La rehabilitación política de Carles Puigdemont se está convirtiendo en uno de los episodios más asombrosos, y más reveladores, de la etapa sanchista. Tras las elecciones de 2023, el hecho de que Sánchez aceptara negociar su investidura con el prófugo -lo que ya suponía un paso fundamental en su proceso de normalización- fue opacado rápidamente por las cesiones adicionales que asumió el Gobierno. Es cierto, además, que el PP había ayudado a naturalizar la idea de que Puigdemont era un interlocutor válido al emitir señales contradictorias sobre su disposición a hablar con Junts. Lo fundamental, sin embargo, ha sido el contraste con lo que vino después. La polémica provocada por la amnistía relegó a un segundo plano los reparos ante la posibilidad de que Puigdemont fuera tratado como cualquier otro actor político.
Esa sombra de la amnistía planea sobre cualquier polémica acerca del álbum de fotos del ex presidente autonómico: ese que arranca con instantáneas junto a Cerdán y Yolanda Díaz, que continúa ahora con la foto junto a Salvador Illa, y que culminará algún día con un selfie junto al presidente de una democracia que en tiempos muy lejanos llegó a sentir algo de respeto por sí misma. Una parte considerable de la ciudadanía entiende que hay algo vergonzoso en esas imágenes -de ahí que hayan tardado tanto en producirse-; y también comprende que en ellas no hay tanto un reconocimiento desinteresado como un acto de sumisión. Pero ¿es peor todo esto que la impunidad aprobada por el Congreso y ratificada por el Constitucional? Desde luego que no. Y así, como en tantas ocasiones en la etapa sanchista, la opinión pública se ve aturdida por la saturación de escándalos y la política de hechos consumados.
Sin embargo, no está de más recordar que Puigdemont no ha hecho nada que justifique su rehabilitación política. Nada, al menos, que esté relacionado con todo aquello que le llevó a necesitar dicha rehabilitación. Puigdemont no vive en Waterloo por haberse negado en su momento a apoyar a los socialistas, sino por haber sido uno de los artífices de un grave desafío al orden constitucional. El líder separatista nunca ha pedido perdón por haber arrastrado tanto a su región como al resto del país a una de las crisis más serias de las últimas décadas, ni ha querido resolver sus problemas judiciales de la única forma que resulta aceptable en un Estado de Derecho: poniéndose a disposición de la justicia. Al contrario: ha seguido reivindicando que todo lo que hizo, fuga incluida, era correcto y legítimo, y que quienes deben arrepentirse no son quienes desafiaron la Constitución, sino quienes se encargaron de defenderla.
Puigdemont, en definitiva, no se ha movido desde 2017. Quien se ha movido desde entonces es el Gobierno, y lo ha hecho por motivos tan cínicos como injustificables. Hay varias razones que podrían justificar medidas simbólicas excepcionales como la foto de Illa y Puigdemont, pero la voluntad de un partido de seguir en el poder no es una de ellas. No nos encontramos ante un hito en la recuperación de nuestro sistema de la profunda crisis de 2017, sino ante una nueva muestra de cuánto se ha degradado la democracia española desde entonces.