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La guerra desatada entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico de Canarias se larvó el sábado durante un tenso incidente en la isla de El Hierro. En un contexto ya saturado, la situación se volvió crítica cuando representantes de Quorum Social 77, la ONG encargada de acoger a los menores y trasladarlos desde el puerto de La Restinga hasta el centro de Valverde, informaron a la Policía Nacional de que no podían hacerse cargo de 14 menores recién llegados en un cayuco debido a la falta de espacio físico para albergarlos. Esta negativa llevó a los agentes de Extranjería a elevar una denuncia a la Fiscalía de Tenerife, que posteriormente ordenó abrir diligencias contra la ONG.
Según publicó el digital herreño La Gaceta del Meridiano y han confirmado fuentes bien informadas, debido a la saturación de los recursos de la ONG en la isla y su negativa a atender nuevos casos, varios menores migrantes no acompañados fueron temporalmente alojados en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en San Andrés, Valverde. Este centro, destinado exclusivamente a adultos fue tomado como una solución provisional ante la falta de espacio en otros lugares. Posteriormente, estos menores han sido clasificados como "mayores" y derivados a otros centros fuera de la isla. Según las mismas fuentes, durante el fin de semana, un gran número de menores fueron registrados como mayores de edad tras su llegada a la isla, considerándose como menores únicamente a aquellos que portaban pasaporte.
La ONG Quórum Social 77 gestiona dos centros de atención en El Hierro: uno en la antigua residencia de estudiantes en Valverde, con capacidad para 150 menores, y otro en la antigua guardería infantil de La Frontera, en el Valle de El Golfo, con capacidad para 12 menores. Fuentes de los servicios de emergencia y atención a inmigrantes indican que estos centros podrían haber acogido a más de 250 menores durante la última semana
En respuesta al incidente, Canarias ha decretado que a partir de ahora las ONG no acojan a ningún menor migrante antes de que se hayan completado los trámites de recepción y filiación por parte de la Policía.
En declaraciones exclusivas a EL MUNDO, el presidente canario Fernando Clavijo subrayó que "en ningún caso se ha hablado de desatender a los menores no acompañados que llegan a las islas" porque estos jóvenes "desde que son rescatados, están bajo la guardia del Estado".
"Lo único que busca esta medida es ordenar y garantizar la atención a los menores en una situación que ha traspasado la emergencia que decretamos hace un año y que el Estado cumpla, que hasta ahora no lo está haciendo, con el protocolo de 2014 en la entrega de estos niños y niñas. No podemos normalizar que se sigan entregando niños a las entidades sociales como si fueran objetos", abundó.
Clavijo incide en que corresponde al Estado decidir a qué puerto lleva a los migrantes una vez que los rescata en el mar. "Es el Estado el que decide tras cada rescate a qué puerto se dirige posteriormente, en este caso, está siendo a Canarias, pero podría ser a cualquier puerto del Sur de la Península o a Ceuta o Melilla".
Actualmente, hay cerca de 6.000 menores bajo la tutela de la comunidad autónoma en unos 80 centros distribuidos por todas las islas. Hasta el 31 de agosto, han llegado 25.500 personas a Canarias, un 123% más que el año pasado en esta ruta.
La medida de no acoger a ningún menor sin la autorización del Gobierno de Canarias obligará a mantener a los menores que lleguen en cayucos custodiados por la Policía Nacional en las comisarías o en los recursos de emergencia habilitados en los puertos. Esta decisión, uno de los escenarios que llamaba a evitar el propio Clavijo en una reciente entrevista con este periódico, evidencia las complicaciones de una crisis que podría empeorar en los próximos meses por el estado del mar.