«Si el maquinista es el único culpable, habremos retrocedido 20 años en materia ferroviaria». Christopher Carr, ex jefe de seguridad de la Agencia Ferroviaria Europea, lo tenía claro: «No se puede dejar un riesgo catastrófico en manos del maquinista, porque puede cometer fallos». Y, atiendan, atiendan: no se había dejado. El proyecto inicial de la Alta Velocidad Ourense-Santiago de Compostela incluía el ERTMS en su tramo final. ¿Que qué es eso? Desde el miércoles 24 de julio de 2013, cualquier gallego lo sabe: un sistema de frenado automático que desapareció de la entrada a la estación de Santiago. El resto de la historia sí la conocen: son tumbas. También para los que lloramos cuando comprobamos que estábamos todos sin darnos cuenta de que ya nunca estaríamos todos.
Sin el ERTMS, las obras se acabaron entre cinco y seis meses antes de lo previsto. Hay quien señala como culpable al entonces ministro de Fomento, José Blanco, porque esa modificación de seguridad le permitió cortar la cinta de inauguración en 2011. Fue su último acto en el Gobierno; el PSOE ya había perdido las elecciones. La lectura me parece aterradora. Me gusta más la manera de verlo de Jesús Domínguez, presidente de la Plataforma de Víctimas -y víctima-. Un día se encontró a Blanco y pudo decirle: «Usted no es el responsable de un homicidio imprudente, pero desde su Ministerio y con su nombre se vendió una línea y un tren con unas características que no son verdad. A lo mejor a usted lo han engañado los presidentes de Renfe o Adif, pero lo que usted publicitó era falso». Adif, responsable de la seguridad de la vía, dio su ok al cambio de seguridad. Renfe, operadora, aceptó que sus trenes podrían usarla sin fallos. Y a Fomento, promotor, le pareció estupendo. Miembros de estos organismos públicos conformaron una comisión de investigación que dictaminó que la negligencia del conductor del Alvia 04155 había sido la única causa del accidente. Podía ser peor, podían haber dicho que había caído un rayo y que vaya fatalidad. Las víctimas, puñeteros héroes y heroínas caídas, se enfrentaron. Y la valentía siempre tiene un coste: después del calor político les mandaban a los antidisturbios. Europa, con Carr al frente, les dio la razón. Y a Ana Pastor, ya ministra de Fomento, le pareció que el informe comunitario generaba «indefensión» a España.
Indefensión a España. En fin.
La primera sentencia del caso Alvia no va a reparar una década de insultos, investigaciones cerradas en falso ni una voluntad pública ocultadora. Pero las víctimas están emocionadas: no estaban locas. Además del factor humano, existían responsabilidades en el ámbito de la seguridad ferroviaria. Y esa verdad, inexorable, se les había hurtado hasta hoy. Todavía ni he escuchado un perdón sincero.