rechazó imputar a Iglesias.
Finalmente, el fundador de Podemos ejerce la acusación en la vista oral que arranca este lunes. Lo que se juzga en la Sección Cuarta es la decisión del ex director de Interviú Alberto Pozas y uno de sus periodistas, Luis Rendueles, de entregar una copia del contenido de la tarjeta a Villarejo. Según el escrito de acusación, el comisario la trasladó a su vez a periodistas de otros dos medios digitales para que elaboraran informaciones perjudiciales para Podemos.
La vista ha arrancado con una novedad relevante. Las acusaciones particulares que ejercen Iglesias y Bousselham han llegado a un acuerdo con las defensas de los dos periodistas para otorgarles el perdón. A cambio, ellos reconocían la entrega de la tarjeta a Villarejo en el ejercicio de sus tareas de periodistas.
Dado el carácter del delito de revelación de secretos por parte de particulares, eso impediría que la Fiscalía siguiera acusándoles y el caso se cerraría para ellos dos. La vista continuaría solo contra Villarejo, puesto que como funcionario su delito sería público y al fiscal no le afectaría la decisión de los particulares.
El juicio se ha suspendido durante más de una hora para evaluar el alcance de la nueva situación. En ese tiempo, Bousselham se ha personado en la Audiencia y ha confirmado personalmente al tribunal que otorgaba el perdón "expreso e irrevocable" a los dos periodistas.
La intención de la Sala era realizar el mismo trámite por videoconferencia con Pablo Iglesias, que según su abogado se encuentra en México. Tras unos minutos de problemas técnicos, así ha sido: mesándose la perilla, Iglesias ha confirmado el perdón. Momentos después, los dos periodistas quedaban fuera del juicio y abandonaban la sala.
En la primera sesión del juicio, los letrados de Iglesias y Bousselham han pedido al tribunal que revoque la decisión de citar como testigo a José Manuel Calvalcante, ex responsable jurídico Podemos. Cavalcante denunció las maniobras de Iglesias para presentar la filtración de la tarjeta como una operación de las cloacas, pese a que en conversaciones internas daban por hecho que obedecía filtraciones por rencillas internas. El tribunal ha rechazado las alegaciones y Cavalcante testificará.
La defensa de Villarejo también ha recibido su negativa del tribunal. Quería que se incorporara a la causa un chat que a su juicio reflejaría la connivencia de Iglesias y la Fiscalía para crear esta investigación de forma artificial con el objetivo de presentar a Podemos como víctima de maniobras policiales.
Un robo en el aparcamiento
La Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de cárcel para el ahora único acusado y la representación de Iglesias, cuatro. La investigación comenzó con la detención de Villarejo, a quien se le encontró una copia de la tarjeta robada a Bousselham en un parking de Ikea de Alcorcón en noviembre de 2015.
Según el relato de la Fiscalía en su escrito de acusación, en enero de 2016 una persona anónima entregó la tarjeta en Interviú. La desaparecida revista decidió no publicar su contenido y el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, se la entregó a Iglesias, considerando que podía ser suya. Los dos periodistas guardaron una copia que el comisario les pidió poco después. Ambos alegan que se limitaron a responder a un requerimiento policial.
Lo que finalmente no llegó a juicio es lo que hizo Iglesias con una tarjeta de memoria que no era suya. La recibió en buen estado, porque comprobó su contenido en Interviú. Contenía, según el fiscal, "archivos con documentos internos del partido político Podemos, diversos datos bancarios, archivos de vídeo y audio, otros documentos con archivos de carácter íntimo y personal, entre ellos fotografías de Dina Bousselham semidesnuda, y diversos grupos de chats de Telegram, entre ellos los llamados 'EQUIPO PORTAVOZ' y 'SUPERAGENTE' en el que estaban dados de alta otros miembros de la cúpula del citado partido político".
Iglesias tardó meses en devolver la tarjeta a su propietaria. Según declaró públicamente, se resistió a hacerlo para protegerla y no someterla "a más presión". Bousselham declaró al juez que cuando la recibió, la tarjeta estaba dañada y no pudo acceder a su contenido, lo que señalaba a Iglesias por un delito de daños informáticos. Su ex asesora rectificó y dijo que primero pudo acceder a ella y luego no. Un informe policial indicando que no era posible determinar cuándo fue dañada determinó el archivo de unos daños de los que Iglesias era sospechoso.
En el juicio de esta pieza 10 del caso Tándem Iglesia se presenta como víctima de una operación de las "cloacas" del Estado contra él y Podemos. El ex vicepresidente del Gobierno está citado como testigo en la vista oral, prevista hasta el jueves.