- Política El vídeo de la división interna en el PSOE de Extremadura por la candidatura de Gallardo: "Te vas de senador o lo que sea"
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Extremadura tiene dos fechas marcadas en rojo en el calendario para dilucidar su inminente futuro político y judicial. Una es el 21 de diciembre, el día elegido por María Guardiola, con la potestad que le otorga ser presidenta de la Junta, para el adelanto electoral por no haber podido aprobar durante dos años seguidos los Presupuestos. Justo 50 días después, su principal oponente, el candidato socialista Miguel Ángel Gallardo, se sentará en el banquillo de los acusados por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias junto al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón. Ambos son presuntos conseguidor y beneficiario, respectivamente, de una plaza de alto cargo en la Diputación de Badajoz, primero la de Coordinador de las Actividades Musicales de los Conservatorios, posteriormente transformada en director de la Oficina de Artes Escénicas.
La fecha del señalamiento estaba dentro de lo previsto, en el primer trimestre del 2026, según se preveía por la acumulación de otros juicios en la Audiencia Provincial, que recibió este martes todas las diligencias de la jueza de Instrucción del caso, Beatriz Biedma. Y comenzó a tomar decisiones: primero nombrar al ponente, Emilio Francisco Serrano, magistrado del caso Manuela Chavero. Segundo, no admitir una prueba pericial (un informe) de una de las encausadas, Juana Cintas, responsable de Recursos Humanos de la Diputación en la fecha de la contratación. Y, por último, establecer la fecha del juicio oral, del 9 al 14 de febrero, en sesiones de mañana y tarde, por donde desfilarán, además de los testigos, un total de 11 procesados, incluidos el músico, el secretario general de los socialistas extremeños y el amigo de David Sánchez Pérez-Castejón y ex asesor de Presidencia de Moncloa, Luis Carrero. La acusación popular pide tres años de prisión por los delitos continuados de tráfico de influencias y prevaricación para David Sánchez y Gallardo, mientras la Fiscalía y las defensas de los 11 procesados piden la libre absolución.
Se da la curiosa circunstancia, poco probable según la encuesta elaborada por Sigma Dos y publicada por EL MUNDO el pasado lunes, de que Gallardo se podría sentar en el banquillo siendo presidente de la Junta de Extremadura. Este escenario parece muy remoto. Más allá de los números del barómetro de Sigma Dos publicado por EL MUNDO el pasado lunes (que son un fiel reflejo de la sensación en la sociedad extremeña), y que sitúan al PSOE con el peor resultado de la historia (entre 24 y 26 diputados, muy lejos de los 33 que marca la mayoría absoluta que tampoco le daría con Unidas por Extremadura -3 o 4 escaños-), el verdadero problema que tiene Gallardo es una profunda crisis de reputación que ha aflorado dentro de su propio partido.
Lo atestiguó este periódico con la publicación el miércoles de un vídeo del Comité Regional Extraordinario donde se proclamó su candidatura a puerta cerrada, y que hizo temblar los cimientos de su candidatura, aunque sólo venía a constatar la división interna. En el mismo, el ex secretario provincial de Cáceres y presidente de la diputación cacereña, Miguel Ángel Morales, le pedía que diera de un paso atrás y se marchara a otro puesto, "al Senado o dónde quieras", por "el bien del partido" debido a su situación judicial. "Es una minoría", respondió Gallardo a sus críticos.
A todo ello se le suma el deterioro de su imagen no sólo por el proceso judicial en sí, sino por el intento de aforamiento exprés el pasado mes de mayo en su desesperada carrera en 28 horas para conseguir el acta de diputado, obligando a dimitir a una diputada electa y a la renuncia por escrito de otros cuatro compañeros que le precedían en las listas. No sólo Beatriz Biedma sino también el Tribunal Superior de Justicia (TSJEx) dictaminaron dicho movimiento como un "fraude de ley" y la causa se mantuvo en el Juzgado de Instrucción nº3 de Badajoz. La intención de Gallardo era que la magistrada dejara de investigar la causa y que ésta pasara al TSJEx. De esa manera, a día de hoy el líder socialista extremeño no cuenta con la condición de aforado, a pesar de que continúa siendo diputado porque también pasó a formar parte de la Comisión Permanente (16 diputados de todos los grupos) que rige la Asamblea de Extremadura estas semanas a pesar de la disolución de la cámara por el adelanto electoral.
Sin embargo, Gallardo sí gozará del fuero especial del mismo momento que tome su acta en el primer pleno de la próxima legislatura, tras la celebración de las elecciones. Lo será ya a todos los efectos por, ahora sí, haberse celebrado unas elecciones con él como en las listas en los puestos de salida (en la cabeza). Por lo tanto, del candidato socialista depende, en ese intervalo de tiempo hasta la celebración del juicio oral el 9 de febrero, poder incluso retrasar la causa si así lo considera y pedir que no sea la Audiencia Provincial quien juzgue el caso y sí el órgano superior, el TSJEx. "
El fraude de ley que dictaminaron tanto la juez como el Tribunal Superior de Justicia se basaba en que Gallardo no se había presentado a las elecciones en los anteriores comicios como tal [prácticamente lo hizo de manera simbólica en los últimos puestos, el 23 por la provincia de Badajoz]. En plena investigación [y no cuando ganó las primarias en enero por segunda vez], había forzado la situación para entrar en la Asamblea ya acosado judicialmente por los indicios obtenidos por la juez Biedma. "Ahora es completamente distinto", apuntan dichas fuentes. Al convocarse elecciones, y siendo encima cabeza de cartel, es seguro que va a salir elegido como diputado, gane o no las elecciones, "por lo que estaría legitimado para pedir la recusación de los jueces de la Audiencia, aunque otra cuestión es que eso le interese desde el punto de vista de su imagen pública porque ya incluso se ha marcado la fecha del juicio, pero lo podría hacer legalmente y dilatar el proceso".
Lo único que hubiera impedido su aforamiento es que la Audiencia hubiera señalado la fecha del juicio antes de que María Guardiola hubiera apretado el botón del adelanto electoral. La presidenta extremeña lo hizo el 27 de octubre, previamente a que ayer -7 de noviembre- se pronunciara la Audiencia.
Muchas voces internas en el PSOE consideran que precisamente Ferraz ha mantenido a Gallardo como candidato en Extremadura con mínimas opciones de triunfo, porque su futuro judicial va unido al del hermano del presidente del Gobierno y descabalgarlo ahora sería "una prueba de debilidad, también desde el punto de vista judicial para la defensa del hermano del presidente". También lo cree la presidenta extremeña, María Guardiola quien considera que la candidatura de Gallardo es una "imposición de Ferraz" porque su futuro judicial está "ligado" al de David Sánchez y "entenderán que es mejor no tener lío con Gallardo", señaló en una entrevista a Espejo Público de Antena 3.
El portavoz de la candidatura de Gallardo, Antonio Rodríguez Osuna (alcalde de Mérida), lo analiza justo al contrario: Hay una "enorme satisfacción" en el partido porque el juicio se celebre tan pronto: "Primero, porque estamos plenamente convencidos de la inocencia de nuestro candidato y, segundo, porque este calendario judicial confirma lo que siempre defendimos, que el adelanto electoral solo tuvo un propósito político, evitar que la declaración de inocencia de Gallardo dañara las posibilidades electorales del PP", señaló en un comunicado, donde añadió: "Se ha descubierto la trampa; ese adelanto electoral no respondía a los intereses de los extremeños, sino al intento de manipular el calendario judicial para obtener ventaja política", aseguró Osuna.