Un montículo de excrementos acumulados recibe a los visitantes del cementerio musulmán de Griñón junto a la entrada. Hay ramas podridas y escombros a espuertas. El resto del lugar guarda más parecido con una estepa miasmática. Allí yacen el padre y la abuela de Maysoun; también los familiares de musulmanes de toda España: sólo hay 35 cementerios habilitados para atender y enterrar según sus creencias a las más de dos millones de personas que profesan esta religión. A aquel que no tiene uno cerca, le toca moverse por el país en busca de un hueco.
"Tener que enterrar a un ser querido lejos de donde vives añade más dolor a la pérdida", explica Maysoun. Nada nuevo, pero ella no protesta en demasía. En Galicia, Cantabria, Extremadura y Castilla-La Mancha ni siquiera existen almacabras -cementerios para musulmanes- para que los sarracenos practiquen sus ritos funerarios. Y Madrid... "va en camino", señala, porque "hace tiempo que Griñón ya no admite más sepulturas".
La incineración es inviable: el rito musulmán la prohíbe. El cuerpo debe yacer en tierra, mirando a la Meca y una vez enterrado, no se debe tocar. Estos requisitos impiden que los musulmanes entierren a sus difuntos en cualquier cementerio. Y por eso unos cuantos se juntaron bajo la batuta de Maysoun para fundar la asociación Entierro Digno bajo la denuncia de "no tenemos donde caernos muertos". "Queremos que este tema vuelva a estar en el centro del debate público, o al menos a nivel de la comunidad musulmana, y que podamos acompañar a todas estas personas en medio de un proceso doloroso rodeado de incertidumbre y confusión", dice Maysoun.
Entierro Digno se cimenta sobre la Constitución española, que contempla "la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público", así como las "relaciones de cooperación" que han de mantener las Administraciones "con la Iglesia Católica y las demás confesiones". Aún así, protesta Maysoun, muchos musulmanes desisten en su búsqueda de un espacio en su localidad porque desconocen que "es su derecho".
Y es que no mucha gente dedica tiempo a planear lo que viene después de una muerte. Eso dice Carmen, una española que se casó con un jordano. Su marido murió en 2012, calculamos; le cuesta acordarse de la fecha con exactitud: "Él no era muy religioso y, de hecho, no se quería preocupar por su muerte ni pensar en los detalles posteriores". De eso se tendría que encargar ella después. Sin conocer el Islam ni sus ritos. "Me tuvo que guiar un conocido: el proceso fue un poco caótico, pero no me pareció anormal porque yo no sabía nada". Carmen lo enterró en la necrópolis de Griñón -tarda cerca de dos horas en transporte público para llegar allí desde Madrid-. "Pero ahora el caos es todavía mayor porque allí ya no hay sitio. La solución pasa por repatriar el cuerpo", explica Carmen.
Esta alternativa cuesta, como poco, 3.500 euros. Sobre esa gestión orbita el planteamiento vital de los musulmanes en España. Pero el precio mínimo es, muchas veces, la excepción: "Hay muchas variables. El kilometraje se paga, el transporte en fines de semana también es un dinero extra, el precio de las sepulturas, por lo general, oscila entre los mil euros... Ah, y los billetes de avión para la familia. La repatriación del difunto a Marruecos suele tardar cuatro días, pero si tiene que ser a Pakistán... puede tardar una semana. O incluso más". Todo esto lo cuenta Abdelhak Laari, un trabajador en el departamento islámico de la funeraria Albia.
El 55% de los musulmanes que residen en España son extranjeros y cerca de 900.000 provienen de Marruecos, de ahí que el destino de la mayoría de repatriaciones sea el reino alauí. "Si nos contacta una familia que no tiene el presupuesto necesario, de vez en cuando la comunidad musulmana hace colectas en la mezquita y juntamos el dinero", dice Laari. "No se trata de costumbres ni tradiciones. El Islam es una religión y no poder responder a este tipo de necesidades es doloroso".
Tras el atasco en las conversaciones con las autoridades tanto a nivel municipal como provincial, se debatió en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley cuya resolución instaba al Gobierno de la comunidad a actualizar la normativa mortuoria. "Tenemos compromiso de comparecencia de la directora de Sanidad para dar detalles del avance de la norma", explica Maysoun. Un "avance" en comparación con las acciones que hasta ahora habían emprendido para acondicionar un espacio en el cementerio de Carabanchel. "Preparamos una batería de acciones cuando el Ayuntamiento sacó un procedimiento para modificar el reglamento de gestión de los cementerios municipales. En Madrid, ninguno de los 25 que hay está adaptado a las prácticas funerarias musulmanas. Pedimos que se retire la tramitación actual del reglamento y que se reformule porque no tiene en cuenta buena parte de nuestras reivindicaciones".
Entretanto, Laari gestiona las situaciones de las familias que acuden a su funeraria. "Igual tengo que llevarles hasta Valencia o Burgos, donde hay más espacio, pero imagina a esa gente que vive en Madrid, en Toledo o en Valladolid... Además el coste económico de ese tipo de entierros es elevado. Nosotros intentamos ser comprensibles con las familias más vulnerables, pero para que te hagas una idea: el precio para enterrar a una persona en Valencia durante cinco años tiene muchas variables. Partimos de los 1.000 euros, pero también hay que pagar el kilometraje, un añadido si es fin de semana...", detalla.
"Si se agota el tiempo, o bien se vuelve a pagar el cementerio o se traslada el cuerpo a una fosa común", deja caer el funerario. A Carmen se le cae el alma a los pies si se para a pensar en la idea de su marido o cualquier otro familiar en una fosa común. A Maysoun le inquieta no saber en qué devendrá la situación de su pueblo. Pero Abdelhak, gajes del oficio, sabe que la realidad siempre es algo más amarga de lo que nos gustaría: "La perpetuidad siempre tiene un precio".