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Llevaba en el atril 68 de los 70 minutos que estuvo ante los periodistas en su despedida prevacacional. En una división, casi perfecta, había dedicado los primeros 36 minutos a un monólogo de balance de su acción de gobierno. Pero justo antes del final, agotado ya el turno de los medios (34 minutos) y sin posibilidad, por tanto, de que los periodistas pidiesen aclaraciones, Pedro Sánchez remató con la frase que tenía subrayada. De hecho, se preguntó y se respondió: "¿Estamos dando un paso en la federalización de nuestro Estado autonómico? Yo creo que eso es incuestionable y es una muy buena noticia para el sistema político español". Luego deseo felices vacaciones, con una advertencia: "Descansen, porque imagino que septiembre vendrá intenso como ha sido el mes de julio".
Con ese colofón justificó el presidente el pacto que dos días antes, el 29 de julio, habían firmado el PSC con ERC para que Salvador Illa se asegurase la presidencia de la Generalitat. Ese acuerdo tenía en llamas al partido. Minutos antes de la comparecencia de Sánchez, Emiliano García-Page había lanzado desde Toledo su "hasta aquí". No era la única crisis en esas fechas: la Abogacía, es decir, el Gobierno, se acababa de querellar contra el juez que investiga a Begoña Gómez, la mujer de Sánchez, y que había acudido a Moncloa a interrogar al presidente. Sobre esas dos cuestiones regateó el líder del PSOE durante 70 minutos. Pero dejó dicho lo que quería decir, sin que haya habido ocasión de repreguntarle: ¿Si se avanza hacia una España federal, impulsará la reforma constitucional que siempre prometió?
Esa condición establecieron Sánchez y el PSOE reiteradamente. Ahora, ese objetivo se persigue por la vía de los hechos consumados. Si el Gobierno sufre para aprobar cualquier decreto en el Congreso, cómo va a pensar en retoques a la Carta Magna que requieren una mayoría superior.
El PSOE lleva más de una década en el discurso del federalismo como alivio al secesionismo. Era septiembre de 2012 cuando Artur Mas, entonces president de la Generalitat, acudió La Moncloa para pedir a Mariano Rajoy un pacto fiscal para Cataluña. Con el 'no' del Gobierno español en la mano, Mas adelantó las elecciones autonómicas y dio inició al procés.
En aquellos días, varios líderes socialistas se posicionaron a favor de reformar la Constitución para transformar el modelo autonómico en uno federal. Felipe González aseguró que "la mejor estructura de Estado" es el "federalismo" e instó a avanzar hacia ese modelo "respetando las reglas del juego", mientras Alfredo Pérez Rubalcaba se sumó con un añadido: "Si no encaja en la Constitución, habrá que cambiarla, porque no es inmutable".
En el ocaso de este julio, PSC y ERC cerraron un acuerdo para la investidura de Salvador Illa en el que se recoge "un sistema de financiación singular [para Cataluña] que avance hacia la plena soberanía fiscal". Precisamente aquello que en su día Rajoy negó a Mas. Y, de nuevo, los socialistas han resucitado el debate sobre un Estado federal.
El PSOE ha recurrido a esa cuestión como un comodín para el independentismo y, a la vez, evitar que esa cesión deteriore su posición en el resto del país. El 6 de julio 2013, meses después de la reelección de Artur Mas, el PSOE, en presencia del PSC, adoptó la Declaración de Granada: "Un nuevo pacto territorial para una sociedad plural". En ella defendían que España debía "avanzar hacia el federalismo" como respuesta equilibrada entre la "tentación centralista" -que atribuían al Ejecutivo de Rajoy- y la "tentación secesionista". El encabezamiento del documento acotaba: "Propuesta socialista de reforma constitucional".
Dos años después, en vísperas de unas elecciones generales y tras la victoria en las catalanas de Junts pel Sí -coalición de ERC y Convergència-, fue el propio Pedro Sánchez, entonces candidato socialista, quien abogó por una "España federal en la que se reconozca la pluralidad y diversidad de los distintos territorios". Lo repitió en el debate para su investidura, en el que se abrió incluso a negociar con el PP una "reforma constitucional" que incluiría "la revisión del Título VIII para desarrollar el Estado de Estructura Federal". No convenció ni a vascos ni a catalanes ni a Podemos y su candidatura, aliado con Ciudadanos, fracasó.
El último precedente de la apuesta socialista por el federalismo se encuentra, precisamente, en las fechas previas al referéndum del 1-O. PSOE y PSC firmaron el 14 de julio la Declaración de Barcelona, bajo el título: "Por el catalanismo y la España federal", cuyo objetivo era "realizar una oferta política para que, en beneficio de todos los catalanes y catalanas, el choque de trenes del próximo 1 de octubre no se produzca". En el punto 4 de la propuesta política, certificaban: "Como formulamos en julio de 2013 en la Declaración de Granada, estamos convencidos que la solución definitiva al actual desencuentro pasará por una reforma constitucional que haga de España un Estado federal". Ahí, incorporaron un término que Illa aireó en su primer discurso como president: "En ese camino (al Estado federal), es necesario avanzar hasta reconocer plenamente su carácter plurinacional".
El federalismo no figuraba inicialmente en el programa del PSOE para las elecciones de noviembre de 2019. Ante las presiones del PSC, Sánchez excusó que lo conocido era "un borrador" y que "por supuesto" estaría en el programa definitivo, como ocurrió. Sin embargo, ya sí, desapareció de su hoja de ruta para los comicios del pasado verano.
La "federalización" del Estado hacia la que, según manifestó Sánchez, se está avanzando gracias al acuerdo entre ERC y el PSC, resurge ahora, sin aquellas apelaciones a la reforma constitucional. "Los cambios que necesita el Estado de las Autonomías no pueden solventarse mediante simples modificaciones legales: si queremos hacerlo de verdad, es obligatorio abrir el camino de la reforma constitucional", rezaba la Declaración de Granada, para añadir que dicha remodelación requeriría "un nivel de consenso tan amplio como el de 1978". Sánchez también era de esa opinión, pues una modificación de la Carta Magna, defendía, era "la mejor manera de articular la unidad de España" en el camino a un "modelo federal". Corría 2015. Hoy como presidente y como cesión a ERC en beneficio de Illa no ha requerido el "amplio consenso" ni "reforma constitucional" alguna. Con un añadido: el planteamiento ahora, establecido desde la bilateralidad Estado-Cataluña y entre apelaciones a la "plurinacionalidad", corresponderían a un modelo más que federal, confederal.