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El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos afronta esta semana la vista en la que la Fiscalía Anticorrupción pedirá agravar sus medidas cautelares con apenas 6.000 euros en sus cuentas bancarias, sin posibilidad de hacer frente a una eventual fianza para evitar su ingreso en prisión y con la decisión de seguir manteniendo el acta de diputado pase lo que pase. El ex líder socialista acudirá el próximo jueves al Tribunal Supremo en compañía de su ex asesor personal Koldo García después de que el Ministerio Público haya solicitado para ambos unas penas de 24 y 19 años de prisión por la trama de compra de mascarillas, motivo por el cual el fiscal Alejandro Luzón considera que el juez Leopoldo Puente debe decidir si ingresan ya en la cárcel.
Ábalos ha traslado a su entorno, según ha podido saber EL MUNDO, que sus cuentas registran el referido saldo tras ganar una reciente demanda al honor, pero que tiene que hacer frente a gastos judiciales inminentes que dejarán sus depósitos todavía más mermados. Por ello encaja la petición del Ministerio Público como una "maniobra de intimidación para que aflore un dinero que no tiene". "Tanto el juez como la Fiscalía saben que no tengo dinero y que si solicitan mi ingreso en prisión no me quedará más remedio que entrar", ha repetido durante las últimas horas. El también ex secretario de Organización socialista insiste en que no tiene fondos ocultos y que su patrimonio, tras su separación, ha quedado reducido a su vivienda habitual en Valencia, que adquirió hace décadas por 27.000 euros, y el local situado bajo el inmueble, que compró por 90.000 euros en 2020, quedó anegado por una filtración de aguas fecales y cuyo valor de mercado ha disminuido considerablemente.
De tal forma que valora en "mucho menos de 300.000 euros" su patrimonio y subraya que no tiene capacidad de solicitar préstamos toda vez que añade que incluso tiene que hacer todavía frente a deudas contraídas con terceros. Asimismo, defenderá a través de su defensa que ha venido cumpliendo las medidas cautelares que le fueron impuestas, que si hubiera tenido una fortuna oculta ya habría podido eludir la acción de la Justicia y que su arraigo en España está acreditado. En estos momentos pesa sobre él la obligación de comparecer quincenalmente ante el juez y tiene retirado el pasaporte con la consiguiente prohibición de salir de nuestro país.
Ábalos arguye que si le imponen una fianza quedará abocado a ingresar en la cárcel convirtiéndose en el "primer diputado" que estaría privado de libertad, con el consiguiente "escándalo internacional". Lejos de plantearse un acuerdo con la Fiscalía, a la que ya tanteó a través de su antiguo abogado hace unos meses sin éxito, sigue decidido a defender que no se enriqueció con la adjudicación de los contratos de material sanitario a la empresa intermediada por Víctor de Aldama y que su situación contrasta con la de este empresario y la de algunos de sus antiguos socios, que sí se enriquecieron con esas operaciones. También recalca que están pendientes varios recursos que ha interpuesto y que no esperar a su resolución antes de pronunciarse sobre su situación personal es irregular.
El magistrado Leopoldo Puente, que tendrá en unos días la última palabra tras la petición de ingreso en prisión de Anticorrupción, que puede optar por requerir una prisión incondicional o eludible con una caución, ya especificó el pasado mes de octubre que existía un riesgo "creciente" de fuga a medida que se acercaba la fecha del primer juicio del denominado caso Koldo. Cabe recordar que Anticorrupción atribuye a Ábalos y Koldo cinco delitos: organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicita una multa de 3,9 millones así como una indemnización de más de 40.000 euros para las empresas públicas Ineco y Tragsatec por la colocación en ellas de la ex pareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, que ha admitido que cobró fondos públicos sin ir a trabajar. Por su parte, Aldama tiene que hacer frente a una petición mucho menos, de 7 años de cárcel, tras apreciar la Fiscalía que ha entregado "información relevante" para la causa. Las acusaciones populares ya han anunciado que pedirán, de nuevo, el encarcelamiento de Ábalos y Koldo por la gravedad de los delitos que se les atribuyen.
Será la cita crucial esta semana en los casos que cercan al PSOE. La pasada semana, estuvo marcada por el informe Cerdán. A ese respecto, desde el entorno del ex secretario de Organización sostienen que sólo tuvo conocimiento de la existencia de la sociedad instrumental navarra cuando su ex asesor Koldo García se contrarió con Cerdán a finales de 2023 al comprobar que, de pronto, no le contestaba las llamadas de teléfono ni los mensajes.
En ese momento le trasladó a Ábalos que tenía información sensible de quien entonces era mano derecha del presidente del Gobierno, le detalló la vinculación de Cerdán con el empresario Antxon Alonso, con quien compartía desde 2016 el accionariado de Servinabar, y le avanzó que tenía en su poder una grabación muy comprometedora que estaba dispuesto a sacarla «para matarlo» si seguía sin recibirle.
El enfado de Koldo García con Cerdán estalló meses antes de su detención por la Audiencia Nacional y asoció inmediatamente el distanciamiento a que manejaba información privilegiada de que la Guardia Civil tenía previsto detenerlo en breve. No en vano, dijo que le habían llegado comentarios realizados por Cerdán en Navarra en ese sentido.
De ahí que Ábalos también mostrara su sorpresa al comprobar, que tras estallar el caso Koldo, Cerdán no sólo quisiera seguir en primera línea del partido tras la detención de su antiguo colaborador sino que incrementase su presencia pública. "Es inexplicable que no quisiera salirse del foco con todo lo que hemos conocido hasta ahora", ha asegurado Ábalos en privado durante los últimos días, al tiempo que ha recalcado que las operaciones realizadas entre Koldo y Cerdán al llegar al Gobierno le eran completamente ajenas y correspondían a una "dinámica previa" entre ambos que fue trasladada al Ministerio de Transportes.
Ahora, el interés se redirige sobre el mismo. Tras salir Cerdán de prisión el pasado miércoles, ese riesgo se cierne sobre él. "A Bárcenas le descubrieron 47 millones en Suiza y la Fiscalía me trata peor que a él, es una auténtica barbaridad", ha sostenido ante su entorno.