El bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha llegado a su fin con cinco años y medio de retraso. Desde que todo estalló con la filtración de un mensaje interno del PP, el calendario electoral, el enconamiento político y la indecisión para resolver un conflicto que iba agravándose con nuevos elementos ha impedido, hasta ahora, el acuerdo.
Pacto, como siempre
El 4 de diciembre de 2018 vencía el mandato del actual CGPJ. Como siempre, el PSOE y el PP habían negociado su renovación y el 12 de noviembre de ese año hicieron público el acuerdo: 11 vocales a elección del PSOE y sus afines y otros ocho, del PP. Incluso se anunció que el presidente -al que en teoría eligen los vocales- sería Manuel Marchena. Unos días después el acuerdo estaba roto. El motivo fue que el 19 de noviembre El Español divulgó un mensaje interno del portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, que reflejaba la enorme politización del pacto. «Y además controlando la Sala Segunda desde detrás», era una de las frases que incluía y que levantó la indignación pública.
Órdago del PP
Marchena anunció que no aceptaría el puesto y el bochorno llevó al entonces líder del PP, Pablo Casado, a tomar dos medidas: renunciar al acuerdo y exigir que en adelante a una parte de los vocales del Consejo los eligieran directamente los jueces. Actualmente, todos deben ser votados en última instancia por una mayoría cualificada de las Cortes.
La exigencia del PP era irreconciliable con la postura del PSOE, que siempre ha defendido la intervención de las Cortes en la elección de los vocales, incluso los de procedencia judicial. El acuerdo en esos términos era inviable. Hubo algunas oscilaciones en la posición del PP, como el grado del compromiso con una reforma que aceptaría para emprender la renovación inminente. Pero las posturas nunca se acercaron lo suficiente y la secuencia de procesos electorales impidieron que se anunciara un acuerdo.
El Gobierno, a las bravas
Si no era posible alcanzar la mayoría cualificada para renovar el CGPJ, pues se quitaba la mayoría cualificada necesaria para la renovación. Eso es lo que pensó y puso en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez en octubre de 2020. El paso que suponía hacia una aún mayor politización del Poder Judicial, que ya no requeriría consensos, hizo saltar las alarmas en la UE. La Comisión Europea tomó cartas en el asunto y presionó hasta que el Gobierno se retractó de sus planes.
Un Consejo maniatado
Sí salió adelante otra reforma en marzo de 2021, la que establecía que un Consejo con el mandato vencido no podría hacer los nombramientos de la cúpula judicial que le corresponden. Se buscaba presionar a la renovación, pero la medida sólo trajo problemas. En particular para el Tribunal Supremo, que no podía reponer las bajas. Al mismo tiempo, el problema del Consejo acabó arrollando la renovación del Tribunal Constitucional. El Gobierno no había previsto que al bloquear los nombramientos del CGPJ impedía así mismo lograr la renovación del TC para situar allí una mayoría favorable. Tuvo que reformar la reforma, lo que volvió a tensar la situación.
La novedad de Feijóo
Cayó Pablo Casado y el cambio en la cúpula del PP supuso una esperanza de acuerdo. Pero pasaban los meses de la llegada de Alberto Núñez Feijóo y la situación seguía enquistada. En una solemne comparecencia, la nueva dirección anunció su postura: renunciaba a exigir que a algunos vocales los eligieran los jueces, pero imponía nuevas exigencias que cerraban la puerta que con ello se abría. El Ejecutivo no lo aceptó y el bloqueo se confirmó. Otras actuaciones del Ejecutivo como la eliminación del delito de sedición -y antes los indultos- dificultaron el terreno para el acuerdo.
Lesmes dimite
En octubre de 2022, el presidente del CGPJ certifica la situación "inaceptable" de bloqueo y decide renunciar para forzar los acontecimientos. Para entonces ya llevaba cuatro discursos de apertura del años judicial con el mandato caducado. Un mes antes de la dimisión, la visita-advertencia del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ya había puesto presión sobre PP y PSOE. Pero no la suficiente.
Europa y fin del ciclo electoral
La situación se hizo tan insostenible que se formalizó la petición de mediación de la Unión Europea para dar un impulso al acuerdo y, de paso, una pátina de legitimidad a lo que se anunciara. Y ni aun así. En realidad, el acuerdo estaba hecho solo a falta de la decisión política de anunciarlo. Eso parecía imposible en un ciclo electoral que encadenó comicios locales, autonómicos, generales y europeos. Finalmente, una situación insostenible, la coartada europea, alguna cesión y un panorama electoral despejado se han alineado para hacer posible el acuerdo.