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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que establece la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores de edad no acompañados que deben tener las comunidades y ciudades autónomas según su población. En la práctica, esta regulación implica que ni Cataluña ni el País Vasco estarían obligadas a acoger actualmente a más niños ni jóvenes extranjeros por el esfuerzo que han realizado al respecto hasta la fecha.
El criterio que ha fijado el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar es que cada región debe cumplir un ratio de 32 menores por cada 100.000 habitantes. Las que tengan una ocupación que triplique su capacidad ordinaria de acogida, como es el caso en estos momentos de Canarias y Ceuta, deben pedir la situación de contingencia migratoria, para que las personas que permanecen en sus territorios sean trasladadas a otros.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha indicado que, a partir de este momento, "está todo dispuesto para que comiencen los traslados de acuerdo con el protocolo establecido". Asimismo, se ha referido trámite que ha recibido luz verde este martes como "un punto de inflexión en el desarrollo del proceso de acogida vinculante, digna y solidaria de la infancia migrante no acompañada que llega a nuestro país".
En el Real Decreto que se publica mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no se especifica cómo será el reparto de alrededor de 3.000 menores por comunidades. Según el cálculo realizado por el Gobierno en julio, las regiones que más jóvenes tendrán que acoger serán Andalucía (677), Madrid, (647) y Comunidad Valenciana (571).
Les seguían en la lista Castilla-La Mancha, con 320; Galicia, con 317; Aragón, con 251; La Rioja, con 205; Castilla y León, con 197; Extremadura, con 159; Cantabria, con 156; Asturias, con 144; Región de Murcia, con 133; Navarra, con 118 e Islas Baleares con 49, informa Efe.
Diez comunidades autónomas gobernadas por el PP y una del PSOE, Castilla-La Mancha han recurrido este mecanismo de traslados forzosos ante el Tribunal Constitucional. Madrid, por su parte, ha acudido al Tribunal Supremo y lo mismo ha anunciado Baleares, que además pedirá suspender cautelarmente el reparto.
El Gobierno logró desbloquear la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que obliga a que las comunidades tengan que acoger obligatoriamente a los menores después de meses de negociaciones bilaterales con Junts. El partido de Carles Puigdemont vendió ese acuerdo como una victoria política subrayando que a Cataluña llegarían en torno a 20 o 30 niños y jóvenes mientras que Madrid tendría que hacerse cargo de alrededor de 700.
Varias comunidades con presidentes del PP han vuelto a a cuestionar el criterio del Ejecutivo para calcular la capacidad de acogida de menores. "¿Por qué esta formula y no otra? ¿En base a qué? ¿Tiene base científica o reconocida dentro de Europa? No lo sabemos", señalan en Govern Balear, donde reiteran su queja por "la falta de información en todos los procesos que lleva a cabo en este ámbito el Estado desde todos los ministerios competentes".
Por su parte, en Aragón han censurado "la arbitrariedad del reparto"; en Castilla y León recalcan que "invade competencias y es una imposición"; y en Murcia acusan al Gobierno central de utilizar a las autonomías como "comodín para resolver los problemas de su fracasada política migratoria", informa Europa Press.
Capacidad por regiones
Según la fórmula aprobada este martes, Andalucía, con 2.827 plazas; Cataluña, con 2.650; y Madrid, con 2.325, son las autonomías con mayor capacidad ordinaria, por delante de la Comunidad Valenciana (1.767); Galicia (886), Castilla y León (783), Canarias (737) y País Vasco (731).
A continuación, Castilla-La Mancha (692); Murcia (517); Aragón (441); Baleares (406); Extremadura (344); Asturias (331); Navarra (223); Cantabria (194); y La Rioja (107), además de Melilla y Ceuta, con 28 y 27 plazas, respectivamente.