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La defensa de David Sánchez Pérez-Castejón ha presentado un escrito al Juzgado de Instrucción nº3 de Badajoz, que ha investigado la causa del hermanísimo, para intentar que los 8.217 correos incautados por la UCO de la Guardia Civil en los registros que realizó en la sede de la Diputación durante el proceso de investigación de la causa queden anulados en el momento que se celebre el juicio oral, aún sin fecha fijada.
Del total de dichos mensajes interceptados a los procesados procesados en la causa, 4.494 correos proceden de la cuenta corporativa del hermano del presidente del Gobierno cuando trabajaba en Diputación, primero como coordinador de las actividades musicales de los conservatorios, desde 2017 a 2021, y posteriormente, al año siguiente, como Jefe de la Oficina de Artes Escénicas, hasta que dimitió de su cargo en febrero de este año (se hizo efectiva tres meses después) en plena investigación de la juez Beatriz Biedma.
Entre esos correos se encuentran los que se intercambiaba con el entonces asesor de Presidencia en Moncloa, Luis Carrero, ("que le llamaba querido hermanito en ellos") y que terminó trabajando en la institución pacense, a las órdenes del propio músico, dando por hecho además en los correos interceptados su incorporación a la Diputación de Badajoz, y donde se verifica que ya trabajaba para él desde Moncloa.
En el recurso de reforma presentado en julio de 2024 contra la orden de incautación de los correos, Emilio Cortés exponía que la interceptación de los correos "lesionaba a el secreto de las comunicaciones de los investigados". Ni la jueza ni la Audiencia Provincial aceptaron su recurso y dichos mensajes han sido parte de la causa hasta el momento.
El abogado Emilio Cortés considera -como lo hizo durante el proceso de instrucción, aunque sin éxito- que la autorización judicial que ordenó las incautaciones por parte de la magistrada "lesiona los derechos fundamentales de los investigados", como asegura que expondrá "al comienzo de las sesiones del juicio oral con base a lo previsto en los artículos 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 11.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial". Lo mismo intento también la Diputación de Badajoz, que acusó a la juez de realizar "una investigación prospectiva" mediante diligencias "desproporcionadas" que vulneran la presunción de inocencia. Los correos también afectaban al entonces presidente de la Diputación y actual secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo (casi 1.200 correos interceptados de él).
La UCO tuvo muchas dificultades para incautarse de los correos del candidato socialista a las elecciones en Extremadura del próximo 21 de diciembre porque su cuenta corporativa en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, donde era alcalde cuando David Sánchez fue contratado, estaba en desuso y no se podía recuperar tras cambiar el consistorio de empresa de mantenimiento de sus equipos informáticos.
TESTIGOS
En su escrito presentado en el juzgado pacense, el abogado del hermano del presidente del Gobierno sigue destacando que su cliente es inocente en la causa porque considera que no se ha acreditado "ni siquiera indiciariamente" su "influencia con sesgo delictivo de clase alguna en su creación (el puesto de trabajo) o adjudicación y, menos, imputable a la persona de nuestro defendido", por lo que considera que "los hechos no son, en consecuencia, constitutivos de delito alguno", negando "el relato de las acusaciones populares".
En cualquier caso, propone para las sesiones de juicio oral (aún sin fecha establecida) a 13 testigos, que ya comparecieron en la fase de instrucción. Entre ellos se encuentra uno de los aspirantes a la plaza de coordinador de actividades musicales, Nersés Avankimyan, el que fuera coordinador regional de Podemos en Extremadura y que fue el primero que de forma pública denunció los hechos, Álvaro Jaén, o los directos de los conservatorios en aquella época, (Yolanda Sánchez y Evaristo Valentí) así como, entre otros, el jefe de Recursos Humanos, José Ramón Suárez.