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El acuerdo alcanzado por el Gobierno con sus socios para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana ha provocado un potente malestar en el seno de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Uno de sus sindicatos más representativos, la Jupol, CEP y Jucil, ha emitido ya una nota en la que exige la salida inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
"El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no puede continuar ni un minuto más al frente de ese departamento tras el anuncio del acuerdo que el PSOE, Sumar y los herederos políticos del terrorismo han alcanzado para eliminar de la actividad policial el uso de las pelotas de goma", apunta el sindicato en un comunicado.
Agustín Leal, secretario de comunicación de Jucil, ha sido tajante al respecto: "La nueva ley que se apruebe debería llamarse 'Ley de Odio a la Policía y Guardia Civil'. Lo que el Gobierno está haciendo es desproteger a quienes día a día arriesgan sus vidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Esta reforma no responde a una demanda social, sino a un interés político por parte del PSOE de obtener el respaldo de Bildu para sacar adelante los presupuestos".
"Esta reforma debilita la autoridad de los agentes y los convierte en objetivos aún más vulnerables de odio y violencia. Estamos ante una ley que, de aprobarse, estará diseñada para complacer a un partido que históricamente ha apoyado la violencia contra las fuerzas de seguridad".
Desde JUPOL, han mostrado su profundo malestar por reavivar "una reforma que se está llevando a cabo sin tener en cuenta la opinión de los profesionales de la seguridad ciudadana, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los juristas. Una reforma que tenemos claro que hará de España un país más inseguro".
"Los policías nacionales, así como el resto de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tendrán más difícil, y en ocasiones casi imposible, llevar a cabo su labor, y quienes sufrirán las consecuencias serán los ciudadanos, que se verán perjudicados, ya que la voluntad de unos pocos será suficiente para recortar sus derechos y libertades", resalta el sindicato. JUPOL asegura que esta reforma "sólo beneficia a los manifestantes violentos y a los delincuentes y ata de pies y manos a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".
A juicio de la Confederación Española de Policía, supone "el mayor ataque a la operatividad que han sufrido los profesionales de la seguridad pública en toda la democracia". El pacto alcanzado "es tan grave que constituye un evidente intento de desmantelar el modelo de orden público español y situarlo en un punto de no retorno para que los comportamientos violentos en la calle puedan abrirse paso en medio de la más escandalosa impunidad".
Los policías entienden que quienes alteran la paz y la convivencia "están hoy, sin duda, celebrando un acuerdo que traspasa todas las líneas rojas y que impide al ministro seguir siendo el máximo responsable político de un colectivo, el de los policías nacionales, frente al que ha perdido toda legitimidad al recortar la protección jurídica de la que disponen en su actividad".
Leal insiste lanza una advertencia que, a su juicio, no debe perderse de vista: "Convertir las infracciones por desobediencia y resistencia a la autoridad en faltas leves y eliminar las pelotas de goma en situaciones de alteración del orden público es desarmar a los guardias civiles y policías. Este tipo de medidas ponen en riesgo la integridad de los agentes y también debilitan la seguridad pública, dejando expuestos a los ciudadanos en momentos críticos".
"Policías más expuestos frente a los violentos es el vergonzoso balance que este Gobierno va a poder exhibir frente a quienes llevan años tratando de podar una norma, la mal llamada Ley Mordaza, para que la violencia y el incivismo salgan gratis; para que los policías dejemos de proteger los derechos de todos y nos convirtamos en meros espectadores, impotentes frente a quienes pretenden imponer un modelo de convivencia basado en la impunidad de unos pocos y en la desprotección de unos muchos, la mayoría social, que sólo desea vivir y trabajar en convivencia pacífica. La retirada progresiva de las pelotas de goma del modelo de orden público español es una nueva muestra de que no hay líneas rojas para este Gobierno y que quien se llena la boca con los resultados", finaliza el comunicado.